La liberalización del mercado de la vivienda persigue reducir el déficit de casas, que se estima superior al medio millón de unidades
Algo tan normal como comprar o vender una vivienda mediante una transacción económica ha estado prohibido en Cuba desde los primeros años de la Revolución, y así se mantuvo durante 50 años a pesar de que generaba más problemas que beneficios.
Boris Rodríguez, de 60 años, comentaba cómo desde hace años deseaba vender la vivienda en la que nació y mudarse a la de su mujer. Con el dinero, se aseguraría una vejez más holgada.
“Esta casa la construyó mi padre –afirma Boris, residente en la occidental Pinar del Río–. Aquí nacieron mis hermanos y murió mi madre; sin embargo, hasta hace poco no tenía derecho a vendérsela a quien yo quisiera, ni siquiera a dejarla en testamento a mi hijo, pues aunque es descendiente directo mío, al no vivir conmigo no podía quedarse con ella”.
En los últimos años el número de viviendas construidas ha ido a menos
Autorizada la compraventa
Como Boris, no son pocos los que ven abierta ahora la posibilidad de resolver un problema sin tener que recurrir a la actividad ilícita. La modificación de la Ley General de la Vivienda a finales de 2011, se ha autorizado a cada propietario a disponer de su inmueble sin intervención de las direcciones locales de la Vivienda –pantanos burocráticos donde los haya–, mediante contrato ante notario público. Solo se exige que el local esté inscrito en el Registro de la Propiedad, y que su titular no tenga deudas con el banco en relación con la casa. Por su parte, el adquirente debe probar que el dinero tiene un origen legal.
Así, además de la permuta (el intercambio de inmuebles entre particulares, muy común en la Isla), la donación y la adjudicación por divorcio o fallecimiento, que sí estaban permitidas, se reconocen ahora la compraventa y la adquisición de la vivienda si su dueño abandona definitivamente el país. Con esta última medida, se elimina una de las penalizaciones impuestas a todo aquel que renunciaba a vivir en Cuba: el Estado se adjudicaba automáticamente la casa del emigrante, u obligaba, en caso de que familiares de aquel permaneciesen en ella, a pagar su importe nuevamente.
Estas medidas se suman a otras puestas en vigor en 2010, que establecieron la concesión de licencias para construir viviendas «por esfuerzo propio», así como los préstamos bancarios de hasta 80 mil pesos para tal fin. Todo ello persigue reducir el déficit de casas, que se estima supera el medio millón de unidades.
No obstante, cifras de la Oficina Nacional de Estadísticas avisan, indirectamente, de que el optimismo debe ser moderado: en 2011 se construyeron 32 540 viviendas, 1 361 menos que el año anterior, cuando se edificaron 33 901. En 2008 habían sido 44 775, de modo que, visto hacia dónde ha ido la curva…
Tras décadas de errores y prohibiciones que solo han acrecentado la crisis, algunos piensan que la inversión extranjera sería un paliativo importante
Los problemas de la convivencia forzosa
En diciembre en 2004, durante una sesión ordinaria de la Asamblea Nacional en la que se analizaba el presupuesto del Estado para el año siguiente, los diputados plantearon su preocupación y disgusto por el monto, insuficiente según ellos, asignado a la construcción de viviendas.
Un médico, con 11 años de ejercicio, argumentó su malestar con razones profesionales: “Una gran parte de los problemas de salud no existirían si al menos se aminorara el déficit de casas, causa de que numerosas personas se vean obligadas a vivir juntas. La convivencia forzosa genera conflictos que, al no resolverse, generan hipertensión, ansiedad, depresión y hasta cardiopatías. Tener donde vivir es más importante que el más sofisticado y moderno de los equipos médicos”.
Aquel galeno no exageraba. En Cuba, la situación de la vivienda obliga a varias generaciones de una misma familia a vivir juntas, a menudo en condiciones de hacinamiento, y aun parejas divorciadas se ven forzadas a cohabitar por años bajo el mismo techo.
Algunos de estos problemas se resolvían mediante la permuta: un inmueble de dos habitaciones por dos inmuebles de una habitación, por ejemplo. Pero incluso ese mecanismo estaba lacerado por numerosas regulaciones, que prohibían, por ejemplo, el intercambio de viviendas con una diferencia en el tamaño o en el número de habitaciones, que hiciera sospechar al funcionario que autorizaba el contrato que se estaba encubriendo una compraventa.
Pagar al permutero, al abogado, al…
Restricciones de este tipo son las que han adoquinado el camino de las ilegalidades para numerosos cubanos, para quienes fue normal pagar altas sumas a abogados y funcionarios estatales, a veces solo para agilizar trámites.
