En estos días en que los primeros minutos de cualquier telediario se dedican a airear casos de corrupción que involucran a algunos políticos, el tema de la Ley de Transparencia parece de esencial prioridad en España, uno de los cuatro países de la UE (con Malta, Chipre y Luxemburgo) que no cuentan con una legislación de este corte.
Un proyecto de ley en tal sentido, presentado por el gobierno del Partido Popular en 2012, no ha colmado las expectativas. Entre otras carencias, no incluía ni a los partidos políticos ni a la Casa Real, los que más están dando que hablar por sospechas de irregularidades financieras.
La intención declarada es que la nueva norma contribuya a restaurar la confianza en las instituciones y a mejorar la calidad de la democracia. Para ello el ejecutivo abrió un proceso de consulta pública para que los ciudadanos enviaran sus ideas. Luego, el proyecto ya redactado ha recibido unas quinientas propuestas de enmienda destinadas a cubrir las lagunas del texto, que vuelven opaco a los ojos de los ciudadanos el desempeño real de las instituciones.
En Gran Bretaña, la administración pública debe entregar en el plazo de veinte días los datos que pidan los ciudadanos
La Fundación por la Transparencia Pública pone el ejemplo de los ayuntamientos: uno de cada cuatro no presenta su contabilidad al Tribunal de Cuentas, y no sucede nada. Esto enlaza con la imagen de un alcalde que, en la relajante informalidad de un almuerzo, decide a quién otorgar un contrato, sin que penda sobre él la obligación de dar explicaciones a los ciudadanos. Como no hay sanción prevista, ni claridad sobre lo que el funcionario está obligado a publicar o puede reservarse, entonces “no hay por qué cambiar”.
Un proyecto “mejorable”
“El proyecto de ley era manifiestamente mejorable cuando entró a debatirse en el Congreso, y esperemos que las enmiendas que finalmente se aprueben mejoren sustancialmente el texto”, apuntó a Aceprensa el presidente de Transparencia Internacional-España (TI-E), Jesús Lizcano.
Ciertamente, el proyecto es novedoso en cuanto a su objetivo de establecer, para las instituciones, la obligación de publicar sus datos. Pero, por otra parte, trasluce falta de realismo al no formular una consistente batería de sanciones. Sin una penalización efectiva, no habría incentivo legal para que, por ejemplo, los partidos políticos expusieran el origen y el uso de sus fondos. En un informe de este mes, el Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO) del Consejo de Europa anotó que, de 15 recomendaciones formuladas a España en 2011, solo se han aplicado seis, y que nada se ha hecho en materia de transparencia de la financiación de las fuerzas políticas, necesaria para que se sepa la procedencia de las donaciones y descubrir operaciones dudosas y eventuales casos de corrupción. Por ello, una de las propuestas de TI-E consiste en que se introduzcan distintos supuestos de infracciones y sanciones en relación con el incumplimiento de las normas sobre publicidad activa y sobre el derecho de acceso a la información pública.
Entre las mejoras propuestas al proyecto de ley se incluye asegurar la autonomía de la futura Agencia Estatal de Transparancia
Asimismo, si bien el proyecto reconoce al ciudadano el derecho de acceso a la información, solo lo basa en el art. 105 b de la Constitución, que garantiza el acceso a los archivos y registros, “salvo en lo que afecte a la seguridad y defensa del Estado, la averiguación de los delitos y la intimidad de las personas”. Según TI-E, esto, sin que se reconozca el acceso a la información como un derecho fundamental, puede hacer que prevalezca la protección de datos sobre la transparencia en los posibles casos de conflicto.
Por otra parte, y como un mecanismo para evaluar el desempeño de las instituciones en la materia y favorecer el buen uso de los recursos públicos, el proyecto de ley prevé la creación de la Agencia Estatal de Transparencia, Evaluación de las Políticas Públicas y la Calidad de los Servicios. Pero la subordina al Ministerio de Hacienda, y su responsable es nombrado y cesado a decisión del gobierno. Entre las enmiendas propuestas se incluye que la entidad pueda actuar con plena independencia de las administraciones públicas.
De la reina, hasta el último penique
Dotarse de una Ley de Transparencia contribuirá a dar a España una calidad democrática digna del siglo XXI, si bien –como asegura a ABC la consejera delegada de iClaves, Elisa de la Nuez– en el país existe una arraigada opacidad, y “cambiarla de la noche a la mañana es una perspectiva demasiado voluntarista”.
El proyecto español de Ley de Transparencia obliga a las instituciones públicas a publicar sus datos pero no impone sanciones en caso de incumplimiento
Pero la ley puede ser un buen arranque. En general, los Estados con más transparencia tienden a ser menos corruptos. Por ejemplo, en Gran Bretaña los ciudadanos pueden saber cómo se emplean los recursos públicos destinados a la reina. La Ley de Libertad de Información, de 2000, establece un plazo de 20 días para entregar estos u otros datos a quien los solicite, y se cumple. Las excepciones al acceso a la información son escasamente una veintena, e incluyen actas judiciales, secretos comerciales y documentos relacionados con la seguridad nacional.
En Suecia, las previsiones legales resguardan a los funcionarios que ofrezcan información a la prensa, y prohíbe a las autoridades tratar de identificar a un ciudadano que provea datos a un medio de comunicación. Tanto es el celo por la apertura que, en ocasiones, la Comisión Europea ha interpelado a Estocolmo por haber dado a conocer informaciones acerca de otros países a los que les hubiera interesado mantener un velo sobre ellas.
¿Rehén del juego político?
En cuanto a España, el proyecto de Ley de Transparencia sigue en trámite, aunque muy tocado por el eco del escándalo que afecta al partido del gobierno. Pese a la urgencia de contar con un instrumento que ayude a evitar incidencias de este tipo, la ponencia sobre la legislación está aparcada hasta que el presidente del ejecutivo, Mariano Rajoy, acuda al Congreso de los Diputados a hablar sobre el caso.
En días pasados, ante la repetida ausencia de los representantes del Partido Socialista y de la Izquierda Plural, se decidió postergar el debate. En opinión de algunos políticos, no tendría sentido continuar adelante con el trámite dejando de lado al principal partido de la oposición, cuando lo que se busca es que, en un proyecto de esta trascendencia, que puede contribuir a una regeneración de la democracia, prime el consenso y no la decisión de una “mayoría absoluta”.
Con el reciente anuncio del jefe del gobierno acerca de su próxima comparecencia, y satisfecha la principal demanda de socialistas y otros grupos, el camino podría comenzar a despejarse.
Respuestas explícitas, siempre
Según la rama española de Transparencia Internacional, el texto que aprueben finalmente los diputados tendrá mayor solidez si se modifica el proyectado régimen de “silencio administrativo negativo”, por el que los ciudadanos deben entender que su solicitud de información a una administración pública, si no es contestada en un mes, ha sido denegada. La institución debería estar obligada a ofrecer una respuesta explícita en cualquier caso.
Asimismo, TI-E añade un grupo de medidas que deberían incluirse en la ley, como la mejora de los sistemas de archivo, una adecuada formación de los funcionarios en cuanto a la nueva normativa, y, frente a la dispersión actual de datos, una reorganización de estos para que se publiquen de forma que sean reutilizables por la ciudadanía.