En noviembre de 1999 se promulgó en Francia la ley del PACS (pacto civil de solidaridad), al que pueden recurrir parejas del mismo o distinto sexo para regular su vida en común y gozar de ciertos derechos. Cinco años después, la fórmula ha demostrado tener aceptación. El gobierno planea mejorarla, para salvar algunos inconvenientes en materia patrimonial que la experiencia ha puesto de manifiesto (cfr. servicio 173/02).
Esta unión legal confiere algunos deberes y derechos semejantes a los del matrimonio en el plano económico, pero es neutra desde el punto de vista sexual: no presupone que la relación es de tipo marital o análogo, sino que puede ser por conveniencia o por cualquier otro motivo. No se hace pública la proporción de PACS entre personas del mismo sexo. Para disolver un PACS basta el mutuo acuerdo o la voluntad de una sola parte, comunicada oficialmente, sin más formalidades.
Hasta octubre pasado se habían registrado 131.651 PACS y se habían disuelto 15.641 (casi el 12%). La constitución de PACS ha ido creciendo de año en año, con la excepción de 2001, hasta más de 30.000 anuales; las disoluciones han crecido sin interrupción. En la medida en que el PACS puede servir de alternativa al matrimonio para las parejas de hombre y mujer, sigue siendo una opción minoritaria, pues en Francia se celebran en torno a 300.000 bodas anuales.
Hoy se ha apagado la polémica que en su día suscitó la creación del PACS, impulsada por los socialistas, entonces en el poder. El actual gobierno centrista apoya la fórmula y quiere mejorarla, en parte para desactivar las demandas de «matrimonio gay» y adopción de niños por parte de homosexuales. Ya ha incluido en el proyecto de ley fiscal para 2005 una primera modificación: suprimir el plazo de tres años ahora exigido para que los miembros de un PACS puedan acogerse a la tributación conjunta.
Un informe encargado por el Ministerio de Justicia a una comisión especial, que lo ha entregado este mismo mes, indica las líneas de la previsible reforma. La comisión se muestra partidaria, en primer lugar, de mantener los principios básicos del PACS: una reglamentación común para todas las parejas, del mismo o distinto sexo, y que el PACS siga siendo un contrato flexible, sin vocación de aproximarse al matrimonio. A la vez, sugiere darle una mayor formalidad: contra lo que algunos piden, no asiente a que el PACS se firme en la alcaldía -donde se celebran los matrimonios civiles-, pero propone que conste en el registro civil. Las demás propuestas del informe se refieren a cuestiones materiales: definir en la ley el deber de asistencia mutua de los miembros del PACS mientras dure la unión; dar la posibilidad de optar entre el régimen de separación de bienes y el de comunidad de bienes; equiparar el PACS al matrimonio en ciertos derechos laborales, como vacaciones simultáneas, permisos laborales, o que el miembro superviviente pueda recibir la pensión del fallecido.
Todo eso no satisfará a las organizaciones «gay» empeñadas en conseguir el matrimonio y la adopción. Pero otras prefieren dejar de lado esa demanda y centrarse en la mejora del PACS. También el Partido Socialista está dividido: mientras unos quieren presentar un proyecto legislativo de matrimonio homosexual, otros se oponen enérgicamente (cfr. servicio 72/04).