Una mejora económica y una reforma política incompletas
Puebla. Cuando México creía ir a buena velocidad en el tren del desarrollo, la máquina descarriló con la desastrosa devaluación del peso en diciembre de 1994y el país se vio contra las cuerdas. Tras las rigurosas medidas de estabilización, la economía creció un 4% en 1996, y el pasado 15 de enero el presidente Zedillo anunciaba el reembolso anticipado del saldo de la deuda contraída con EE.UU. en el momento de la crisis financiera. Pero la recuperación económica no se nota aún en las condiciones de vida, lo que provoca el malestar social.
México arrastra, desde diciembre de 1994, una de sus peores crisis económicas de los últimos 70 años. Al crónico déficit en la balanza comercial se sumó la impericia del nuevo Gabinete, que produjo la abrupta devaluación del peso. Esto sumió al país en una profunda recesión, que se prolongó durante 1995 y el primer trimestre de 1996, y que solamente en estos últimos meses empieza a dar síntomas de recuperación.
Pero esta mejoría no se aprecia aún a nivel microeconómico, lo que ha alimentado el descontento popular. Este malestar se ha reflejado últimamente en el incremento de los niveles de violencia e inseguridad, en la aparición de un nuevo movimiento armado, el Ejército Popular Revolucionario (EPR), y en otras tensiones sociales que, si bien no son suficientes para desestabilizar el país, manifiestan el clima de insatisfacción.
La herencia de Salinas
El presidente saliente, Carlos Salinas de Gortari, había introducido una serie de innovaciones que le llevaron a obtener una elevada popularidad: reconoció jurídicamente a la Iglesia católica, reprivatizó los bancos y otras empresas públicas, aceptó victorias de la oposición en las gubernaturas de algunos Estados, firmó el Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos y Canadá, y logró disminuir la inflación a una cifra récord del 7% en 1993.
Salinas se propuso ser el gran líder histórico que sacaría a México del subdesarrollo y lo llevaría al primer mundo. Sin embargo, la prisa por lograr esa meta en su mandato de seis años le impulsó a construir un modelo económico en extremo vulnerable. La corrupción y la inestabilidad política, reflejada sobre todo en el levantamiento del 1 de enero de 1994, del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) y en el asesinato del candidato del partido oficial a la presidencia de la República, Luis Donaldo Colosio, contribuyeron a aumentar la fragilidad del sistema.
Su modelo dependió, cada vez en mayor grado, de la inversión extranjera en cartera, para pagar el creciente déficit corriente de la balanza de pagos. Cualquier contratiempo en el exterior o problemas políticos graves en México, podían ocasionar el derrumbe del frágil andamiaje construido por Salinas y su secretario de Hacienda, Pedro Aspe. Así sucedería, después de un año de evitar lo inevitable, en diciembre de 1994, con la macrodevaluación del peso.
La devaluación ocasionó la fuga de capitales por más de 70.000 millones de dólares, según cifras del gobierno, diez veces más que en la crisis de 1982.
El coste social de la recesión
A la devaluación seguiría la recesión. En 1995 el producto interior bruto (PIB) cayó un 7%. La demanda interior bajó un 18%, bajo el efecto de medidas rigurosas de estabilización. Al menos 22.000 empresas cerraron, a juzgar por las que se dieron de baja en el Instituto Mexicano del Seguro Social (cifra significativamente menor que la estimada por otras fuentes). Otras 40.000 empresas se encuentran atrasadas en sus pagos al fisco y en sus contribuciones a la Seguridad Social. Si en 1994 el 80% de las empresas anunciaron beneficios, en 1995 esa cifra disminuyó a sólo el 10%. El tipo de cambio, fuertemente sobrevaluado durante varios años, se depreció de 3,50 pesos a 8 pesos por dólar, y se mantenía alrededor de los 7,7 a finales de l996.
La mejora de la situación financiera se manifiesta en la devolución anticipada del préstamo concedido por EE.UU. en febrero de 1995. Entonces México se enfrentaba a una falta de liquidez para hacer frente a la deuda extranjera, crisis que hubiera podido provocar una catástrofe financiera internacional. Para evitarla, México negoció un plan de salvamento con el Tesoro norteamericano y el Fondo Monetario Internacional, que pusieron a su disposición 50.000 millones de dólares.
