EE.UU. refuerza las medidas contra la inmigración ilegal
Ante la sensación de que los indocumentados tienen vía libre para entrar en el país, Estados Unidos ha decidido endurecer su política de inmigración. El Senado estudia ahora un proyecto de ley que incluye la construcción de un muro a lo largo de más de 1.000 kilómetros de la frontera con México. Para algunos senadores, sin embargo, los muros y las alambradas sirven de poco.
La necesidad de trabajadores, de un lado, y la preocupación por la seguridad nacional, de otro, han marcado durante los últimos años el debate en torno a la inmigración en Estados Unidos. La economía necesita más trabajadores manuales y la prueba más clara es que en los últimos cuatro años el 85% de los que llegaron -ilegales o no- encontraron empleo (ver Aceprensa 24/05). En cambio, la inquietud por la seguridad nacional ha llevado al convencimiento de que es preciso cerrar más las fronteras y regular la situación de los casi 11 millones de inmigrantes ilegales que viven hoy en el país.
Trabajadores inmigrantes temporales
Para conciliar ambas exigencias, la Administración Bush propuso, junto a un paquete de medidas destinadas a terminar con la entrada ilegal, poner en marcha un programa de trabajadores inmigrantes temporales. De acuerdo con este programa, se permitiría la entrada -así como la regularización de los que ya están dentro- de trabajadores extranjeros por un plazo de tres años para ocupar empleos vacantes.
El plan de Bush se expuso a las críticas de sus adversarios políticos, que se han cebado con los puntos más represivos de la reforma: reforzar la vigilancia de las fronteras con alta tecnología, agilizar los procesos de deportación de los inmigrantes ilegales sin empleo, etc. Tampoco gusta a los republicanos más recalcitrantes, para quienes el proceso de regularización que propone Bush equivale a una amnistía general de los sin papeles.
Para llegar a una solución intermedia, varios senadores han propuesto proyectos de ley alternativos. El más moderado de todos es el del republicano John McCain (Arizona) y el demócrata Edward M. Kennedy (Massachusetts), que proponen un programa de trabajadores extranjeros y la regularización de los inmigrantes que ya están dentro. Pero, a diferencia del plan de regularización de Bush, exigen como requisito al indocumentado el pago de los impuestos atrasados y un plus de 2.000 dólares. Los senadores republicanos Jon Kyl (Arizona) y John Cornyn (Texas) también proponen un programa de trabajadores extranjeros, pero exigen la salida del país -en un plazo de 5 años- de los inmigrantes ilegales.
Entre las filas demócratas también se han producido discrepancias. Los más reacios a la inmigración son los políticos de los Estados fronterizos, donde crece el recelo ciudadano frente a la inmigración ilegal.
Leyes más duras
El pasado diciembre, la Cámara de Representantes estadounidense dio luz verde -por 239 votos a favor y 182 en contra- al proyecto de ley presentado por el republicano James Sensenbrenner (Wisconsin). Aunque el texto aprobado dejó fuera alguna cuestión delicada -como la de si los hijos nacidos en Estados Unidos de padres inmigrantes ilegales tienen o no derecho a la nacionalidad-, se trata sin duda del proyecto de ley más reacio a la inmigración: prevé construir un muro que cubriría -a lo largo de 1.100 kilómetros- la frontera con México; convierte en delito federal la entrada ilegal en el país; prevé fuertes multas para los empleadores de indocumentados; se aceleran las deportaciones, etc. El proyecto de ley Sensenbrenner se está debatiendo ahora en el Senado. Pero, a juzgar por los proyectos de ley alternativos que han presentado los propios senadores, parece que tiene poco futuro.
La aprobación del proyecto de ley en la Cámara de Representantes provocó el malestar de los gobiernos latinoamericanos. Los responsables de la política exterior de México, Colombia, Guatemala, Belice, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica Panamá y República Dominicana firmaron en la capital mexicana una declaración conjunta en la que denunciaban las nuevas medidas, y reclamaban la protección de los derechos humanos de todos los inmigrantes, estén o no legalizados.
El presidente de México, Vicente Fox, se opuso frontalmente al proyecto de ley y lamentó que la reforma se haya elaborado de manera unilateral por Estados Unidos, y no por la vía de un acuerdo entre los dos países.
Los países latinoamericanos están muy interesados en la política migratoria de EE.UU., no solo para proteger a sus nacionales, sino también porque las remesas de emigrantes se han convertido en un pilar de sus economías. México es el país que más dinero recibe (equivalente a 13.700 millones de euros), lo que supone un 2,5% del PIB, pero hay países centroamericanos donde los envíos suponen más del 15% del PIB.
Malestar al norte de la frontera
Pocos días después de la aprobación de la ley Sensenbrenner en la Cámara de Representantes, el «Washington Post» (3-01-2006) dio a conocer los resultados de una encuesta sobre la inmigración ilegal realizada por el diario en colaboración con ABC News. La encuesta refleja, por un lado, el malestar público hacia la inmigración ilegal: el 56% de los encuestados considera que hace daño al país, mientras que un 37% entiende que es beneficiosa. Pero, por otro, 3 de cada 5 estadounidenses se muestran partidarios de que se queden los que ya están dentro, en lugar de deportarlos.
