Las multinacionales de artículos deportivos Nike y Adidas continúan limpiando su imagen -criticada por emplear a niños en sus fábricas asiáticas- con medidas de control del trabajo y, ahora, con la creación del ombudsman. Con esta figura tratan de impedir los contratos a niños y cumplir la legislación laboral del lugar donde están situadas sus fábricas subsidiarias.
Nike en 1992 y Adidas el año pasado se impusieron unas medidas de control del trabajo infantil contenidas en un código de conducta. Adidas establece la edad mínima de sus trabajadores en 15 años, o -por excepción- en 14 años en aquellos países donde la ley lo permita. Y Nike reconoce que no ha querido rescindir los contratos existentes a menores de esa edad, porque «detrás de cada trabajador hay una familia».
En muchos de estos países asiáticos no están aceptadas las normas de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que establece la edad mínima para trabajar en 16 años. De esta forma, habrá que esperar las decisiones del vicepresidente de Procesos Laborales (Nike) y del director de Asuntos Sociales y del Medio Ambiente (Adidas), los Ombudsmen que se encargarán de que las fábricas no exploten a menores, respeten el medio ambiente e incluso colaboren con las ONG.
La firma italiana Benetton también fue acusada el pasado octubre en un artículo publicado en el diario Corriere della Sera de emplear a menores de 15 años en Turquía, donde trabajan durante doce horas, en condiciones insalubres. Benetton ya ha anunciado la ruptura de relaciones comerciales con seis empresas turcas con las que tiene acuerdos. Sin embargo, el caso ha sido particularmente incómodo, ya que Benetton es muy conocida en Italia por sus campañas publicitarias con temas como la lucha contra el racismo o la discriminación contra los enfermos de SIDA.
También algunas empresas estadounidenses como Tommy Hilfiger, Sears, Wal-Mart y otras han sido demandadas por organizaciones pro derechos humanos. La acusación sostiene que 18 compañías estadounidenses se pusieron de acuerdo con los propietarios de las fábricas en las Islas Marianas del Norte -bajo administración fiduciaria de Estados Unidos- para privar de sus derechos laborales a 15.000 trabajadores, la mayoría mujeres jóvenes procedentes de China, Filipinas, Bangladesh y Tailandia. Según International Herald Tribune (15-I- 99), la demanda exige 1.000 millones de dólares de indemnización por daños y perjuicios, y aporta pruebas con investigaciones privadas, testimonios de trabajadores, etc.
Con frecuencia, las grandes compañías que establecen sus fábricas en lugares no muy desarrollados se aprovechan de la penuria económica para aumentar su producción y el número de empleados, que llegan a trabajar doce horas diarias, siete días semanales, en malas condiciones. En ocasiones, si los empleados no cumplen los niveles de productividad, son privados de su salario. Desde que la cuestión del trabajo infantil saltó a la prensa y empezó a preocupar, multitud de empresas adoptaron códigos de conducta y pegaron en sus artículos etiquetas que aseguraban el comportamiento ético de los productores.
Sin embargo, después del análisis de estos códigos por parte de la OIT, en algunos casos «la etiqueta es sólo un argumento publicitario», informa Le Monde (13-XI-98).