La sede de la Comisión Europea en Bruselas (CC: Amio Cajander)
Bruselas.— Con el mundo entero batallando aún contra una pandemia y con sus repercusiones económicas aún por determinar, la Comisión Europea ha presentado un ambicioso programa para los próximos años, que su presidenta Ursula von der Leyen detalló durante el debate del estado de la Unión en el Parlamento Europeo.
Con estas perspectivas de futuro, el ejecutivo comunitario trata de calmar el creciente desánimo que invade no solo a los 440 millones de habitantes de la UE, sino a muchos gobiernos desbordados con la gestión de la crisis. Una situación que viene a agrandar la ya de por si larga lista de retos a los que se viene enfrentando la Unión en los últimos años.
El debate suele ser también una buena radiografía del estado actual de la Unión Europea: los desafíos, las prioridades y los planes de futuro. Con un socio tan importante como el Reino Unido a punto de dar el portazo definitivo, sobrevuela además la eterna cuestión, hoy más pertinente que nunca. ¿Quieren los Estados miembros más unión, más competencias comunitarias, más proyecto europeo, o –como sucede ahora–, sobre todo en políticas claves como la exterior y la inmigración, seguir priorizando los intereses nacionales y el sálvese quien pueda?
Una crisis sin precedentes
La Comisión Europea (CE) compara los sacrificios a lo que se han enfrentado los ciudadanos durante semanas de confinamiento vivido en muchas capitales a causa del coronavirus, con el sacrificio que se les pide a los Estados miembros al ceder parte de su soberanía por el bien común. En esta crisis, si algo se ha demostrado, es que donde los Estados han actuado juntos ha habido mayor eficacia; donde se han dejado los intereses nacionales y se ha actuado con perspectiva comunitaria, ha habido respuestas concretas. Por ejemplo, en la repatriación de más de 600.000 europeos que se quedaron bloqueados en sus aeropuertos de destino vacacional o profesional y fueron devueltos a sus casas en vuelos comunitarios no comerciales. O cuando la CE compró miles de dosis de medicamentos para tratar el coronavirus y asegurar así el suministro en los países que lo necesiten.
La pandemia actual ha puesto de manifiesto la necesidad de transferir más poderes a la Unión Europea y por ello apuesta el propio ejecutivo comunitario, por ejemplo, para responder a las crisis sanitarias. Una de sus próximas prioridades es reforzar el papel del Centro Europeo para la Prevención de Enfermedades, que ahora tan solo analiza e interpreta los datos de los estados miembros sobre enfermedades infecciosas.
La Comisión Europea propone que se deje de tomar decisiones por unanimidad en política exterior y en materia de derechos humanos
Frente a la respuesta tímida dada en un primer momento por los Estados miembros, el ejecutivo supo tomar las riendas y aprobar en poco tiempo uno de los más ambiciosos paquetes económicos para ayudar a los países más afectados por la pandemia. La Unión va a movilizar 750.000 millones de euros europeos para el fondo de recuperación para el periodo 2021-2024, que se va a financiar a través de emisión de deuda conjunta en los mercados financieros. Todo un hito histórico. También se ha acordado un presupuesto reforzado de 1, 1 billones de euros para el periodo 2020-2027.
Un momento clave para Europa
Los Estados miembros están centrados en la gestión de la crisis sanitaria, pero son muchos otros los retos a los que se enfrenta la UE.
Dos de las prioridades que la CE quiere abordar a corto plazo son la agenda verde –con la lucha contra cambio climático en primer lugar– y la innovación digital. En el primer punto, el ejecutivo comunitario ya ha anunciado el incremento en la reducción de las emisiones contaminantes en la UE. Para el año 2030 propone que sea “al menos el 55%”, frente al 40% inicialmente planeado, respecto a los niveles de 1990. El Parlamento Europeo acaba de revisar esa cifra y quiere aumentarla hasta el 60%.
Otro de los principales desafíos que tiene por delante la UE es de difícil solución por la disparidad de criterios de los Estados miembros: la inmigración. En este sentido la presidenta del ejecutivo comunitario, Ursula von der Leyen, no dudó en pedir que los Estados se impliquen más y asuman mayor responsabilidad. Una de las decisiones anunciadas en el debate es la intención de la CE de acabar con el Convenio de Dublín (por el que se adjudica al país por donde entra el inmigrante la responsabilidad de gestionar su asilo) y reemplazarlo por otro sistema de regulación, con estructuras comunes en lo sistemas de acogida y retorno de los inmigrantes y con un mecanismo basado en la solidaridad.
