Alo largo de los últimos años, ha crecido en Francia la aplicación de sanciones penales alternativas a la estricta privación de libertad. Alcanzan en estos momentos a 138.554 delincuentes (cfr. Le Monde, 20- XI-98). Esas medidas actualizan la clásica figura de la libertad condicional, y nacen con el propósito fundamental de facilitar la reinserción social de los delincuentes: sancionar los hechos cometidos, pero sin romper el vínculo con la sociedad; en definitiva, superar de algún modo el carácter meramente represivo del Derecho penal.
Se está aplicando, sobre todo, la figura de los trabajos de interés general (TIG), creada en 1983. Actualmente, cerca de 4.000 delincuentes condenados en juicio desempeñan trabajos en beneficio de la colectividad, en colaboración con organismos de carácter social y asociaciones de voluntarios que trabajan en la integración de los marginados.
Otra figura importante es la suspensión de condena sometida a prueba o vigilancia (SME). El delincuente ha de someterse a determinadas obligaciones (por ejemplo, trabajar o adquirir una cualificación profesional; acudir a control médico o psiquiátrico; reparar poco a poco el daño causado a las víctimas del delito).
La aplicación de esas penas alternativas se confía a educadores y trabajadores sociales de los comités de asistencia a presos liberados, que dependen de los jueces penitenciarios. Actualmente, en Francia, trabajan en estos organismos 1.475 personas. Mediante entrevistas periódicas, comprueban que se cumplen las obligaciones establecidas y, sobre todo, ponen los medios pertinentes para conseguir la rehabilitación de los delincuentes. En caso de incumplimiento por parte de éstos, el juez penitenciario puede anular la pena alternativa.
La tarea no resulta fácil, pues, con frecuencia, es preciso enfrentarse con personas que carecen de motivación social y tienden a la marginación. El trabajo es humanamente duro, también porque, en la práctica, los educadores de los comités de asistencia no vuelven a ver a quienes se insertan en la sociedad, sino sólo a los que recaen.
El Ministerio de Justicia se propone actualizar en 1999 estas medidas, coordinándolas aún mejor con las actividades socio-educativas que se realizan dentro de las prisiones. Según un portavoz de la administración penitenciaria, se trataría de conseguir a la vez mejorar las alternativas a la encarcelación y favorecer la salida anticipada de los presos aplicando fórmulas de control.