Los detractores de la enseñanza concertada argumentan que la menor financiación pública de estos centros se debe sobre todo a su propia política de selección de alumnos: al disuadir a los más desaventajados mediante ciertos criterios de admisión o el pago de cuotas, renuncian a la inversión pública que estos estudiantes requieren. Desde el otro lado alegan que no pueden atenderlos porque no reciben el dinero necesario.
En la Comunidad Valenciana, el ejecutivo ha aprobado retirar la subvención para algunas líneas (grupos dentro de un curso) ya existentes, y denegarla a otras nuevas. El consejero de Educación ha explicado que la decisión se debe únicamente a criterios de demanda, y ha señalado el bajo crecimiento demográfico como una de las causas. Sin embargo, desde los colegios afectados no se entiende que al mismo tiempo se proyecte crear más aulas en el sistema público. De ahí que el anuncio se haya percibido como una ofensiva contra todo el sector concertado.
La financiación de la concertada también ha sido motivo de debate en Castilla-La Mancha. A principios de febrero, los dos partidos que gobiernan en coalición (PSOE y Podemos) anunciaron un acuerdo para los presupuestos regionales que incluía “congelar” las asignaciones a estos centros para este año (lo que supone no aprobar ninguna petición nueva), e ir reduciéndolas progresivamente en los siguientes.
En muchos países, los buenos resultados de la concertada no se deben solo al perfil socioeconómico de las familias
En otras regiones, la discusión sobre conciertos se ha centrado en los colegios de educación diferenciada. La controversia en Andalucía ha llegado hasta el Tribunal Constitucional (cfr. Aceprensa, 14-01-2016). En Cataluña, el parlamento aprobó a finales de abril dos mociones que instan a la coalición gobernante –que votó dividida– a cancelar la financiación a este tipo de centros. El fondo del asunto, el derecho de los colegios solo de chicos o de chicas a recibir financiación pública, aún no ha sido resuelto del todo, pues los distintos fallos se han limitado a interpretarlo según las distintas leyes educativas vigentes en cada momento.
Otro aspecto del debate en torno a la concertada es la vinculación de una parte importante de los centros con instituciones religiosas. Para algunos, la asignación de fondos públicos a estos centros compromete la laicidad del Estado. No obstante, esta cuestión está poco presente –por lo menos, de puertas afuera– en las discusiones.
El huevo y la gallina: ¿discriminadora o discriminada?
El discurso contra la concertada suele sostenerse en el argumento de que su éxito va en perjuicio de la educación pública. Por eso, los recortes a los centros de titularidad privada suelen venderse como una forma de defender la escuela estatal.
Se dice que los colegios concertados, guiados por un interés exclusivamente mercantil, excluyen a los alumnos con menos recursos al pedir unas aportaciones a los padres. Según los críticos, no siempre queda claro que estas sean voluntarias. Desde el otro lado del debate, la realidad se ve de manera completamente diferente: la insuficiente financiación pública obliga a muchos centros a tener que pedir ayuda extra a las familias. Pese a que algunos no aclaran suficientemente que esta es opcional, la mayoría sí lo está haciendo, a costa de vivir en una incertidumbre económica que no afecta a los colegios estatales.
Una de las tesis más repetidas por los defensores de la educación concertada es que este modelo ahorra mucho dinero cada año a las cuentas públicas, ya que la plaza escolar es considerablemente más barata para la administración que la de los colegios estatales.
Si se hace el cálculo a la manera tradicional, dividiendo la financiación pública entre el número de alumnos escolarizados, el resultado es que cada plaza en un centro estatal cuesta al Estado algo más del doble que la concertada: 8.611 y 3.743 dólares respectivamente, según los últimos datos de la OCDE (Education at a Glance 2015). La diferencia en España es superior a la media.
Contar manzanas con manzanas
Sin embargo, esta forma de calcular no tiene en cuenta algunos factores estructurales del sistema público que aumentan su coste. Por ejemplo, el hecho de que sean casi siempre centros estatales los que dan cobertura a las zonas rurales, donde la ratio profesores-alumnos tiende a ser más alta. Algo parecido puede decirse en cuanto a las etapas educativas: en Bachillerato y Formación Profesional, donde cada aula tiene un coste relativo mayor por el menor número de estudiantes y los medios técnicos necesarios, la presencia de la concertada es muy poco significativa.
Por otro lado, los alumnos con necesidades educativas especiales están sobrerrepresentados en las aulas públicas. Este tipo de estudiantes necesitan una atención más personalizada, ya sea porque tienen problemas de aprendizaje o simplemente porque no conocen bien la lengua de instrucción.
