Hungría ha aprobado por una amplia mayoría una nueva Constitución que reconoce el respeto de la vida humana desde la concepción, junto con el valor central de la familia, el matrimonio entre hombre y mujer y la libertad de educación, además del “papel del cristianismo en la pervivencia de la nación”. No es de extrañar que la opinión dominante haya vertido su cólera acusándola de violar los “estándares europeos”.
A pesar de los que dicen los críticos, ninguna institución de la unión Europea ha descalificado la nueva Constitución
De entrada, el hecho de que Hungría tenga una nueva Constitución debería ser motivo de satisfacción para Europa, pues ha sido el último país del antiguo bloque soviético en desembarazarse de la constitución comunista. El impulsor del texto ha sido el primer ministro Viktor Orbán, líder del partido conservador Fidesz, que tiene una mayoría de dos tercios en el Parlamento. La nueva Constitución húngara, aprobada el pasado 18 de abril de 2011, reemplaza a una carta magna de 1949 llena de parches para adaptarla a la vida democrática. El presidente de Hungría, Pál Schmitt, la ratificó el 25 de abril, y entrará en vigor el 1 de enero de 2012.
Pero cualquiera que haga una búsqueda amplia de noticias sobre el acontecimiento, por ejemplo en Google News, se encontrará con un chaparrón de titulares acusando a la nueva Constitución de “ultraconservadora”, “discriminatoria”, “antidemocrática”, violadora de “los estándares europeos e internacionales, de las libertades individuales y de los derechos del hombre”. También se lee por doquier que “ha sido duramente criticada por algunos socios de la Unión Europea” y por las instituciones europeas.
Una mayoría parlamentaria de dos tercios y los resultados de los sondeos de opinión dan un respaldo popular a la reforma
“Terror” en las cancillerías
Pero si se busca en Google, en varias lenguas, esas declaraciones de escándalo y horror de los líderes europeos, todo es en vano. Lo más que se puede encontrar, por parte de alguna institución de la Unión, es una respuesta de un portavoz de la Comisión Europea en la que espera que “la nueva Constitución sea conforme con los valores europeos”. Según mi larga experiencia de informador en Bruselas, los portavoces son maestros en decir lo que hay (o lo que no hay) evitando enfrentarse a la opinión dominante.
Por parte de “algunos socios de la Unión Europea”, sólo ha llegado a mis ojos una frase insinuante tomada del diario español El País: “La flamante Ley Fundamental de Hungría –actual presidente de turno de la UE– ha levantado ampollas en Bruselas y Berlín, donde un alto funcionario de Exteriores dijo ayer que ‘consolida un concepto de derecho difícilmente compatible con los principios de la UE’ (nótese la precisión a la hora de citar la fuente en la que fundamenta el origen de esas “ampollas”).
Según he leído más tarde en alguna otra fuente, el alto funcionario alemán era Werner Hoyer, un secretario de estado dependiente del Ministerio de Exteriores. Poco después, el 5 de mayo, el primer ministro húngaro, Viktor Orbán, se entrevistó en Berlín con la canciller alemana, Angela Merkel. Y en la cumbre no se trató para nada sobre la nueva constitución húngara.
Ni siquiera en el Parlamento Europeo, que alberga a políticos de todas las tendencias, ha cuajado el intento de debate dirigido a denostar la carta magna húngara y a su gobierno (solo reunió para ello un cuarto del hemiciclo). Otro foro de opinión aún más amplio y variopinto, la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa (que, como se sabe, no es una institución de la Unión Europea) ha contratado a un grupo de expertos para que realice una auditoría a la Constitución húngara. El encargo ha caído, “por casualidad”, en el grupo llamado “Venice Commission”, que ya se encargó de imponer a los legisladores de Kosovo que retiraran de su borrador constitucional la protección al niño no nacido y la distinción entre hombres y mujeres en el matrimonio. Sus conclusiones están, de antemano, cantadas.
Voces críticas
¿De dónde entonces, tantos periodistas sacan esas frases tan aterradoras? Al leer los artículos completos, se observa que sus autores, tras dar la noticia de lo aprobado en Hungría, rellenan las líneas citando al líder del partido socialista húngaro de la oposición, MSZP, y a grupos feministas, gays y defensores de los derechos humanos (la mayor parte de las veces ni los mencionan por su nombre, con excepción de la omnipresente Amnistía Internacional).
