Impuesta por el gobierno sin debate parlamentario, ha sido combatida por los sindicatos, la oposición de derecha y de izquierda, y parte de las filas socialistas.

El gobierno socialista francés proyecta, con la oposición de los sindicatos y de un sector de su mismo partido, una reforma laboral con la que pretende fomentar los contratos fijos para los más afectados por el paro: jóvenes y trabajadores menos cualificados.