El suicidio del obispo católico de Faisalabad, cerca de Lahore (Pakistán), ha llamado la atención sobre la persecución que sufren las minorías religiosas de ese país. En Pakistán, el 96% de sus 140 millones de habitantes son musulmanes; pero unos dos millones de cristianos y otras minorías religiosas, como la hindú, son discriminados políticamente y atemorizados por la ley que amenaza con la pena de muerte o la cadena perpetua a quien blasfeme contra Mahoma o el Corán.
El obispo John Joseph, de 66 años, era presidente de la Comisión de Derechos Humanos creada por la Conferencia Episcopal católica de Pakistán y había anunciado el mes pasado que protestaría de forma «sorprendente» si no se rechazaba la acusación que pesaba contra Ayub Massih, un católico procesado en virtud de la ley de blasfemia por hablar a favor de Salman Rushdie.
En la sede del mismo tribunal de Sahiwal, donde el obispo se quitó la vida de un disparo, había sido condenado a muerte la semana anterior Massih, un católico de 25 años. Su delito fue citar a Salman Rushdie, el escritor británico sentenciado a muerte por las autoridades religiosas iraníes por denigrar a Mahoma en su libro Versos satánicos. Mons. Joseph trató de defender a Ayub Massih, que sigue encarcelado en espera de que se resuelva su recurso de apelación.
Antes de quitarse la vida, Mons. Joseph había enviado una carta al diario The Dawn -publicada el 7 de mayo- para animar a los cristianos, musulmanes y minorías religiosas a seguir protestando contra la ley de la blasfemia en Pakistán.
Mons. Joseph había hecho ya dos huelgas de hambre, como protesta contra la discriminación de los cristianos. En 1992 se opuso públicamente a que constase en el documento nacional de identidad la religión del titular, previendo los abusos que acarrearía esta medida. Y en 1994 se manifestó contra el asesinato de un cristiano acusado de blasfemia.
En 1986, bajo el régimen del general Zia-ul Haq, se introdujo en el Código penal de Pakistán la sección 295C, que tipifica el delito de blasfemia contra el profeta Mahoma o el Corán y establece una condena que puede llegar hasta la pena de muerte.
Una ley en manos de extremistas
En 1990 el Tribunal Federal Islámico dictó una sentencia que pretendía forzar una interpretación del Código favorable a la pena de muerte en todo caso de clara blasfemia. Pero a pesar de las presiones de grupos fundamentalistas, el gobierno no aprobó el proyecto necesario que hubiera radicalizado la ley. Cuando, en 1995, la primera ministra Benazir Bhutto sugirió modificar de la ley de blasfemia, los extremistas ofrecieron una recompensa (unos 6 millones de pesetas) por su muerte. Los planes de reforma no prosperaron.
La vaga formulación actual del Código en lo respectivo a la blasfemia origina arbitrariedades por parte de los tribunales; además, basta el testimonio concordante de cuatro musulmanes para que se dicte una condena. Muchos procesos han sido incoados por miembros de partidos islámicos o por el clero. Algunas veces por razones puramente religiosas, pero otras también por rivalidades económicas o profesionales. Las minorías más acosadas por la ley son ahmadis y cristianos.
Aunque el delito de blasfemia puede ser penado hasta con la cadena perpetua o la muerte, hasta ahora ningún cristiano de los acusados ante los tribunales ha sido ejecutado por el Estado, ya que las sentencias han sido antes revocadas en tribunales superiores. Sin embargo, ya han muerto cinco cristianos de modo inexplicado, cuando estaban bajo custodia de las autoridades, según ha informado Christian Solidarity Worldwide. Por otra parte, el miedo a los grupos islámicos fundamentalistas sigue coaccionando a jueces y políticos. El año pasado fue asesinado un juez después de que absolviese a dos cristianos acusados de blasfemia, uno de los cuales tenía 12 años en el momento del supuesto delito (ver servicio 34/95). Los dos cristianos emigraron a Europa.
Además de las que provienen de la ley de blasfemia, hay otras manifestaciones violentas contra las minorías religiosas. Así, en febrero del año pasado hubo una revuelta que duró tres días en Shanti Nagar, un pueblo donde hay un alto porcentaje de cristianos. El origen de la violencia fue el anuncio, por parte del imam de la mezquita, de que unos desconocidos habían roto un ejemplar del Corán. La rebelión terminó con dos muertos, decenas de heridos, tres iglesias destruidas y numerosas casas y tiendas incendiadas. Otro caso, del mes de julio del año pasado, fue la muerte de una joven de 22 años a manos de su hermano musulmán, que la mató por haberse convertido al cristianismo.
Además de la discriminación violenta, las minorías religiosas también sufren marginación política. Desde 1985 el sistema electoral distingue el credo de cada ciudadano y estipula que uno sólo puede votar a candidatos de la misma religión. Con lo que se exacerban las tensiones y se impide la promoción política amplia de cualquier político que no sea musulmán. Además, de los 217 puestos del Parlamento, sólo diez se reservan para candidatos de las minorías religiosas, cuatro de ellos para los cristianos.
Según Asma Jehangir, presidente de la Comisión de derechos humanos de Pakistán, el suicidio del obispo «refleja la desesperación de las minorías, que han sido incapaces de comunicar al resto de la población la situación de asedio bajo la que viven».