Ecoespaña Editorial. Madrid (1996). 226 págs. 2.600 ptas.
Frances Cairncross es economista y editora de medio ambiente en la revista The Economist. Trata así los asuntos ecológicos desde una perspectiva económica, lo que a su juicio permite abordarlos racionalmente y no caer en excesos más bien emotivos.
Cairncross expone una postura liberal ante las políticas de medio ambiente, tan a menudo influidas por planteamientos estatalistas. Pero sería un error pensar que la autora exige la inhibición del Estado en cuestiones ecológicas. El hecho de que un mayor rendimiento de la economía corra parejo al cuidado del medio natural hace que la autora analice con profusión de datos y rigor periodístico todas las actividades económicas en relación con su rentabilidad y su repercusión en el medio ambiente.
Su conclusión, como la de muchos economistas de diversas tendencias, es que hace falta una legislación medioambiental que estimule la búsqueda de nuevas tecnologías y de alternativas a los productos contaminantes. Las empresas no van a mejorar sus productos mientras los procesos de fabricación sean rentables. Por lo tanto, el único estímulo reside en la fuerza de la legislación, tarea ineludible del Estado. En cambio, las políticas estatalistas de subvenciones, las licencias restringidas para la emisión de productos contaminantes y residuos, o las medidas de control de precios parecen abocadas al fracaso, como han demostrado intentos fallidos en diversos países. El Estado también debe olvidarse de proyectos que exigen una inmensa inversión inicial cuyos resultados no son rentables, como en el caso de la energía nuclear, y que además ofrecen un alto riesgo de contaminación ambiental.
Junto al papel del Estado, el ciudadano también tiene una responsabilidad evidente en el control del entorno natural. Es más, la actuación privada de grupos o individuos -a través de la protesta o responsabilizándose del cuidado de ciertos espacios naturales- puede tener una gran importancia para mantener a raya a los depredadores del medio ambiente. La combinación de la presión ciudadana y la función legislativa del Estado puede ser la clave para preservar los limitados bienes ecológicos de nuestro planeta.
Carlos Segade