La CE ya ha hecho efectiva esa propuesta y ha presentado un nuevo paquete de inmigración basado en la “solidaridad a la carta y sin cuotas”. Bruselas renuncia definitivamente al reparto obligatorio de refugiados porque no ha dado resultado hasta el momento. Los gobiernos del Este como Polonia, Hungría o República Checa no ven en esa propuesta la solución a la constante llegada de inmigrantes irregulares al continente. Para el gobierno húngaro de Viktor Orbán, por ejemplo, la cuestión es que hay que apostar por frenar la inmigración y no por gestionarla.
El tiempo dirá si esa propuesta solucionará los constantes incumplimientos en materia de asilo y acogida por parte de los Estados miembros.
Respecto a política exterior, la CE insiste en que es necesario que los Estados abandonen la idea de tomar las decisiones por unanimidad, cosa que ralentiza –si no impide– la toma de decisiones, por ejemplo, en temas que tengan que ver con derechos humanos o sanciones.
Habría que recuperar la Conferencia sobre el Futuro de Europa, abandonada a causa de la pandemia, para oír la voz de los ciudadanos
La tensión se aviva entre los Estados miembros a la hora de aprobar las medidas que negocian durante los Consejos Europeos y que suele repartir el tablero en bloques de distintos países con intereses comunes. Un ejemplo claro es la reciente propuesta de Alemania de vincular la concesión de ayudas del paquete de reconstrucción, aprobado por los jefes de Estado el pasado mes de julio, al respeto de las reglas en lo que se refiere al Estado de derecho. Algo que dificulta las ya tensas relaciones con Polonia o Hungría, señaladas desde la capital comunitaria por decisiones tomadas en sus países en lo que respecta a la reforma judicial o a la libertad de prensa, que según Bruselas, atentan contra los principios fundamentales de la Unión. De momento la negociación está en curso y amenaza con bloquear el reparto de las ansiadas ayudas económicas.
“Larga vida a Europa”
Por si todo esto fuera poco, desde el pasado 31 de enero, el Reino Unido ya no es miembro de la UE. Aunque por el momento se está en un periodo transitorio, en el que este país sigue participando del mercado único y los ciudadanos de ambos lados apenas notan nada.
Actualmente, las instituciones europeas negocian contra reloj con el gobierno británico qué tipo de acuerdos regirán las relaciones entre los ahora exsocios a partir del 31 de diciembre, fecha en la que definitivamente se romperán los lazos. En Bruselas se espera que el resultado de esta negociación sea lo más positivo posible para ambas partes, y no acabe en un portazo abrupto, puesto que el efecto psicológico de la amputación de un miembro comunitario ya está pasando factura en el ánimo europeo.
Nadie pone en duda, en la burbuja bruselense, que la Unión está en una encrucijada en la que urge repensar el modelo comunitario. Es necesario que Europa reaccione, actúe en aquellos ámbitos en los que realmente se necesita una acción conjunta, como en la inmigración, la economía –especialmente en estos momentos de crisis–, el bienestar social, la lucha contra la pobreza, las desigualdades sociales, el desempleo.
Hace falta más determinación por unir esfuerzos y por continuar con un proyecto europeo que ha traído el periodo de paz más largo en la historia del continente. Para ello se quiere contar con los ciudadanos a través de una iniciativa que se lanzó, antes de la pandemia, y que pretende darles voz para reformar el club comunitario: una Conferencia sobre el Futuro de Europa que debía iniciarse en 2020 y durar dos años. Fue sin duda uno de los grandes anuncios del nuevo ejecutivo, ahora varado por la crisis económica y las incertidumbres de la pandemia.
Quizá sería oportuno retomar esa iniciativa y oír las aspiraciones y las inquietudes de los ciudadanos, asumiendo que este momento es una oportunidad para abordar cambios más profundos en la UE, tal y como se puso de manifiesto durante el debate del estado de la Unión.
Está claro que esta situación sin precedentes ha puesto de manifiesto las debilidades de la Unión actual, la falta de determinación en muchas de sus políticas, las divisiones causadas por los egoísmos nacionales o la falta de confianza en el proyecto comunitario. Es necesario abordar el debate sobre la efectividad de las políticas supranacionales, aquellas en las que se ha avanzado para el bien común, como en la política monetaria o el mercado interior, frente a las políticas en las que los gobiernos se reservan su soberanía, como la política fiscal o la sanitaria, que ralentizan el avance del proyecto europeo.
Pero si algo ha aprendido la UE en todos estos años es que cada crisis, cada paso atrás ha servido para tomar impulso y saltar más lejos. Y que con la solidaridad de sus miembros es como más se ha avanzado. Como dijo uno de los padres fundadores de la Unión, Robert Schuman: “Europa no se hará de una vez ni en una obra de conjunto: se hará gracias a realizaciones concretas, que creen sobre todo una solidaridad de hecho”.