La incapacidad de los políticos para afrontar este problema ha exasperado a los ciudadanos que viven en Estados limítrofes de México, y algunos han decidido hacer algo por su cuenta. El año pasado, en Arizona, surgió el «Minuteman movement», una iniciativa de los habitantes de la zona para patrullar la frontera e impedir la entrada de inmigrantes ilegales.
A pesar de las nuevas medidas de seguridad adoptadas tras los atentados contra las Torres Gemelas, el flujo de sin papeles entre México y Estados Unidos ha sido continuo. Según un informe publicado en septiembre de 2005 por el Pew Hispanic Center -un «think tank» con sede en Washington-, se estima que el número de inmigrantes ilegales que entró en Estados Unidos desde el 11-S se ha mantenido prácticamente igual que antes (cerca de un millón al año).
Escenario sombrío
El impulso, a principios de los noventa, de las políticas de cierre fronterizo obligó a los «espaldas mojadas» a buscar rutas alternativas para cruzar a Estados Unidos. Esto ha incrementado el riesgo y la vulnerabilidad de los inmigrantes, que intentan atravesar el desierto de Arizona. Las temperaturas extremas, los tiroteos en la frontera y las artimañas de los «coyotes» -contrabandistas que pueden llegar a cobrar hasta 2.000 dólares por sus servicios como guías, y a veces dejan abandonados a su suerte a los inmigrantes-, han convertido el cruce a Estados Unidos en una travesía peligrosa.
Según informa «Le Monde» (15-11-2005), desde 1995 se han descubierto en las zonas desérticas que rodean la frontera más de 3.600 cadáveres de inmigrantes. En 2005, más de 400 mexicanos murieron cuando intentaban cruzar la frontera aunque, como apunta «The Economist» (14-01-2006), sólo en dos casos estuvo involucrada la Policía de Fronteras.
A ambos lados de la frontera, la Iglesia católica ha procurado defender una política de regulación migratoria que respete la dignidad de los inmigrantes. La Conferencia Episcopal de Estados Unidos lanzó en mayo de 2005 una campaña para «concienciar a los católicos y a las personas de buena voluntad sobre los beneficios de la inmigración para el país; resaltar su contribución y mejorar los servicios de asistencia a los inmigrantes que ofrecen las organizaciones católicas». No hay que olvidar que entre los católicos estadounidenses el 40% son de origen hispano (ver Aceprensa 60/05).
Por su parte, cuando se aprobó en la Cámara de Representantes el proyecto de ley Sensenbrenner, los obispos de México recordaron que muchas personas deciden emigrar por falta de trabajo y de suficientes recursos económicos, por lo que no pueden ser vistos como delincuentes. Por esta razón, se oponen a las «medidas simplemente restrictivas y de fuerza», y rechazan «las propuestas de persecuciones y de muros contra los migrantes que no solucionan nada y hacen más penosa e injusta su situación».
Una presa, en vez de un muro
Aun desde una perspectiva meramente económica, bastantes analistas creen que hay que abrir más el paso a la emigración legal. El columnista David Brooks («International Herald Tribune», 16-08-2005) observa que la economía requiere cientos de miles de nuevos trabajadores para trabajos no cualificados. «Estados Unidos necesita a estos trabajadores, pero les empuja a una economía sumergida con políticas hipócritas de inmigración. Como dice Tamar Jacoby, del Manhatthan Institute, «es muy duro hacer respetar leyes poco realistas»».
Por eso, Brooks cree que la solución al problema pasa por aceptar la entrada controlada de inmigrantes. «La única manera de restablecer el orden es abrir vías legales que permitan el flujo de trabajadores de forma visible y ordenada. No podemos construir un muro para frenar esta riada humana; necesitamos una presa». En este sentido, ve con buenos ojos el programa de trabajadores temporales.
Otra cuestión es qué hacer con los 11 millones de indocumentados que ya están dentro. Está claro que deportarlos no es la solución, pues muchos son trabajadores honrados con casa y familia. Por eso, a su juicio, «la regularización es una cuestión de equilibrio»: si se penaliza con dureza a los inmigrantes ilegales que salgan a la luz, muchos seguirán en la ilegalidad; por otra parte, han incumplido la ley y deben pagar por ello. Una buena medida para lograr el equilibrio podría ser la que recoge el proyecto de ley McCain-Kennedy, concluye Brooks.
Los analistas coinciden en que la inmigración se va a convertir en uno de los temas estrella en las próximas elecciones presidenciales.
Los republicanos saben que la seguridad nacional es una cuestión prioritaria en la opinión pública, pero también son conscientes del riesgo que tiene sacar adelante una legislación abiertamente contraria a la inmigración.
Juan Meseguer Velasco