En su política de control de la natalidad, el gobierno peruano no ha dudado en recurrir a campañas de esterilización de la población más pobre, a menudo mal informada. El Ministerio de Sanidad ha dado a conocer que durante 1997 se realizaron unas 100.000 ligaduras de trompas y 10.000 vasectomías. Pero si hasta hace poco sólo la Iglesia católica protestaba, ahora otras voces empiezan a denunciar estos métodos.
La campaña de esterilizaciones se dirige principalmente a las campesinas de las zonas más pobres. Según el periódico El Comercio, que ha realizado un investigación entre las poblaciones más afectadas, muchas mujeres se someten a la ligadura de trompas a cambio de comida, vestidos y cuidados para sus hijos. El gobierno realiza las operaciones de forma gratuita, pero se desentiende de los posibles problemas sanitarios que puedan ocasionar tales intervenciones.
El control de la natalidad es seguido por el gobierno de forma sistemática. Recientemente una diputada dio a conocer un documento del Ministerio de Sanidad en el que se detallaban los incentivos y ventajas previstas para los funcionarios que lograran los objetivos antinatalistas fijados por el gobierno. Pero el gobierno no sólo premia a los que cumplen con su política anticonceptiva, sino que también castiga la postura contraria. Los dispensarios médicos tienen unas cuotas mensuales que cumplir a este respecto y los empleados pueden perder su trabajo si no alcanzan los objetivos del gobierno. Eso lleva a los funcionarios a presionar a la población para que se esterilice.
Ante esta situación, numerosas protestas se han dejado oír recientemente en el III Congreso Nacional de Mujeres Campesinas. Junto a las campesinas, también han alzado la voz otras organizaciones populares de mujeres, diputados de la oposición y feministas.
En 1995, los obispos peruanos publicaron un documento sobre la planificación familiar, en el que alentaban a la población a «resistir las presiones que se ejercen a nivel internacional para limitar la natalidad» y a defender los valores morales que deben regir la vida de los peruanos. Para el episcopado lo preocupante no es el crecimiento demográfico de Perú, sino la forma en que se produce: el 60% de los hijos proviene de uniones fuera de matrimonios estables, por lo que los hijos no tienen garantizada una familia que pueda sostenerlos dignamente.