A cambio, los organismos internacionales prestatarios le impusieron un drástico programa económico, que incluía un control riguroso de la inflación, la elevación del Impuesto al Valor Agregado y del precio de los combustibles, así como un control sobre las finanzas públicas. Todas estas medidas tuvieron un alto costo social, con el consiguiente descontento manifestado en las urnas. Esto permitió al principal partido de oposición, Acción Nacional (PAN), conseguir algunas victorias electorales importantes en ciertas partes del país.
Vuelve el crecimiento
Los datos macroeconómicos mejoraron sensiblemente en 1996: el PIB creció un 4%, la inflación bajó del 50% al 27%, las exportaciones se incrementaron en cerca de un 20%, se recuperaron 600.000 empleos y la balanza comercial fue favorable por segundo año consecutivo. Sin embargo, las cifras que vaticinan la recuperación económica son vistas con desconfianza. Existen temores fundados de que se repita la misma película del sexenio anterior. A esto hay que añadir que 1997 será un año agitado por las elecciones legislativas del mes de julio, y por el previsible aumento del gasto social gubernamental, con fines electorales, que puede llevar a un «sobrecalentamiento de la economía», acompañada de una recesión para 1998.
Con la mejora de la situación financiera, el presidente Zedillo pudo anunciar el pasado 15 de enero la devolución anticipada de 3.500 millones de dólares del préstamo contraído con EE.UU. en febrero de 1955.
La devolución se hizo mediante colocación de deuda pública a largo plazo en los mercados financieros. También ha anticipado el reembolso de 1.500 millones de dólares al FMI, lo que le ha valido un certificado de «buena conducta» por este organismo. Zedillo ha estimado que «el esfuerzo y los sacrificios de los mexicanos han permitido superar la crisis». A su juicio, el reembolso de la deuda es un paso más hacia un crecimiento económico vigoroso «que será acompañado de un aumento sistemático de empleos y de una recuperación, gradual pero firme, del poder adquisitivo de los salarios». Pero por ahora lo que nota la gente es el esfuerzo y el sacrificio.
Junto al problema económico, hay hechos que revelan problemas de carácter político y moral, y alimentan la incertidumbre: la aparición del nuevo grupo armado EPR; los escándalos de corrupción del hermano del presidente anterior, Raúl Salinas de Gortari, a quien se le encontraron vinculaciones con algunos de los principales empresarios mexicanos; la falta de esclarecimiento de los asesinatos del ex candidato del PRI a la presidencia, Luis Donaldo Colosio, y del ex secretario general del partido en el poder, Mario Ruiz Massieu.
Decepciones del modelo neoliberal
La profunda crisis económica, aunada a la pérdida de posiciones políticas del partido en el poder, llevó a algunos sectores del PRI a culpar del colapso económico al modelo neoliberal, pidiendo a voces un cambio de rumbo.
Es patente, a juicio de algunos, el estrepitoso fracaso de la aplicación del modelo neoliberal, inspirador del pasado y del actual mandato presidencial. Por otra parte, los procesos de apertura y la firma de los tratados de libre comercio suscritos por México, en especial el firmado con EE.UU. y Canadá, no ha mostrado aún los frutos que pretendían sus promotores. La elevación de la eficiencia de la planta productiva mexicana no ha sido más que un buen deseo de las autoridades, sin que los indicadores económicos registren mejoras en inversión, ahorro y crecimiento de la productividad. Por lo tanto, puede concluirse, como hace el experto Vidal Rucabado, que los efectos del TLC sobre el crecimiento son hoy por hoy nulos, para un nuevo marco de tal envergadura.
Los anteriores datos, si bien no legitiman modelos económicos pasados, dejan claro que el modelo neoliberal actual tampoco ha bastado para sacar a México del subdesarrollo. De ahí, concluyen algunos, aunque el modelo neoliberal parezca imponerse con una lógica implacable, sus efectos sobre el bienestar de la población han sido muy por debajo de lo esperado.
La reforma política no tan definitiva
A la crisis económica hay que añadir el fracaso de la «reforma política definitiva», auspiciada por el presidente Zedillo, con la que se trataba de dar credenciales democráticas al sistema. Finalmente, la reforma salió adelante sólo con el respaldo del partido oficial, que controla el Poder Legislativo, y con los votos en contra de toda la oposición. Esta falta de consenso, además de desacreditar la reforma, hizo aumentar el distanciamiento entre el presidente Zedillo y su partido.