Los socialistas –que en las elecciones de 2010 quedaron reducidos a su mínima expresión– denuncian un viraje autoritario por el hecho de que la Constitución no haya sido aprobada con el consenso de todos. En efecto, de los 384 diputados del Parlamento húngaro, “sólo” la aprobaron 262, contra 44 que votaron en contra, uno que se abstuvo y 77 que se salieron sin votar como protesta. Los sondeos de opinión daban también un apoyo mayoritario del país a la reforma.
Es decir, la deriva autocrática del primer ministro Viktor Orbán le viene de haber obtenido su partido una amplia mayoría absoluta en las elecciones: el malo de la película, el culpable, es el votante húngaro. Que lo diga el político que acaba de perder es, si no normal, al menos “lo corriente”; pero que lo repitan indiscriminadamente tantos periodistas, da que pensar.
Por parte de Amnistía Internacional (no está claro si es una opinión oficial o de algún miembro) y del cortejo de asociaciones feministas y gays evocadas, el argumento es que la nueva Constitución implanta unos valores que pueden ir contra sus propios intereses y objetivos, pues amenaza con restringir el “derecho” al aborto y a los matrimonios y adopciones homosexuales. Es decir, atenta contra las libertades individuales y los “estándares europeos e internacionales de derechos humanos”.
Esos estándares internacionales
Es hora, pues, de verificar este último aspecto: la supuesta amenaza de esta carta magna contra los principios de las democracias y de Europa.
El preámbulo reconoce “el papel del cristianismo en la pervivencia de la nación”. Los críticos deben de ver en esto una falta de libertad fundamental: la suya a no oír una opinión que les contraría. En cualquier caso es cierto que resulta, por primera vez en nuestra Europa siglo XXI, una postura decidida de no renunciar a la propia historia ni al origen de los valores que forjaron los actuales.
El texto considera “que la base de la existencia humana es la dignidad humana”, que “la familia y la nación constituyen el marco principal de nuestra convivencia y que nuestros valores fundamentales son la fidelidad, la fe y el amor”. Peligrosos principios, incluso revolucionarios.
“La vida del feto deberá ser protegida desde el momento de la concepción”, se lee en la Constitución. ¿Se opone esta frase a la Carta de Derechos Fundamentales de la UE (2000) donde se dice que “la dignidad humana es inviolable” y “será respetada y protegida” (artículo 1) o que “toda persona tiene derecho a la vida”? ¿O al Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales de 1953 (“el derecho de toda persona a la vida está protegido por la ley”)? ¿O a la Declaración Universal de Derechos Humanos (1948), donde se afirma que “todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona”?
Es verdad que la carta magna húngara “innova” al precisar que esa vida humana es protegida desde la concepción, pues los que redactaron los tratados internacionales que fundamentan nuestros valores esenciales no tenían ninguna razón para explicitarlo. Pero esta precisión ya figuraba en la no tan antigua Convención sobre los Derechos del Niño (1989), al tener presente que “el niño, por su falta de madurez física y mental, necesita protección y cuidado especiales, incluso la debida protección legal, tanto antes como después del nacimiento».
Ni estos textos mencionados ni ninguno de los otros numerosos tratados internacionales mencionan la existencia de un “derecho a acabar con la vida del niño no nacido”, que fuera superior al continuamente proclamado derecho de todo ser humano a la vida.
Tras la aprobación de la Constitución, el primer ministro húngaro ha lanzado una campaña institucional para reducir el número de abortos mostrando el valor de la vida por nacer. A pesar de que el texto de los anuncios no es ofensivo para nadie –“Entiendo que no estés preparado para tenerme, pero podrías darme en adopción. ¡Déjame vivir!”–, se ha levantado una campaña feminista para frenarla. Estas asociaciones argumentan que se está diciendo a la sociedad que abortar es un asesinato. Convencer a la sociedad es la forma en que el Gobierno pretende luchar para revertir una práctica, fomentada por los comunistas, en lugar de abrogar directamente la ley que legaliza hoy el aborto a petición hasta la duodécima semana.
