La reflexión que estos días realiza en Nueva York la comisión de la ONU sobre el Estatuto de las Mujeres ha puesto de manifiesto que, a pesar de los avances conseguidos desde la IV Conferencia Mundial de la Mujer (Pekín, 1995), todavía queda mucho por recorrer en lo que se refiere a la consecución de la igualdad en ámbitos como la economía, la salud, la educación o la violencia.
Las dificultades para aprobar una esquemática declaración de un folio que, en principio, no venía más que a reafirmar y a establecer el compromiso de los gobiernos para la aplicación de la Plataforma de Acción adoptada hace ahora diez años, muestra el débil consenso de aquella conferencia para definir el mismo concepto de promoción de la igualdad. El breve documento, adoptado por unanimidad el pasado viernes, ocasionó un amplio y acalorado debate sobre el derecho al aborto que estuvo a punto de bloquear el resto de las sesiones.
Los representantes de Estados Unidos propusieron una enmienda con el fin de que quedara claro que el compromiso alcanzado en Pekín a favor de los servicios de salud reproductiva no incluye el derecho al aborto, pues si bien es cierto que en la Plataforma de Acción aprobada en 1995 no se menciona como tal, «en algunos países las ONG la han utilizado como referencia para promover planes pro-aborto», denunció la delegada norteamericana, Ellen Sauerbrey. Tras cuatro días de intensa negociación, que sirvieron para decantar las posturas, Sauerbrey accedió a retirar la enmienda: «Hemos podido escuchar de otras naciones que nuestra interpretación es su interpretación, por lo que reconocemos que la enmienda es redundante, pero ha cumplido su misión».
Durante los cuatro días de tira y afloja, la presión de Estados Unidos ha conseguido poner sobre la mesa algunas interesantes declaraciones que respaldan su postura. Por ejemplo, Adrienne Germain, presidente de la International Women’s Health Coalition, que en 1995 formó parte de la delegación de Estados Unidos, recordó que la declaración de Pekín «no tenía validez legal ni era un tratado», por lo que no cabe la posibilidad de que cree nuevos derechos humanos o el derecho al aborto. En el mismo sentido se manifestó Kyung-wha Kang, presidenta de la comisión, quien aclaró que la Plataforma de Pekín es un documento político y no un tratado de obligatorio cumplimiento.
El debate sobre el aborto fue uno de los puntos más controvertidos durante la Conferencia de Pekín y el que concitó la mayoría de las reservas finales en la votación. Allí se acordó mejorar las condiciones del aborto en aquellos países en los que fuera legal y, a la vez, se aprobó una recomendación que propone revisar las leyes y evitar la penalización de las mujeres que lo practiquen -no la de los profesionales o centros sanitarios- en los países en los que está penalizado.
La iniciativa de enmienda aclaratoria de Estados Unidos -acorde con la política antiabortista seguida por el gobierno de George Bush- fue recibida con fuertes críticas y abucheos, y el rechazo de la gran mayoría de los delegados de los 130 países representados, a excepción de Egipto y Qatar. Otro segundo bloque de países, ente los que se incluían Vaticano, Costa Rica, Nicaragua y Panamá, también se inclinaron a favor de incluir la aclaración pedida por Estados Unidos.
Largo recorrido
La convocatoria de Nueva York -que se prolongará hasta el 11 de marzo- ha reunido alrededor de seis mil representantes de organizaciones defensoras de los derechos de la mujer y tenía previsto debatir otras medidas para conseguir la igualdad en ámbitos como la educación, la participación en las políticas de empleo y la economía, tras examinar un informe que solo reconoce la existencia de «moderados avances» en los últimos diez años, sobre todo en la legislación aprobada en diferentes países contra la discriminación de las mujeres.
A lo largo de la semana se presentarán varias resoluciones. Estados Unidos ya ha anunciado una, dirigida a aumentar la capacidad económica de las mujeres, que plantea reformar las normas legales sobre herencias, créditos y propiedad, ya que en muchos países todavía existen limitaciones generalizadas para las mujeres. Otra propuesta, que ha levantado ya algunas críticas, se dirige a promover una investigación sobre la posible relación entre el tráfico creciente de mujeres jóvenes y la prostitución legalizada y el denominado turismo sexual.
Según Adrianne Germain, estas iniciativas han de tomarse con cautela, pues «muchos países creen que penalizar la prostitución crearía nuevos problemas; si algo se ilegaliza, se vuelve clandestino y en esas condiciones no cabe la asistencia sanitaria, la protección contra la violencia ni las medidas de prevención contra el sida».
M. Ángeles Burguera