Donantes a la campaña contra el “matrimonio gay”, rechazado en referéndum el pasado noviembre en California, están siendo intimidados, incluidos muchos que dieron poco dinero. Lo cuenta Jesse McKinley en el New York Times.
Ciudadanos que dieron dinero a la campaña de la Proposición 8, que derogó el “matrimonio gay” en California (ver Aceprensa, 5-11-2008), vienen siendo objeto de acoso desde que la medida fue aprobada en el referéndum del pasado 4 de noviembre. Hasta ahora han sufrido, entre otras cosas, amenazas de muerte o daños físicos, agresiones, estragos en sus bienes y -más a menudo- campañas para boicotear sus negocios, mensajes de correo electrónico o llamadas telefónicas intimidatorias o insultantes.
Las víctimas de este acoso no son solo los más destacados donantes a favor de la aprobada enmienda constitucional, como la Iglesia mormona o la organización católica de los Caballeros de Colón, que han recibido anónimos amenazadores, o el director del Festival de Cine de Los Ángeles, Richard Raddon, que ha sido forzado a dimitir. Además lo sufren personas sin relevancia pública e indefensas que dieron pequeñas cantidades de dinero. Pues también ellas pueden caer en el punto de mira enemigo. Partidarios del “matrimonio gay” han publicado en Internet un mapa interactivo donde se señalan con flechas rojas los domicilios o lugares de trabajo de donantes a la Proposición, aunque sus contribuciones hayan sido muy modestas.
Ello es posible en virtud de una ley californiana que obliga a todo el que done 100 dólares o más a cualquier campaña para unas elecciones a revelar su nombre, direcciones, ocupación y empresa para la que trabaja, en su caso. Esos datos se comunican a la Secretaría de Estado, que los hace públicos, de modo que quedan fácilmente accesibles en Internet.
Por eso la organización Protect Marriage, principal impulsora de la Proposición 8, ha presentado un recurso contra la ley electoral en cuestión (la Political Reform Act), cuya versión en vigor -curiosa ironía- fue aprobada también en referéndum en el año 2000. Los recurrentes alegan que el umbral marcado por la ley es demasiado bajo, pues revelar aportaciones tan pequeñas, que una por una no pueden influir significativamente en los electores, es irrelevante para el interés público; que la ley no prevé la retirada de los datos personales una vez celebrada la votación, cuando ya no tienen utilidad con vistas a asegurar la transparencia de la campaña, y que la medida repercute en contra de la libertad de expresión y la participación política. Aducen los actos de acoso sufridos por partidarios de la Proposición 8 y añaden que también algunos donantes de la opción contraria han sido objeto de intimidaciones semejantes.
El campo “pro gay” ha criticado la demanda. Afirma que para proteger a los donantes de acoso y amenazas basta hacer cumplir las leyes que prohíben tales actos. Pero es significativo que un miembro de Courage y bloguero de Calitics.com (California Politics), organizaciones que se definen como progresistas, haya advertido que “sin las normas de publicidad [de datos de donantes], sería altamente probable que se diera cantidades mucho mayores de dinero a la causa anti-gay”.