Franz-Joseph Huainigg, portavoz parlamentario del Partido Popular Austriaco (democristiano) para Discapacitados, comenta en el diario «Der Standard» («Der Arzt, das Recht und das Kind», 19-07-2006) una reciente sentencia del Tribunal Supremo. En esencia, queda anulada la decisión de dos instancias judiciales inferiores que desestimaron una demanda por daños de una madre contra un doctor por no haber detectado que el niño iba a nacer con Síndrome de Down. Se abre así la posibilidad de una condena contra el médico, si se aprecia que no puso los medios suficientes para detectar la enfermedad.
Huainigg subraya lo inaudito del caso: «responsabilizar a un médico de la existencia de una persona», cuando «su única obligación es curar, no decidir sobre el derecho a la vida de un niño». Un error en el diagnóstico prenatal no puede considerarse como negligencia médica, ya que no es posible tratar una discapacidad en el seno materno, y por tanto carece de sentido responsabilizar al médico de una enfermedad contra la que nada puede hacer. Recuerda también el diputado que la legislación austriaca, aunque no penalice el aborto en determinados supuestos, «deja claro que ningún médico está obligado a practicar o a participar en un aborto». Además, «la Constitución prohíbe la discriminación contra las personas con discapacidad», por lo que un niño con Síndrome de Down tiene el mismo derecho a la vida que un niño sano.
Es importante para Huainigg clarificar que «no existe el derecho a tener un niño no discapacitado, por lo que tampoco existe la obligación del médico a impedir el nacimiento del discapacitado». En los tiempos actuales se insiste además en la integración de las personas discapacitadas y en la mejora de sus niveles de vida. Poco sentido tiene, desde esta perspectiva, «contemplar la discapacidad sólo como ‘daño'». Y menos sentido tiene aún pretender «eliminar la discapacidad del mundo». Tendríamos entonces que hablar de inventar un «derecho» de la madre a matar a su hijo ya nacido, dado que «la mayor parte de las discapacidades se originan en el parto» [es la llamada «eutanasia infantil», que se debate en Holanda].
Hasta ahí la cuestión de principios. Huainigg argumenta además que la sentencia del Supremo va a aumentar la presión sobre los médicos para que utilicen todos los métodos de detección prenatal posibles. «Es discutible que esto beneficie a la madre, ya que también ella sufrirá presiones para que sólo de a luz a un niño sano». Pero la primera víctima es el niño. Esas técnicas de análisis prenatal pueden ser bastante agresivas, de modo que «son previsibles consecuencias negativas para los embriones». Puede originarse una gran paradoja: el médico, cuya misión es curar, estará obligado, si así lo quieren los padres, a realizar pruebas que ponen en peligro la salud del niño y cuya utilidad terapéutica es nula. El temor de Huainigg aumenta al considerar los avances genéticos, que permiten (con riesgos aún mayores para el niño) prever la posibilidad de que la persona desarrolle algunas enfermedades. Con la sentencia del Supremo, «tal vez un médico pueda tener que responder frente a una persona adulta por un cáncer que hubiera podido ser detectado antes del nacimiento».
