El gobierno de Pekín ha anunciado un nuevo programa de control de la natalidad, con el que pretende limitar la población a 1.300 millones para el año 2.000. Al mismo tiempo han trascendido denuncias de las violencias ejercidas por las autoridades para imponer la política del hijo único.
Esta política, iniciada hace veinte años, ha logrado rebajar el índice de crecimiento demográfico del 2,5% anual en la década de los setenta al 1,1% actual. Sin embargo, al haber alcanzado la cifra de 1.200 millones de habitantes en 1994, seis años antes de lo esperado, las autoridades chinas han hecho sonar de nuevo la alarma. Según los datos oficiales, en 1993 hubo 21 millones de nacimientos frente a 8 millones de defunciones. Cifras todavía distantes del crecimiento cero, que era el objetivo perseguido por la campaña.
Los nuevos esfuerzos para controlar el número de nacimientos se centrarán en la población rural, donde la tasa de natalidad es más alta. Para ello se han anunciado incentivos materiales a las familias que tengan un solo hijo.
Al margen de declaraciones oficiales, las campañas de control demográfico en China no se limitan al convencimiento o a los incentivos (cfr. servicio 117/94). Un caso reciente, divulgado por la agencia Asia News, se refiere a dos pueblos de montaña de la provincia de Habei, Feng Jia Zhuang y Long Tian Gou, de unos dos mil habitantes, el 99 por ciento católicos.
Los habitantes de estos dos pueblos han sido víctimas de vejaciones y torturas desde la primavera de 1994 por no seguir la política oficial. «A algunos los colgaban cabeza abajo, a otros se les obligaba a permanecer acurrucados bajo una silla, a otros les quemaban la lengua con descargas eléctricas. Y han usado muchas torturas nunca vistas hasta ahora, con instrumentos inhumanos y crueles».
El relato, que la agencia dice haber confirmado por diversas fuentes, excepto las oficiales, que lo han negado, describe que el gobierno local ha creado «un tribunal volante y una prisión». El grupo está capitaneado por el alcalde de la ciudad, el cual, además de confiscar bienes y dinero a los habitantes, recibe los honores del gobierno por el celo con que hace cumplir el programa demográfico.
Otros testimonios desmienten también que el gobierno confíe solo a la persuación la política del hijo único. Según el ginecólogo Karl Zaehres, del Caritas Medical Center de Hong Kong, las madres que esperan un segundo hijo «son tratadas con violencia». Y las multas previstas para quien tiene un segundo hijo oscilan entre 500 y 8.000 yuanes, cuando la renta anual media de los campesinos asciende a 1.220 yuanes. Por esta razón, muchas familias admiten el aborto.