Hasta ahora sólo son propuestas, especulaciones, ideas para el debate… pero cada vez llegan con mayor insistencia. Tras fracasar en la reforma de la sanidad, que debía haber ahorrado millones de euros a las arcas públicas, democristianos y socialdemócratas alemanes sugieren cambios en el modelo de protección a la familia para incentivar el trabajo femenino y reducir la carga del Estado. De forma muy gráfica, la ministra de Justicia, Brigitte Zypries, del ala izquierda del SPD, dijo en abril que debe terminarse con la situación actual que «asegura un estatus de por vida» a la mujer casada, incluso después del divorcio o el fallecimiento del cónyuge, y que en adelante los jueces deben poder decir a las mujeres: «Ahora preocúpate por ti misma».
Estos planteamientos encontraron eco la pasada semana en Rainer Wend, portavoz parlamentario del SPD para asuntos económicos. Entre otras cosas, sugiere aumentar la edad mínima para percibir la pensión de viudedad -que hoy es de 45 años-, disminuir la cuantía para los beneficiarios más jóvenes y limitarla en función de la renta del receptor, en lugar de tener simplemente en cuenta los ingresos del fallecido. Unas semanas antes, desde las filas de la CDU se sugirió aumentar la edad parar la pensión de viudedad a los 50 ó 52 años. El SPD respondió entonces a su socio mayor que no contara con su apoyo.
Más polémica es la segunda propuesta de Rainer Wend. A partir de 2009, sugiere, las mujeres casadas deben tener un seguro sanitario propio independiente del marido; esto es, tendrán que cotizar ellas mismas para acceder a los beneficios de la sanidad pública. Wend quiere también reducir, o eventualmente eliminar, la tributación conjunta de marido y mujer, según la cual los ingresos se dividen por dos a efectos de Hacienda. Como argumento, cita el ejemplo escandinavo de tributación individual. Gracias a ello, dice, la tasa de ocupación femenina es 12 puntos superior en estos países que en Alemania.
No menciona Wend que la proporción de hijos nacidos fuera del matrimonio es también muy superior en los países nórdicos, debido en buena parte a que tienden a igualar el trato legal a las parejas casadas y a las no casadas. Brigitte Zypries pretende, de hecho, avanzar hacia esa «igualdad» entre lo que denomina «distintas formas de familia». Desde dentro y fuera de su partido se le ha respondido que la Ley Fundamental alemana obliga a proteger el matrimonio.
Pese a esas críticas, los democristianos han puesto sobre la mesa otra idea que guarda bastantes similitudes con las tesis de la ministra. El secretario general de la CDU, Ronald Portfalla, sugirió en junio eliminar la tributación conjunta y sustituirla por una «tributación familiar» que tenga en cuenta el número de hijos. La canciller Angela Merkel dio de inmediato su apoyo, mientras que el presidente de Baviera y líder de la coaligada CSU, Edmund Stoiber, se mostró tajantemente en contra, puesto que la medida implicaría desconocer el vínculo matrimonial.
La CDU presentó inicialmente esta iniciativa como una forma de aumentar la protección a la familia. Según dijo Portfalla, «el matrimonio seguirá siendo el núcleo de la familia a efectos fiscales», sólo que se introducirán mejoras para las familias con hijos.
Pronto, no obstante, desde el SPD y la propia CDU se argumentó a favor de la reforma aduciendo que el 40% de los matrimonios que tributan conjuntamente no tienen hijos, estableciendo así que el objetivo de la protección del matrimonio y de la familia debe ser el fomento de la natalidad. También ha salido a colación en sucesivas declaraciones públicas el dato del dinero que deja de ingresar el Estado por la tributación conjunta: alrededor de 20.000 millones de euros al año. La respuesta airada de Stoiber ha sido que «el matrimonio tiene una dignidad inherente», se tengan o no hijos. Hermann Kues (CDU), Secretario de Estado parlamentario en el Ministerio de la Familia, añadió que el 90%, y no el 40%, de las declaraciones conjuntas son de matrimonios con hijos.
Otro argumento para los críticos es el que ofrece la experiencia británica. Desde hace décadas, la política familiar se ha orientado progresivamente hacia la política social, con nefastos resultados. Documenta este caso el profesor de la Universidad Autónoma de Barcelona Lluís Flaquer, en un estudio para la Fundación La Caixa («Las políticas familiares en una perspectiva comparada», 2000; ver Aceprensa 9/01). El 80% de los 1,4 millones de hogares británicos formados por un progenitor solo y sus hijos depende de los fondos públicos. El motivo es que ser madre soltera puede resultar rentable, hasta el punto de que, «como han afirmado algunos analistas, estas chicas se casan con el Estado».
En un punto sí ha tenido éxito esta política en el Reino Unido: la tasa de empleo en las madres casadas ha pasado del 39% al 71% entre 1971 y 1995. El reverso de la moneda es que, en ese mismo período, la tasa de empleo entre las madres solteras bajó del 52% al 41%.