Durante diez años, un condado de Carolina del Norte practicó una política de reasignación selectiva de alumnos: con el objetivo de “desguetificar” algunas escuelas que concentraban al alumnado más desaventajado, se proponía a algunas familias cambiar de centro público, aunque estas podían aceptar o no. A pesar de que el programa se suspendió hace una década, un informe reciente subraya su éxito, en términos tanto sociales como académicos; un caso que puede servir de ejemplo en otros territorios.
Desde que el Tribunal Supremo de EE.UU. sentenciara en 1954 (Brown vs Board of Education) que las escuelas separadas para estudiantes afroamericanos negaban la igualdad de oportunidades, y por tanto eran inconstitucionales, el sistema educativo estadounidense ha buscado mecanismos para evitar la segregación en las aulas.
En las décadas de los 60 y 70 la integración se entendía fundamentalmente en términos de raza. La política más emblemática de aquella época fue el llamado busing: transportar estudiantes negros en autobuses hasta colegios de mayoría blanca. Sin embargo, en las décadas posteriores esta medida perdió el favor popular, y en los 90 una serie de sentencias limitaron mucho su uso.
Por otra parte, cada vez se fue haciendo más patente que la segregación racial casi siempre estaba ligada a la socioeconómica (las zonas donde se concentraban las minorías raciales eran también las más deprimidas). Plantear la lucha por la integración desde esta otra perspectiva ofrecía menos obstáculos legales. De ahí que en muchas zonas, las autoridades centraron sus esfuerzos en disolver los guetos educativos.
Cambios de escuela voluntarios
Uno de los condados que abrazó esta nueva política fue Wake, el más poblado de Carolina del Norte. Entre el año 2000 y 2010, el distrito escolar puso en marcha un sistema de reasignación de estudiantes con el objetivo de diversificar el alumnado de las zonas más segregadas.
Para ello, dividieron a la población estudiantil en pequeños grupos (no más de 150 alumnos) según su lugar de residencia, lo que garantizaba una cierta homogeneidad en cuanto al nivel de vida de sus miembros. A cada módulo se le asignaba una “escuela base”, de titularidad pública. En general, el criterio fundamental era la cercanía. Sin embargo, el distrito se reservaba el derecho de reasignarlo a otra escuela si percibía que con ello se favorecía la diversidad. El cambio afectaba a todos los estudiantes de un mismo curso dentro del módulo.
Así, estudiantes de pocos recursos económicos fueron enviados a centros con un alumnado de mayor nivel, y viceversa. El objetivo era que ninguna escuela superara el 40% de estudiantes “desaventajados” (que necesitaran beca para el comedor) o el 25% de alumnos de bajo rendimiento académico. Al ser Wake County una zona con un “mapa socioeconómico” muy parcheado (zonas de rentas altas y bajas se entreveran a lo largo de todo el territorio), en general los cambios de escuela base no implicaban un gran aumento de la distancia entre esta y las casas de los alumnos.
Otra circunstancia que facilitó el movimiento de alumnos fue que, en los diez años que duró el programa, se construyeron muchas escuelas nuevas; una medida necesaria para responder al fuerte crecimiento demográfico en el condado (se pasó de 100.000 estudiantes a más de 140.000). Esos centros, situados en zonas residenciales de nivel medio-alto, ofrecían una oportunidad fantástica para reequilibrar el alumnado.
En total, durante la década en que estuvo vigente, el programa propuso la reasignación a casi un cuarto de toda la población estudiantil del condado. No obstante, para no limitar el derecho de los padres a escoger centro, esta propuesta no era de obligado cumplimiento: en caso de no querer acudir a su nueva “escuela base”, la familia del alumno reasignado podía escoger entre la variada oferta existente, que incluía –además de los colegios e institutos públicos “estándar”– un buen número de magnet schools (de titularidad pública, pero con un currículum especial centrado en algún ámbito y con mayor autonomía en la gestión) y otros centros singulares. En total, estas “otras” escuelas, gratuitas como el resto de públicas, suponían un cuarto del total. Por supuesto, también podían decantarse por un colegio privado. Con todo, la gran mayoría de los reasignados –algo más del 70%– acudieron efectivamente a su nueva escuela base.
Resultados positivos
Los autores del informe analizaron la evolución de los estudiantes a los que se les propuso el cambio, tanto si lo aceptaron como si escogieron otro centro; de cada uno se obtuvieron datos por un periodo de seis años: los tres anteriores a la propuesta y los tres siguientes. De esta forma, se podrían comparar los resultados del grupo “intervenido” (los que acudieron a la nueva escuela) con los del grupo de control (los que no), teniendo en cuenta sus trayectorias anteriores, de forma que la comparación no quedara contaminada por otros factores, como el distinto desempeño previo.
A pesar de las prevenciones que suscitaba el proyecto (fundamentalmente, que los cambios empeorarían el rendimiento de los alumnos reasignados y su bienestar emocional), los resultados fueron positivos. Por un lado, se consiguió el objetivo directo de la iniciativa: la concentración de estudiantes de un mismo perfil disminuyó significativamente. Por otro, esto no solo no afectó a las notas de los “recolocados”, sino que se observó una ligera mejoría en matemáticas y lectura, sobre todo desde el segundo curso posterior al cambio.
En cuanto a los aspectos no académicos, los dos factores analizados –el absentismo (perderse más del 5% de las clases en un curso) y los incidentes disciplinarios– tampoco empeoraron; el último de ellos incluso mejoró significativamente, con un 20% menos de incidentes reportados entre los que cambiaron de escuela respecto a sus años anteriores.
Además, estos efectos positivos se dieron prácticamente por igual entre todos los grupos raciales, con módulos de distintos niveles socioeconómicos y en todas las escuelas (no solo las de nueva construcción, que contaban con mejores instalaciones y podían suscitar un mayor entusiasmo entre las familias).
Por otro lado, los estudiantes que ante el cambio de “escuela base” optaron por acudir a una magnet school, u otro centro público “singular” diferente al asignado, también salieron beneficiados, aproximadamente en la misma medida que los del grupo de control, incluso con una mejoría mayor en cuanto al absentismo.
Elección controlada
Así pues, utilizando una expresión anglosajona, se puede decir que esta iniciativa anti-segregación fue un win-win: fue positiva tanto para las familias que aceptaron la propuesta de cambio como para las que escogieron otra opción. A pesar de todo, tras la renovación del Consejo Escolar del condado en 2010 (desde entonces con mayoría republicana) se suspendió el programa.
Con todo, el estudio publicado ahora puede resucitar el interés por este tipo de políticas llamadas “de elección controlada”, por las que las autoridades educativas ofrecen distintas alternativas a las familias dentro del sector público, pero intervienen a posteriori para corregir resultados poco equitativos, sin que esa intervención suponga anular completamente la libertad de los padres.
En España, aunque la segregación socioeconómica de las aulas es inferior a la media según la mayoría de indicadores, estas políticas podrían aplicarse tanto en la red de gestión pública como en la concertada, ya que dentro de cada una existen centros estratificados. No obstante, para ello convendría equiparar la financiación pública de todas estas escuelas, y relajar el criterio geográfico en la asignación de plazas. Por desgracia, la última ley de educación toma el camino contrario en ambos asuntos.