El gobierno español, que el año pasado realizó la mayor regularización de «sin papeles» que ha habido nunca, ahora asegura que no se hará ni una más. Tras la oleada de ilegales africanos llegados por mar a las islas Canarias, sobre todo en verano, el gobierno advierte que expulsará a todo extranjero que entre en España de modo irregular. A la vez, en Estados Unidos la gran movilización de inmigrantes, que en primavera organizó manifestaciones masivas contra el proyecto Sensenbrenner, ha perdido gas. Sus posibilidades de influir en la política de inmigración norteamericana parecen hoy escasas.
El gobierno español, socialista, aprobó en 2005 un proceso extraordinario de regularización que dio papeles a 578.000 extranjeros, 100.000 más que el total de los cinco procesos anteriores, realizados entre 1996 y 2001 por gobiernos del Partido Popular (PP), hoy en la oposición. El PP criticó la medida, a la que siempre ha atribuido un «efecto llamada» que atrae nuevos irregulares. El gobierno socialista niega que exista tal efecto, y resulta difícil estimar en qué medida la noticia de la regularización haya podido alentar a los más de 25.000 subsaharianos, en su mayoría senegaleses, llegados a Canarias en 2006. En todo caso, el «alud» humano ha desbordado a las administraciones públicas y ha hecho de la inmigración la primera preocupación de los españoles, según algunas encuestas.
El gobierno ha reaccionado pasando a un discurso contundente, que excluye nuevas legalizaciones masivas y promete la expulsión de los ilegales. Cosa esta última que no ha podido comenzar a hacer hasta la semana pasada con los africanos llegados a Canarias. Tras buscar la cooperación de la Unión Europea y de los países implicados de África (ver Aceprensa 83/06), el gobierno ha logrado un acuerdo con Senegal para identificar y repatriar a los emigrantes clandestinos de ese país. Hasta ahora iba aliviando los abarrotados centros de retención trasladando ilegales a España peninsular, donde parte de ellos han quedado en libertad.
A la vez, fuerzas españolas y de la Agencia Europea de Fronteras (Frontex) han empezado a colaborar con las de Senegal para vigilar las aguas de este país, a fin de interceptar los barcos que transportan emigrantes ilegales.
El pasado fin de semana, la Conferencia Política del Partido Socialista confirmó el cambio de prioridad con los inmigrantes: de la integración al control de entradas. Ahora bien, las medidas tomadas hasta la fecha por el gobierno son una reacción ante el «alud» humano llegado a las Canarias, pero no equivalen a una nueva política de inmigración. La alarma y la contundencia de estos días se explican por el ritmo y la forma del éxodo de africanos, no tanto por su número. Entre otros argumentos para justificar el cambio actitud por parte del gobierno, el número dos del Partido Socialista, José Blanco, ha declarado que el mercado de trabajo español no puede absorber más inmigrantes. Sin embargo, desde 2003 los inmigrantes contribuyen más que los españoles al crecimiento de la población activa y del empleo. El número de extranjeros censados se ha multiplicado por cuatro (de 924.000 a 3,8 millones) de 2000 a 2005. Y los 25.000 africanos desembarcados en Canarias son pocos en comparación con los casi 647.000 inmigrantes que se inscribieron en el padrón el año pasado o los 700.000 ilegales que, según se estima, residen en España, entre ellos unos 190.000 rumanos (el grupo más numeroso de «sin papeles»). Claro que la gran mayoría de los ilegales lo son por quedarse después de que caducase el visado o permiso de residencia, pero entraron legalmente, cosa que está al alcance de pocos subsaharianos que desean emigrar.
En EE.UU. los hispanos se desmovilizan
En Estados Unidos, el duro proyecto de ley aprobado por la Cámara de Representantes provocó una movilización masiva de inmigrantes, en su mayoría hispanos, con multitudinarias manifestaciones en abril y mayo (ver Aceprensa 40/06). El asunto quedó después estancado, al aprobar el Senado otro proyecto más suave y forzar unas complicadas negociaciones entre ambas Cámaras que aún están lejos de culminar. Pasado el verano, el movimiento pro inmigrantes volvió a convocar manifestaciones a principios de septiembre bajo el lema «¡Legalización ya!», pero esta vez la concurrencia fue muy discreta.
En primavera, la movilización aspiraba no solo a detener el proyecto Sensenbrenner, sino además a presionar fuerte por la legalización mediante el voto de un millón de electores nuevos. Se trata de conseguirlos a base de que se inscriban en el censo electoral hispanos que ya son ciudadanos de Estados Unidos pero no votan y de que adquieran la nacionalidad otros que reúnen las condiciones pero no la han solicitado. Hoy, a dos meses de las elecciones, el objetivo parece inalcanzable.
Según el Prof. Armando Navarro, uno de los organizadores de la masiva manifestación celebrada en Los Ángeles el 30 de abril, el movimiento de protesta se fue desinflando en cuanto pasó la peor amenaza, el proyecto Sensenbrenner, y el estancamiento parlamentario subsiguiente ha hecho que los inmigrantes estén menos motivados. El caso es que el clímax de la primavera no ha dado paso a una acción sostenida ni a un movimiento estable. «Hemos perdido una oportunidad», reconoce Navarro («The New York Times», 11-09-2006).
La campaña para registrar electores y nacionalizar inmigrantes no ha ido bien por no contar con suficientes dinero y conocimientos técnicos para localizar a los interesados, añade Juan Carlos Ruiz, coordinador general de la National Capital Immigration Coalition. Ahora se están buscando los recursos que faltan, y el objetivo ya no es las elecciones de noviembre próximo, sino las presidenciales de 2008.
ACEPRENSA