La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha manifestado preocupación por el fuerte peso que tienen los intereses comerciales en los ensayos clínicos de nuevos medicamentos. En un editorial publicado en el último número de su boletín mensual (diciembre 2001), propone que se establezcan normas para asegurar la independencia de las investigaciones. El editorial está firmado por el Dr. Jonathan Quick, director del departamento de Medicamentos Esenciales y Política Farmacéutica de la OMS.
Quick lamenta anomalías ya denunciadas el año pasado por las principales revistas médicas (ver servicio 125/01). Se trata, en suma, de vínculos económicos de los investigadores con los laboratorios, injerencias de los patrocinadores en el diseño o realización de los ensayos, y falseamiento de los resultados. Detrás de todo eso suelen estar los intereses comerciales de la industria farmacéutica. Así, se han dado casos en que, por presiones de los laboratorios, se ocultaron datos desfavorables, o se retrasó la publicación de investigaciones que no concluían lo que esperaban los patrocinadores. Algunos científicos que publicaron resultados inconvenientes han sido intimidados o demandados por las mismas compañías que los contrataron. En fin, para resumir la situación, el editorial cita unas palabras de Arnold Relman, ex director del New England Journal of Medicine: «Todo el sistema de los ensayos clínicos está movido por el lucro. Estamos viendo cómo se corrompe un sistema de investigación que antes tenía elevados ideales y estaba al servicio del interés general».
Para evitar abusos, las revistas médicas decidieron exigir mayores garantías a los autores de los trabajos. Quick lo considera insuficiente, y propone que se adopten unas normas internacionales que completen la Declaración de Helsinki, aprobada por la Asociación Médica Mundial en 1964. Este documento se adoptó en su día para proteger a los pacientes implicados en ensayos clínicos, ante la proliferación de experimentos que les hacían correr riesgos desproporcionados. La idea de Quick es elaborar «una declaración similar sobre los derechos y obligaciones de los investigadores en los ensayos clínicos, así como sobre la manera de manejar toda la base empírica de los experimentos». La nueva declaración tendría que ser obligatoria tanto para los investigadores como para los patrocinadores, y contener normas precisas para garantizar la independencia de los estudios. Entre otras cosas, señala Quick, se debería prohibir que los patrocinadores pudieran emprender acciones legales contra los investigadores, salvo caso de fraude, y proteger a los que denunciasen prácticas contrarias a la ciencia o a la ética.
