Guatemala. La derrota de las reformas a la Constitución guatemalteca planteadas en el referéndum del pasado 16 de mayo no significa, contra lo que han afirmado muchos medios extranjeros, un revés para el proceso de pacificación. Aunque las propuestas estaban elaboradas -así indicaba su preámbulo- en «cumplimiento de los acuerdos de paz», los electores no estaban convencidos de ello. La participación fue escasa (poco más del 18%) y hubo un sorpresivo triunfo del «no»: 10,8%, contra 7,9% del «sí».
Fue sorpresivo porque tanto el gobierno como la antigua guerrilla, y las ONG con fuerte apoyo internacional, Minugua (organismo de la ONU para verificar el proceso de paz), etc. apoyaban claramente el «sí». Las campañas que se hicieron -orientadas en principio a mover a participar- planteaban el «sí» como la respuesta más acorde con los deseos de paz. Había voces por el «no», pero tan pocas, que incluso los mismos que las aireaban estaban convencidos de que perderían.
El resultado no fue un rechazo al proceso de paz iniciado en 1996, que siempre ha contado con el apoyo prácticamente unánime del pueblo. Las razones del «no» y de la clamorosa abstención son otras, más complejas.
Quizá la primera es que en los acuerdos de paz se habían decidido 12 reformas a la Constitución. Los diputados, una vez con el paquete en las manos, decidieron ampliarlas a 50. Pero la opinión pública percibió esa ampliación como manipulación o cabildeo político entre los partidos.
Además, las 50 propuestas estaban agrupadas en cuatro preguntas. Y cada una incluía muchas implicaciones, que al ciudadano medio le era imposible captar por la complejidad de las fórmulas. Baste transcribir la pregunta número 1: «¿Ratifica usted las reformas a la Constitución de Guatemala, aprobadas por el Congreso de la República de Guatemala en materia de ‘Nación y Derechos Sociales’, contenida en los Artículos 1, 66, 70, 94, 110, 135 literal g), 143, Transitorios 13, 30 y 32?». A lo que había que responder sí o no. Las otras tres cuestiones eran del mismo corte, sólo que, respectivamente, sobre «Organismo Legislativo», «Organismo Ejecutivo» y «Organismo Judicial y Administración de Justicia». Es probable que muchos se abstuvieran o votaran «no» porque no estaban de acuerdo en alguna cosa de ese paquete, pero no tenían otra posibilidad que aceptar todas o ninguna de las propuestas de cada papeleta.
Esto tal vez perjudicó a las reformas sobre la organización y funciones del Ejército, previstas en los acuerdos de paz. Se proponía limitar la misión de las fuerzas armadas a la defensa nacional -suprimiendo la referencia a la «seguridad interior»-, así como subrayar su dependencia de la autoridad civil. Esas propuestas eran claras y, en general, la gente las consideraba positivas; pero iban mezcladas con otras más discutidas.
También es probable que una buena parte de los electores temieran las consecuencias, imprevisibles o dudosas, de las propuestas. Un ejemplo fue el tema racial, capítulo sin duda espinoso en Guatemala. Algunas de las reformas parecían imprecisas o problemáticas. Así, un añadido decía: «El Estado reconoce a las autoridades tradicionales de las comunidades indígenas»; pero no especificaba cuál sería la relación y la precedencia jerárquica entre esas autoridades y las municipales, departamentales o estatales. También se proponía consultar previamente con los pueblos indígenas las medidas administrativas que pudieran afectarles, mediante un mecanismo que habría de determinar una ley específica aún inexistente. Esto dejaba en el aire varias cuestiones: ¿qué tipo de medidas requerirían consulta previa?; ¿en qué lugar quedarían las decisiones del Congreso, elegido también por los indígenas?; ¿la consulta sería vinculante o no?
En fin, para un grupo fuerte de opinión, las propuestas en esta área acentuaban las diferencias nacionales en vez de unir, y provocarían nuevos conflictos.
Con respecto al electorado indígena, es muy difícil calibrar su influencia. Probablemente la postura mayoritaria entre los indígenas fue la misma del guatemalteco medio. Una muestra podría ser el caso de Quetzaltenango, ciudad de mayoría indígena y quizá la segunda del país, que votó por el «no».
El proceso de paz sigue adelante. El referéndum era sólo un instrumento, inadecuado, a la vista de los resultados. La mayor parte de las fuerzas del país concuerdan en que la modernización de la estructura del Estado puede hacerse dentro del marco de la Constitución actual. Y, de ser necesario, podrá hacerse otro referéndum, pero con temas más concretos y estudiados.
Muchos, por esto, han dicho que quien perdió fue el Congreso actual, que debía haber convocado a una Asamblea constituyente, dada la envergadura de lo que pretendía. José Joaquín Camacho.