La protección del matrimonio
La Constitución húngara establece también que el Estado protegerá “la institución del matrimonio como una comunidad de vida entre un hombre y una mujer y la institución de la familia”. Volvemos a encontrarnos con una patata caliente. En Europa, esta precisión del significado del matrimonio sólo aparece en la Constitución de Polonia de 1997, aunque se desprende de la forma en que están redactados la mayoría de las constituciones y los tratados internacionales. En ellos, la familia (se sobreentiende “de padre y madre”) requiere una protección particular por su función esencial en salvaguardar y continuar la sociedad.
En un repaso rápido por documentos internacionales, resulta que la familia es reconocida como “el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección de la sociedad y del Estado” por la Declaración Universal de Derechos Humanos y, en términos casi iguales, por el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de las Naciones Unidas y por la Convención sobre los Derechos del Niño. Esta última expresa la convicción de que “la familia, como grupo fundamental de la sociedad y medio natural para el crecimiento y el bienestar de todos sus miembros, y en particular de los niños, debe recibir la protección y asistencia necesarias para poder asumir plenamente sus responsabilidades dentro de la comunidad”.
Tabla de salvación
En última instancia, lo que aquí se lidia es una batalla entre dos concepciones opuestas de la sociedad: la que han plasmado nuestras constituciones y declaraciones universales de derechos humanos y la que quieren imponer de hecho en el orden internacional y nacional unos grupos de interés que, por desgracia, hoy controlan la opinión pública.
En el fondo, los húngaros no han hecho más que dotarse de una salvaguardia de su país y sociedad. Hungría, que tiene un índice de fecundidad de 1,3 hijos por mujer (el nivel necesario para el reemplazo generacional es 2,1), sólo quiere sobrevivir. Es consciente de que evitar la destrucción de niños no nacidos y proteger el ecosistema natural en que se crean los ciudadanos (la convivencia estable entre hombre y mujer) es la única salida a la crisis demográfica que va a venir. Y de que tampoco la inmigración es una solución a medio plazo.
Aspectos políticos polémicos
Una lectura completa de la Constitución húngara de 2011 ofrece la imagen de un Estado occidental moderno, con instituciones democráticas, división de poderes, separación Iglesia-Estado, respetuosa de las libertades individuales, de los derechos de las minorías y del medio ambiente, y abierta hacia la integración europea y las instituciones internacionales. No obstante, el texto incluye algunos artículos atípicos, aparte de los mencionados en este artículo, que han causado inquietud en ciertos medios:
•Una de las principales preocupaciones del legislador es acabar con el abuso financiero y la corrupción. En este sentido, limita el poder del Tribunal Constitucional en cuestiones presupuestarias y fiscales mientras la deuda pública supere el 50% (actualmente se encuentra en el 80%). Además, el presidente podrá disolver el Parlamento si no se aprueba un presupuesto, y sólo las empresas con estructuras y actividades transparentes podrán recibir contratos públicos.
•Con el objeto de reforzar las medidas adoptadas por el actual gobierno (que, de forma atípica, ostenta la mayoría de dos tercios en el Parlamento), la Constitución establece un rango de leyes orgánicas que requieren esta mayoría para ser modificadas. Éstas afectan, entre otras, a las leyes fiscales y de pensiones, la ratificación de tratados internacionales, y la protección de las familias, así como a cualquier reforma constitucional.
•Otra de sus preocupaciones son las minorías de origen húngaro en otros países europeos. Por eso, el artículo G establece que “todo niño nacido de un ciudadano húngaro será ciudadano húngaro por nacimiento”. Añade que una ley orgánica establecerá otros medios para obtener la nacionalidad húngara. Este artículo ha generado en países vecinos el temor a una posible injerencia extranjera.
•Por la prioridad que se quiere dar a las políticas natalistas, el artículo XXI propone una medida curiosa: “No podrá considerarse una infracción a los derechos de igualdad de voto si una ley orgánica crea un voto adicional para madres de familia con niños menores o, cuando la ley lo prevea, que otra persona pueda disfrutar de un voto adicional”.
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