Ahora muchos se preguntan qué sucederá con aquellos inmuebles adquiridos mediante sobornos. La lista incluye desde mansiones que han sido subdividas en apartamentos o cuartos, hasta la compra a titulares que han abandonado el país. Un mercado negro que comprende incluso la adquisición, por parte de extranjeros o cubanos residentes en Estados Unidos, de casas en lugares de veraneo.
Lo que nadie duda es que el gobierno pretende ingresar ahora parte del dinero que se le ha estado yendo en un próspero negocio que no ha podido controlar, “gracias” a sus absurdas leyes. Así, intenta sacar provecho de actividades como la de la bolsa inmobiliaria que funciona desde hace años en el Paseo del Prado, en La Habana (muy cerca de la embajada de España). Allí, agentes ilegales hacen sus ofertas, o preguntan al que se acerca detalles de su vivienda. Todo lo anotan en sus libretas, llenas de nombres y direcciones de clientes.
“El Estado nunca se ha ocupado de crear un lugar donde te brinden una información de este tipo –se quejaba Ángela Ferrer, una técnica en programación de 42 años—“.
“Los permuteros (agentes) conocen bien este negocio —añadió—, pero te cobran caro: 100 dólares por ponerte en contacto con alguien con quien puedas permutar, y luego, a pagarle al abogado”.
Ante los precios, los sueños se desvanecen
La escasez de viviendas arreció principalmente a partir de 2008. Si hasta entonces había un déficit de 500.000 unidades, esa cifra aumentó en 2008, cuando tres huracanes que azotaron la Isla de oriente a occidente afectaron a otros 600.000 inmuebles.
Para mitigar el problema, La Habana fue dejando caer poco a poco algunas medidas. Una de las primeras fue la autorización a arrendar viviendas y habitaciones, como actividad del sector privado; otra, la construcción de inmuebles por esfuerzo propio,con un límite de metros cuadrados en correspondencia con la cantidad de miembros del núcleo familiar.
Esta última resolución ha sido acogida con mezcla de alegría –el 40 por ciento del fondo habitacional está en mal estado–, y escepticismo, dada la habitual ineficiencia tanto en la construcción como en la reparación de casas, que se ha visto afectada por la carencia de materiales y fuerza de trabajo, el exceso de trámites burocráticos y el robo de recursos.
El gobierno, no obstante, ha comenzado a otorgar créditos de hasta 80 000 pesos (el equivalente de unos 2 500 euros), y anunció que garantizaría la venta estatal de materiales de construcción, muchos de los cuales se venden desde diciembre de 2011 a un precio menor. Según Prensa Latina, la iniciativa beneficiará principalmente, a las familias afectadas por catástrofes o desastres naturales, y a casos sociales críticos, de manera particular aquellos que habiten en condiciones vulnerables y carezcan de solvencia económica.
Medidas aparte, la solución al tema de la vivienda puede no verse en el corto o mediano plazo. Tras décadas de errores y prohibiciones que solo han acrecentado la crisis, hay algunos que piensan que la inversión extranjera sería un paliativo importante. Esa idea, sin embargo, choca contra el salario promedio de los cubanos, demasiado bajo para pagar el precio de una obra levantada con capital foráneo.
Sin embargo, al parecer, esos exiguos sueldos no han limitado a los propietarios a la hora de fijar los precios desorbitados de las casas que se ofertan. Otros se preguntan, ante la reforma que se inicia, cómo funcionará exactamente, dadas las numerosas construcciones y modificaciones ilícitas que no han sido agregadas a los títulos de propiedad. Cualquiera puede abrir una ventana en la pared de su apartamento, aun sin estudiar mucho la estructura del edificio; o tomar un espacio de áreas comunes. Si aparece un inspector, el interesado puede dejarle caer una “ayudita” para que todo quede como si nada.
“Es complicado –explicó Javier Arencibia, un jubilado que pasa sus mañanas sentado en su amplio portal, en el municipio capitalino de Playa–. Si al inicio de la Revolución solo una minoría era propietaria, hoy lo es la mayoría de la población, pero muchos se preguntaban: si soy propietario de una vivienda, ¿por qué no puedo disponer de ella? Es necesario, sí, regular muchas cosas, pero es un momento difícil para revitalizar un mercado inmobiliario. Llevamos muchos años de crisis, todo ha subido de precio y el dinero escasea. La autorización de vender y comprar casas llegó, es cierto, pero para muchos tal vez demasiado tarde”.