El mecanismo de la «certificación» de EE.UU.
Como todos los años, la Administración estadounidense acaba de anunciar a qué países otorga su «certificado» de aliados fiables en la lucha contra la droga y a cuáles no. Este procedimiento es cada vez peor visto por los países latinoamericanos implicados, que critican sus motivaciones y su eficacia práctica. Mientras tanto, en el frente interno, Estados Unidos no puede mostrar ninguna victoria importante en el descenso del consumo de drogas.
La política antidrogas de Estados Unidos aplicada desde la década de los años 80 ha fracasado en su intento de reducir la producción y el consumo de drogas en su territorio y en los países productores. De modo que, trece años después de que la Casa Blanca aprobara el llamado mecanismo de la «certificación» para evaluar cada año la lucha de los países productores contra los estupefacientes, los resultados son cada vez más discutidos por los países implicados.
Un instrumento controvertido
Además, el problema del narcotráfico se ha convertido en un asunto político, pues algunas veces la certificación sólo se otorga por el «interés nacional de Estados Unidos para garantizar su seguridad», sin tener realmente en cuenta los resultados de algunos países con los que no interesa enemistarse. Es el caso de México, que todos los años ha sido certificado sin tener méritos objetivos.
La certificación se traduce en ayudas económicas, materiales y sociales para afrontar el problema de las drogas. Un país puede ser certificado por completo, certificado condicionalmente o no certificado. La evaluación anual es realizada por distintas agencias de seguridad y diplomáticas de Estados Unidos en cada país, aunque la Casa Blanca adopta la última decisión. La certificación plena garantiza el voto positivo de Washington en las peticiones de préstamos que los gobiernos de los países implicados hacen al Banco Mundial. Los países no certificados son considerados «países parias» y los certificados con condiciones o parciales son «vigilados» con más cuidado y, simplemente, son «aprobados» porque «la seguridad nacional estaba en riesgo». Es el caso de México y Colombia en años anteriores.
Pero cada vez más voces dicen que este mecanismo no ha servido para fomentar una cooperación efectiva contra el tráfico de drogas. Más bien se ha convertido en un mecanismo «odioso» que genera controversias y revive el fantasma imperialista. En 1998 los jefes de gobierno de los países del área andina -Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia- se preguntaban: «¿Por qué Estados Unidos nos señala y exige metas en la erradicación de cultivos ilícitos mientras el consumo en las calles de su país va en aumento?» (1).
Las razones políticas parecen influir de manera indebida en el autoritario mecanismo. Por ejemplo, Colombia había sido descertificada en los últimos cuatro años, pero no por bajos o malos resultados en la lucha contra el narcotráfico, sino por las dudas que siempre rodearon la elección del presidente Ernesto Samper (1994-1998) y la supuesta participación de los cárteles de la droga en su campaña política. Esta situación ha cambiado con la elección del nuevo presidente, Andrés Pastrana. El pasado 26 de febrero, la Casa Blanca concedió la certificación al gobierno, si bien sus logros no superaban a los que en su momento alcanzó el gobierno de Samper.
Este año fueron descertificados algunos países que tienen una situación política interna de mayor debilidad: Haití y Paraguay, sacudidos por situaciones de crisis que envuelven nada menos que el alcance de las funciones de los dos presidentes, René García Preval y Raúl Cubas, respectivamente.
Paraguay produce por sí mismo pocas drogas, pero EE.UU. le reprocha que 40 toneladas de cocaína pasan a través de su territorio, de camino hacia Europa o Norteamérica; y que sus esfuerzos para evitarlo apenas fueron eficaces en 1998 por la inestabilidad política. La decisión de Clinton podría afectar a la estabilidad interna de los dos países y generar enfrentamientos políticos que no convienen. Quizá por eso EE.UU. no aplicará a Paraguay las sanciones económicas que implica la descertificación.
Aumenta el consumo
Desde la adopción del mecanismo de la certificación, en 1986, el problema ha crecido. Hoy se consume más droga, la producción es mayor, las variedades también, y además son más peligrosas, y hay más naciones afectadas por sus consecuencias destructoras.
Según datos publicados en el periódico New York Times (1-III-99), la población carcelaria de Estados Unidos ha crecido hasta un récord de dos millones de reclusos, por delitos relacionados en su mayoría con el tráfico o consumo de drogas. El 50% de los crímenes violentos fueron bajo el efecto de las drogas.
Pero las duras leyes contra la droga no han reducido el consumo global de estupefacientes, que está más o menos al nivel de los años setenta.
Por esta razón, los países en vías de desarrollo han rechazado el señalamiento y evaluación que todos los años hace Estados Unidos. Hoy prefieren ver el problema de las drogas como un problema global, en el cual son corresponsables los países productores y los consumidores.
Tras 20 años de lucha contra las drogas, los países que más han sufrido -Colombia, Perú y México- advierten que Estados Unidos carece de título para asumir esas funciones de juez en virtud de una ley interna que no puede tener efectos internacionales. Un juicio de ese tipo correspondería a una entidad de tipo multilateral, que no sólo debería evaluar la efectividad de las políticas contra la producción, sino también las estrategias contra el consumo y el lavado de dinero. Esta es una crítica que no sólo es manifestada por los gobiernos sino también por medios de información de otros países consumidores, entre ellos la revista británica The Economist (20-II-99).
Los gobiernos latinoamericanos implicados mantienen que la política antinarcóticos no puede tener como objetivo lograr una certificación, de pocas consecuencias prácticas en la producción de drogas; más bien se trata de comprometer a otros países, que muy poco han hecho hasta el momento por asumir los costos políticos y económicos que implica el combate decisivo contra el consumo, el lavado de dinero y la venta de insumos químicos necesarios para procesar la pasta de coca.
La política antidrogas en Estados Unidos
En Estados Unidos, combatir el narcotráfico en la calle con el fin de ejercer un impacto en el mercado de drogas al aire libre y desmantelar las organizaciones de tráfico de drogas es parte integrante de la nueva estrategia del presidente Bill Clinton. Al arrestar a los traficantes y disuadir a otros de que ocupen sus lugares, se hará más difícil que los consumidores de drogas puedan encontrar fuentes de abastecimiento.
La Oficina de Política Nacional de Control de Drogas ha señalado en su último informe que las drogas generan una conducta criminal (2). «La cocaína, especialmente en la forma de crack, y la heroína son particularmente notables por sus poderes adictivos». Y mientras mayor sea el consumo de drogas, mayor es el riesgo de estar involucrado en delitos más graves que la simple posesión y consumo de droga.
Los consumidores de droga se involucran con más frecuencia en crímenes, y a medida que aumenta el consumo de drogas, tiende a aumentar igualmente el número de delitos que la persona comete.
Los reclusos de cárceles y prisiones confiesan altas tasas de consumo de droga, y más del 25% afirma que estaba drogado cuando cometió el delito que llevó a su encarcelamiento. La violencia es común en la distribución de drogas ilícitas y muchos homicidios están relacionados con el narcotráfico. Un alto porcentaje de víctimas de homicidio están drogadas en el momento de morir.
Cuando se observan estos datos, es fácil concluir que en la guerra contra la droga Estados Unidos tiene un frente interno no menos importante y decisivo que el exterior.