Desde 1990 se ha triplicado el número de jóvenes españoles que presentan objeción de conciencia al servicio militar, hasta el punto de que se teme que dentro de unos años, por el efecto combinado de este fenómeno y de la baja natalidad, las fuerzas armadas no puedan llenar sus filas. También en Francia ha aumentado rápidamente desde hace tres años el número de objetores, aunque el total queda muy por debajo del de España.
En España está reconocida legalmente la objeción de conciencia al servicio militar desde 1985. En los primeros años, el número de objetores rondó los 7.000 anuales. Pero después ha habido un incremento espectacular: de 21.100 en 1990 se ha pasado a 68.200 el año pasado. Los jóvenes que se incorporaron al servicio militar en 1993 fueron unos 220.000, que es aproximadamente el número de reclutas que necesitan los ejércitos cada año. Como las próximas generaciones de varones que llegarán a la edad militar no pasan de 300.000, si la objeción continúa creciendo al ritmo actual, pronto no se podrá disponer de los soldados previstos.
El fuerte aumento de objetores parece deberse a las condiciones en que se cumple el servicio militar y la prestación social sustitutoria (PSS), establecida para los objetores. La PSS no es mucho más exigente que la otra posibilidad: dura trece meses, frente a nueve el servicio militar. Por otro lado, es vox populi que, en la mayoría de los casos, los objetores trabajan más bien poco en la PSS, y casi nunca son destinados fuera de sus lugares de residencia, lo que es más frecuente entre los reclutas. Además, la avalancha de objetores hace que no haya suficientes puestos para ellos: actualmente hay 31.500 pendientes de destino y sólo 28.000 plazas disponibles. Para aumentar los puestos, el gobierno ha suscrito un acuerdo con la Iglesia, a fin de que los objetores que lo deseen puedan cumplir la PSS en organizaciones asistenciales católicas.
En Francia, donde objetaban unos 2.500 jóvenes al año hasta 1990, se ha pasado a 7.200 en 1993. Pero allí el sistema es distinto. Existe un único servicio nacional obligatorio, que se puede cumplir en el ejército o en actividades civiles. La prestación social dura veinte meses, el doble que el servicio militar. El año pasado ingresaron en filas 235.700 reclutas, mientras que el servicio civil ocupó a 20.500 jóvenes. Otros 4.700 prestaron servicio en tareas de cooperación al desarrollo.