Berthel Haarder y Charles Goerens, miembros de la subcomisión de derechos humanos del Parlamento Europeo, advierten contra las consecuencias que puede traer ampliar el concepto de derecho humano a metas económicas y sociales, que no siempre se pueden garantizar (International Herald Tribune, 26-XI-98).
¿El derecho a vacaciones pagadas es un derecho humano? ¿Lo es el derecho a la vacunación, o a disfrutar de los beneficios que trae el progreso científico?
Nosotros preferiríamos llamarlos loables metas económicas y sociales, más que derechos humanos.
Existe una tendencia preocupante a etiquetar como «derechos» toda clase de objetivos políticos. Y al hacerlo, corremos el riesgo de aguar el concepto de derecho humano y perder de vista lo fundamental.
(…) Por supuesto, no hay nada malo en prestar más atención a las injusticias sociales y económicas. (…) Lo que nos preocupa es la idea (…) de que no se debe poner unos derechos por encima de otros, de que todos son partes igualmente importantes del mismo todo.
Para nosotros, esos derechos no son igualmente importantes. No se debe poner el derecho a la vida en el mismo plano que el derecho a vacaciones pagadas o el derecho a participar en la vida cultural.
Llamando «derecho humano» a cualquier meta social o económica, rebajamos el peso relativo de los derechos humanos verdaderamente importantes: la libertad de expresión de las opiniones o de la religión, la libertad de asociación, el derecho a la vida, el derecho a la libertad y a la seguridad de las personas. (…) Probablemente, no tenemos más remedio que vivir con una definición amplia de derechos humanos; pero debemos a la vez destacar entre ellos los derechos civiles y políticos, reconociéndolos como derechos humanos fundamentales, y darles más peso que a los otros. (…) Tenemos que concentrar la atención en esos derechos humanos fundamentales, y luchar para que sean universalmente respetados.
El derecho de uno normalmente implica un deber por parte de otro, en muchos casos el Estado. Con respecto a los derechos civiles y políticos, el deber del Estado es no interferir, sino dejar a las personas expresarse libremente. Esto no tiene coste económico alguno. Por tanto, no hay razón para que los habitantes de países pobres no puedan disfrutar de los mismos derechos políticos que los de países ricos.
En cuanto a los derechos económicos y sociales, un gobierno siempre puede -con razón o sin ella- proclamar sus buenas intenciones y excusarse con la falta de recursos para no cumplir sus promesas. (…) Por tanto, no cabe esperar que los derechos humanos sean universalmente respetados. Y si se acepta que algunos derechos humanos no pueden ser respetados, resulta más difícil insistir en que se respeten otros.
O bien, un gobernante de flojas inclinaciones democráticas puede intentar lavarse las manos dando golosinas económicas y sociales en vez de derechos políticos. Puede decir: «Bueno, el pueblo no tiene libertad de opinión, pero tiene atención sanitaria», o «no tienen derecho de reunión con fines pacíficos, pero todos tienen empleo asegurado».
(…) La dignidad humana y la importancia de la justicia no son más occidentales que asiáticas. Universalidad no significa uniformidad. La Declaración Universal protege la diversidad cultural y religiosa. Por tanto, al hacer balance de la evolución registrada en las últimas décadas y trazar un programa para los años venideros, nuestra conclusión es clara: luchemos con todos los medios por elevar el nivel de vida, pero no perdamos de vista lo realmente importante.