Que la escuela pública reciba más financiación estatal deriva, en parte, de su atención a los alumnos más desaventajados, pero también influyen otras causas
Todos estos factores contribuyen a que la ratio de profesores en la escuela pública sea más alta, sin que esto repercuta en el estudiante medio. Así pues, sería interesante conocer cuál es el coste de la plaza en un centro estatal y en otro concertado una vez eliminadas las distorsiones; es decir, cuánto gasta el Estado en un alumno de las etapas obligatorias (primaria o secundaria), escolarizado en una zona urbana y sin necesidades educativas especiales. Seguramente, la diferencia sería menor que la señalada por el cálculo tradicional.
No obstante, existen otros factores que encarecen el coste de la enseñanza estatal y que no tienen que ver con necesidades derivadas de los alumnos. Según un informe publicado por el Observatorio por la Educación Pública, el profesor de la concertada cobra de media 5.500 euros menos por año que el de la pública. Además, aunque la jornada de trabajo tiene la misma duración para los dos, en los centros estatales la carga de horas de clase es menor, por lo que con el mismo número de docentes se puede atender a menos estudiantes.
La cuestión de la eficiencia
Otro de los argumentos para defender la educación concertada suele ser su mayor eficiencia. Según sus defensores, con menos recursos obtiene mejores resultados académicos. Aunque esto es cierto en términos absolutos (en casi todos los países, los estudiantes de estos centros obtienen puntuaciones más altas que sus compañeros de la pública), una vez más es preciso tener en cuenta algunos factores distorsionadores, fundamentalmente el perfil socioeconómico de los estudiantes y de los colegios.
Según la OCDE, ambos influyen fuertemente en el desempeño educativo. Por eso, sus informes suelen incluir, además de los datos “en bruto” sobre la puntuación de los estudiantes en centros de distinta titularidad, los que obtendrían si el elemento socioeconómico se igualara. No obstante, la comparación suele ser únicamente entre pública y privada, metiendo en este último bloque tanto a los colegios propiamente privados como a los concertados, cuando tampoco el perfil socioeconómico es igual entre ellos. Así se hace, por ejemplo, en el último estudio PISA (correspondiente a la prueba realizada en 2012).
Las críticas o los recortes a la concertada suelen hacerse en nombre de la defensa de la enseñanza pública
Lógicamente, la diferencia de resultados a favor de la privada disminuye al tener en cuenta el perfil socioeconómico de los alumnos. En muchos países, y también en la media de la OCDE, la situación se llega a invertir: una vez controlado este factor, son los centros públicos los que mejores puntuaciones obtienen. Sin embargo, no es fácil saber qué papel juegan en esto los colegios privados y cuál los concertados.
Tratando de aislar el efecto de la concertada
Algunos estudios sí han analizado su rendimiento por separado. Uno reciente de la OCDE, dedicado a los alumnos más rezagados (Low-Performing Students: Why They Fall Behind and How to Help Them Succeed, 2016), señalaba que entre el porcentaje de estudiantes matriculados en centros concertados y el de aquellos con malos resultados en matemáticas existe una relación inversa: a más de lo primero, menos de lo segundo.
Con todo, la efectividad de la concertada, una vez descontado el factor socioeconómico, varía bastante según el país. Además, los diferentes informes realizados sobre este asunto tampoco están de acuerdo sobre qué países son los más beneficiados. La OCDE, en el estudio mencionado más arriba, apunta a Canadá, Suiza, Portugal, España, Irlanda, Chile, Argentina y Holanda, entre otros. Una investigación publicada en 2010, que trata de eliminar no solo la distorsión socioeconómica sino también otro tipo de diferencias entre el alumnado de la concertada y de la pública, repite algunos de estos nombres (Irlanda, Holanda, Portugal, Chile, Argentina o Canadá), pero además añade a Bélgica y a Alemania. En cambio, España pasa al grupo de países donde la concertada ejerce una influencia positiva pero poco significativa.
La comparación internacional tiene importantes limitaciones, ya que el perfil sociológico de los alumnos de la concertada, y su relación con el resto de la sociedad, es diferente en cada país. Con todo, hay ejemplos de éxito que convendría estudiar, como el de Holanda. Allí, dos de cada tres estudiantes están matriculados en un colegio concertado. A lo largo de los años se han desarrollado mecanismos para evitar que se produzca una estratificación social por tipo de centro, algo que se ha conseguido. Además, los resultados académicos también son buenos, y no han perjudicado los de la red pública.