La reforma electoral, después de muchos forcejeos entre los partidos, había llevado a un consenso sobre las reformas introducidas en la Constitución. Pero fracasó a la hora de incluir dichas reformas en las leyes secundarias. El PRI se opuso a la iniciativa presidencial de reforma del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, por miedo a perder el control del Congreso, ante el avance de la oposición en las últimas elecciones de presidentes municipales y de diputados locales en algunos Estados.
La reforma electoral aprobada en su primera versión de reformas constitucionales consistió fundamentalmente en que la afiliación a los partidos sería estrictamente individual (lo que ha sido contradicho en la práctica): el Poder Ejecutivo dejará de participar en los organismos electorales; se eliminará la vinculación entre el Instituto Federal Electoral y los partidos políticos, fundamentalmente el PRI; habrá límites en cuanto al financiamiento de los partidos políticos y a los gastos de campaña; ningún partido político podrá tener más de 300 diputados (de un total de 500); disminuirá el número de senadores de 128 a 32; la Suprema Corte podrá revisar las resoluciones de los tribunales electorales; a partir del año 2000, se podrán elegir democráticamente al Jefe de Gobierno del Distrito Federal y a los dirigentes de las principales delegaciones políticas en que se divide éste; se añadirán principios comunes para las legislaciones electorales locales.
Esta primera reforma constitucional, que debía cristalizar en modificaciones de distintas leyes, fue bloqueada, en parte importante, por el PRI, al introducir cambios que le permiten mantener una ventaja en las próximas contiendas electorales. Entre estos cambios destacan la prohibición de coaliciones entre partidos, que dificultará a la oposición obtener la mayoría en el Poder Legislativo; el silencio sobre el reparto igualitario de los tiempos de transmisión en medios electrónicos; y un aumento exagerado de los fondos públicos destinados a gastos de campaña, que tiende sin duda alguna a favorecer ampliamente al PRI.
El bloqueo del partido oficial a la reforma política alentada por el Ejecutivo manifiesta el alejamiento entre Zedillo y el partido en el poder. Los momentos difíciles por los que pasa la alianza entre el Presidente y el PRI -pilar esencial del sistema político- se pusieron de relieve en la última Asamblea Nacional del Partido el pasado septiembre. Los delegados establecieron algunos requisitos para los aspirantes a candidatos oficiales que disminuirán las facultades discrecionales de que el presidente gozaba en la designación de su sucesor y de los candidatos a puestos de elección popular. Además, la abierta oposición del PRI al proyecto de privatización de las plantas petroquímicas estatales, obligó a Zedillo a dar marcha atrás en este asunto. Todas estas situaciones han llevado al presidente a modificar algunos aspectos de su programa económico y a hacer suyos los cambios introducidos a última hora en la reforma electoral, para limar las aristas que lo separan del PRI.
El PRI se resiste
La imposición de la reforma electoral en contra de los demás partidos, el cese repentino del único miembro del Gabinete no perteneciente al PRI, Lozano Gracia, así como el intento -finalmente fallido- de recuperar la mayoría perdida en el Congreso del Estado de México en elecciones recientes, han facilitado la propuesta de una coalición entre el PAN y el PRD, los dos principales partidos de oposición, para derrotar al PRI. Aunque esta alianza entre dos partidos de ideologías antagónicas no fructificó, manifiesta el rumbo que están tomando los acontecimientos políticos en el país.
La sociedad civil no considera que la reforma política esté acabada. Todavía quedan algunas cuestiones trascendentales por resolver, que permiten al PRI un margen de maniobra para manipular las decisiones electorales o, al menos, constituyen un reflejo de la abierta desventaja con que compite la oposición. Entre estas cuestiones destacan los desproporcionados gastos de campaña del PRI en relación con el resto de los partidos, las «compras del voto», la manipulación sindical con fines electorales, o la excesiva preponderancia del Ejecutivo sobre el resto de los poderes, por señalar algunos. Esto ha llevado a la mayoría a valorar la reforma política como algo positivo, pero a eliminar el apelativo de «definitiva». La democracia no es todavía una realidad absoluta en México, aunque se van dando pasos. En este sentido, el resultado de las elecciones legislativas del próximo julio, y la elección, por primera vez, del Gobernador del Distrito Federal, suponen un paso decisivo en el esperado camino de México hacia la democracia.
Xavier Ginebra