Análisis
En España se empieza a recurrir a ellos, y el Ministerio de Sanidad se opone
La sangre del cordón umbilical (SCU) es rica en células madre válidas para tratar distintas clases de cáncer como linfomas o leucemias. Cada vez se les descubren más aplicaciones en medicina regenerativa, como sucede con otras células madre, con la ventaja de que estas son de las más fáciles de obtener. Ya en 2004 se hicieron en Japón más trasplantes con ellas que con las de médula ósea.
Como las células madre de SCU duran congeladas quince años o quizá más, se pueden usar para tratar al mismo niño del que se obtuvieron si después desarrolla una enfermedad, como un cáncer infantil, a no ser que el mal sea hereditario (p.ej., la anemia de Falconi), pues en tal caso las células madre tendrían el mismo defecto genético. Y si las células valen pero el mismo niño no las necesita, pueden servir para otra persona genéticamente compatible, que puede ser incluso alguien sin relación de parentesco, aunque eso es mucho menos probable.
Se comprende, pues, que cada vez más padres quieran conservar la SCU para su mismo hijo o un familiar, aunque depositarla en un banco privado cuesta 1.500 euros o más. Podrían donarla a un banco público, pero entonces no la tendrían reservada para uso propio. Ciertamente, la probabilidad de que lleguen a necesitarla es muy pequeña; pero lo mismo ocurre con otras muchas eventualidades para las que la gente contrata pólizas de seguro: muerte en accidente, incendio En el caso de clientes españoles, tienen que trasladar la SCU al extranjero, porque en España solo están autorizados los bancos públicos.
Eso es lo que han hecho los Príncipes con la SCU de su hija la infanta Leonor, enviada a una empresa privada de Arizona, según se ha sabido ahora, decisión que contribuirá a respaldar esta técnica ante la opinión pública.
En España, un banco privado que empezó esta actividad fue cerrado por la autoridad en cuanto se divulgó el caso. Y es que a la Administración española le parece muy mal que la gente contrate esos servicios. El Ministerio de Sanidad se apresuró a asegurar que la Ley de Trasplantes no los permite, y por si hubiera dudas se ha puesto a preparar un decreto para prohibirlos expresamente. El Sistema Nacional de Trasplantes, dependiente del Ministerio, se opone porque contradicen los principios básicos de la donación, consignados en la Ley de Trasplantes: altruismo y que no haya ánimo de lucro.
Guardar la SCU del hijo no es una pura manifestación de altruismo, aunque no lo excluye: quien guarda células a sus expensas también podría donarlas si valieran para otro. En el sistema público español hay 20.000 muestras de SCU. Cuantas más muestras haya en bancos, públicos o privados, mayor es la probabilidad de encontrar células válidas para quien las necesite.
Donde sí hay ánimo de lucro
En todo caso, no se puede prohibir a nadie que conserve la SCU donde quiera, ni se ve cómo puede eso ser ilegal. La Ley de Trasplantes impone la gratuidad para impedir el tráfico de órganos; pero el depósito de SCU en un banco privado, aunque tenga precio, no es venta de células. Si al Ministerio le preocupa el posible tráfico de material biológico, haría mejor en mirar a otro sector, donde el riesgo es real y el ánimo de lucro evidente. Las clínicas de reproducción asistida recurren a la donación de gametos, que por ley ha de ser gratuita; pero se permite una compensación por las molestias, por donde se puede colar el tráfico.
En el caso de la donación de óvulos, las molestias de la estimulación ovárica son importantes. Entre el 0,3% y el 5% o más de las mujeres sometidas a ese procedimiento sufren complicaciones como dolor severo, fallo renal o riesgo de quedar infértiles, explica la Prof. Natalia López Moratalla en una entrevista para el semanario «Alba» (27 enero-2 febrero 2006). Por eso, añade la profesora, «las mismas molestias de la multiovulación para la mujer que quiere ser madre se consideran lo suficientemente fuertes para que las clínicas de fecundación «in vitro» congelen los embriones en vez de repetir el tratamiento y la punción». En el caso de una donante, hará falta una poderosa motivación o una satisfactoria compensación por las molestias.
El peligro de tráfico encubierto no sería para preocupar si la donación de óvulos fuera rara. Pero resulta que España es el país europeo donde más se practica, con gran diferencia: en casi el 11% de los ciclos de reproducción asistida, según muestran los datos recopilados por la ESHRE (Sociedad Europea de Reproducción Humana y Embriología; cfr. «Assisted reproductive technology in Europe, 2000», en «Human Reproduction» 19 [2004]: 490-503). En España, que registra el 5% de los ciclos que se realizan en Europa, los ciclos con óvulos donados (cerca de 1.600 en 2000) son el 24% del total del continente.
El actual equipo del Ministerio de Sanidad ha redactado la última reforma de la ley de reproducción asistida, que da vía aún más libre a las clínicas del ramo. Permite la criba eugenésica de embriones para hallar «bebés medicamento», generar embriones sin finalidad de reproducción, la clonación «terapéutica», crear híbridos de humano y animal y casi cualquier uso de los embriones. Son prácticas por las que se cobra o que pueden reportar beneficio económico. Resulta paradójico que los mismos promotores de este «laissez-faire» se erijan en campeones del altruismo cuando algunos pagan para conservar sus células.
Rafael Serrano (ACEPRENSA)