La Administración Obama ha emitido una directiva para todos los colegios públicos del país, en la cual les insta a permitir el acceso de los menores al servicio sanitario del “género” con el que estos se sientan identificados. La iniciativa no es ley, pero coloca a la escuela en la disyuntiva de aplicarla forzosamente o arriesgarse a perder fondos federales por “discriminar” en razón del sexo. Por ello, 11 estados acaban de demandarla ante un tribunal de Texas.
La “guía” de la Casa Blanca llega precisamente cuando el gobernador de Carolina del Norte, Pat McCrory, esquiva como puede los dardos que le lanzan lo mismo Bruce Springteen que grandes empresas como el Deutsche Bank, Starbucks, Yahoo, etc., y hasta el Departamento de Justicia. Su “falta grave”, que le ha merecido varios boicots al estado, es haber firmado una ley para que los menores, en sus colegios, usen exclusivamente el baño que les corresponde según su sexo biológico. No el “género sentido”, el “supuesto”, el “deseado”, etc., sino… ¡el que tienen!
La directiva gubernamental parece querer evitar, así, que otros “McCrories” cojan ala. Lo curioso, sin embargo, es que la Casa Blanca guisa una disposición y obliga a los colegios a tragársela… sin conocer bien cuántos serán los beneficiados. ¿Un millón de estudiantes trans? ¿Dos millones? La realidad es que nadie sabe. Aun así, han preferido ir a la tremenda, con una medida obligatoria y de alcance nacional, en lugar de dejar en manos de las escuelas y de los distritos el dar solución razonable a los casos que puedan ir surgiendo.
Según The New York Times, no hay investigación que dé una idea del total de menores trans en el país. “Los pediatras, generalmente, no les preguntan a sus pacientes sobre su identidad de género, y si lo hacen, normalmente no reportan los datos a las estadísticas nacionales. Los Centers for Disease Control and Prevention (CDC) […] no han dado aún con un método [para determinar esa cuestión] y no se espera que incluyan la pregunta en su encuesta de salud adolescente antes de 2019”.
A falta de estadísticas nacionales, el diario se remite a dos sondeos locales, uno de 2015, en el condado de County (Wisconsin), el cual arroja que el 1,5 de los 18.494 estudiantes de secundaria y bachillerato son trans. Otra encuesta, efectuada en 2006 en Boston a 1.032 alumnos de ese rango de estudios, determinó que un 1.6% de chicos se ubicaba en la mencionada condición.
Este “uno-y-tanto-por-ciento” puede considerarse un número alto o bajo, según se mire. Es llamativamente alto cuando se contrasta con el resultado de una investigación del Williams Institute, de 2011, que estimaba en 697.500 el número de adultos trans, cifra que equivale a un 0,3% de la población nacional adulta.
La interrogante viene, entonces, por la diferencia. ¿Es la transexualidad un fenómeno que se “cura” espontáneamente en muchísimos casos cuando el individuo se hace mayor? Porque si es así –y es lo que muestran las bajas tasas de persistencia de disforia de género una vez superada la adolescencia–, de poco vale apresurarse a trastocar el sencillo sistema de los baños de toda la vida: los chicos, al de chicos; las chicas, al de chicas. ¿O será acaso que, desconcertados por el atropellado diluvio de información “sexo-género-bi-trans-gay-lésbico- sensible”, los chicos no se aclaran y se apuntan en categorías que les parecen cool, habida cuenta de la aureola de corrección y reivindicaciones que las rodea, y que hallan valedores lo mismo en el presidente que en el “Boss” o en Madonna?
Si, por el contrario, el 1,5-1,6% de adolescentes trans se considera una cifra baja, no se entiende que el inquilino de la Casa Blanca emita directivas nacionales sobre el cuarto de baño al que tiene “derecho” ese pequeño porcentaje, o que amenace a los colegios públicos con aplicar la tijera a su financiación si no cumplen con la “sugerencia”.
En realidad, conoce muy poco la psicología infantil y adolescente quien pretenda que un chico de 11 o de 15 años entre en un baño de chicas –e igualmente el caso recíproco– y que estas no lo sientan como una invasión a su privacidad. No obstante, y como van configurándose mayorías a las que les aterra verse señaladas por el índice LGTB –de repente, ¡nadie alberga ni un tímido cuestionamiento sobre homo o transexualidad!–, puede haber una considerable masa de estudiantes “neodesprejuiciados” que lo tomen como algo normal. Solo que incluso ellos pueden recibir sorpresas desagradables, toda vez que la orden ministerial prohíbe a las escuelas solicitar al presunto trans documento o certificado médico alguno que avale la seriedad de su “transición”, con lo que los depredadores sexuales, particularmente los voyeurs, estarán frotándose las manos.
La directiva gubernamental tiene, en el acoso escolar, la excusa perfecta: “Si el acoso, motivado por razón del sexo, crea un ambiente hostil, la escuela tiene que dar pasos rápidos y efectivos para ponerle fin y evitar su recurrencia”. Así, según indica, una de las medidas sería permitir lo ya comentado, además de que el estudiante se integre en el equipo deportivo del “género” que le parezca apropiado, o que elija, en el caso de los internados, el dormitorio que más le guste. Bastará su palabra de trans. Su “sólida” palabra de adolescente. Genial, ¿no?
Pues no. Si la administración Obama, que baila al apresurado compás de la marcha LGTB, pretende condicionar las decisiones de los colegios a la inestable voluntad de niños y adolescentes; si aspira a ir de paladín de una no bien definida minoría, bien podría prestarle atención a otro grupo algo más amplio: el del 22% de estudiantes de entre 12 y 18 años que, sin distinción de sexo, sufren acoso escolar. ¿Concebirá Washington baños aparte para ellos, donde puedan mantenerse a salvo de los matones? ¿Y sectores separados de taquillas en las que estos no los encierren? ¿Y comedores donde no les arrojen la sopa a la cara?
No lo creo. Puestos a salvaguardar los intereses de las minorías, unas interesan más que otras. Aunque las que se lleven el premio no puedan aportar números fiables.