El joven Álvaro Ussía murió el domingo 16 de noviembre a las puertas de la discoteca El Balcón de Rosales, en Madrid, como resultado de la paliza propinada por un portero de ese establecimiento nocturno. El suceso ha conmocionado a buena parte de la juventud madrileña, que conoce bien esos establecimientos y sabe de la impunidad con que actúan los llamados “puertas”. Tan sólo seis días después del suceso, el gobierno de la capital de España aprobó un reglamento que regulará las funciones de los porteros de discotecas: la Academia de Policía Local les hará dos exámenes (psicotécnico y de conocimientos) y se definirán con precisión sus funciones para evitar sucesos desgraciados como la muerte de Ussía (ABC, 24-11-2008).
Lo cierto es que el suceso no sólo ha destapado la impunidad de los porteros sino también la que parece proteger a las propias discotecas. Han salido a la luz numerosas irregularidades y se han señalado las enormes dificultades que existen para controlar las actividades de estos locales: el portavoz del cuerpo de Inspectores de Hacienda explicó que “es prácticamente imposible controlar los flujos de dinero” de las discotecas porque siempre se paga en efectivo (El Mundo, 23-11-2008); el resultado es que se acumulan sospechas de fraude, blanqueo de dinero, venta de drogas, etc., pero no se ha actuado con eficacia contra estas irregularidades.
Que lo anterior existe es algo que podrían corroborar muchos jóvenes madrileños sin necesidad de interrogar a los propietarios de los locales. Siete veces había pedido la Policía Municipal que se cerrara la discoteca El Balcón de Rosales, pero por motivos desconocidos no se llegó a tomar esa medida. Sin embargo, en la semana siguiente a la muerte del joven, la alcaldía de la capital había cerrado esa y otras cinco populares discotecas y la Comunidad ya había aprobado el nuevo reglamento para porteros.
Sorprende la velocidad legislativa de los gobiernos locales y regionales; en realidad es un fenómeno muy extendido en la clase política: tras un episodio lamentable, lo que era pasividad y vista gorda se transforma, al menos en la voluntad de los políticos, en promesas de firmeza y tolerancia cero.
Sin embargo, surgen dudas sobre la relación entre esa tolerancia cero y lo hipócrita del silencio legislativo anterior. Por otra parte, a los jóvenes asiduos a las discotecas no les resulta fácil imaginar a un “puertas” estudiando nociones de Derecho, por no hablar de la prometida colaboración entre policía y porteros de locales de ocio.
Pero quizá no sólo los políticos y los porteros deban repensar sus patrones de tolerancia. En una red social un joven cliente habitual de El Balcón de Rosales lanzó una propuesta que creyó revolucionaria: boicot de un mes a la discoteca. Esta vez el gobierno regional fue más lejos de lo propuesto: sin mayor condescendencia echó el cierre al local.
Pero surgen algunas preguntas: ¿a qué discotecas irán estos fines de semana los clientes habituales de las discotecas cerradas? ¿Tendrán sus papeles y sus cuentas en regla? ¿Y sus porteros? ¿Existen esas discotecas para un ocio sano que reclaman padres, políticos y jóvenes?