Durante el año pasado, en gran parte del país se propusieron leyes para aumentar la capacidad de elección escolar de los padres. Aunque no todas se han aprobado finalmente, el balance indica que legisladores y familias han hecho de este tema una de sus prioridades, y parece que la tendencia continuará en 2023.
La prensa norteamericana consideró 2021 como un gran año para la elección de escuela, por la gran cantidad de iniciativas legales aprobadas, igual que ocurrió en 2011. 2022 no les ha ido a la zaga, aunque la polarización política, que se ha enconado en este asunto, ha impedido que unos cuantos proyectos de ley recibieran la aprobación parlamentaria o del gobernador.
Cerco a las charter schools
Este aumento de la polarización se ha manifestado claramente en lo que se refiera a las charter schools, escuelas financiadas con dinero público y acogidas a los mismos requisitos de matriculación que las estatales, pero gestionadas de forma autónoma por instituciones privadas u organizaciones de padres.
En marzo, Joe Biden anunció una reforma federal que establecería requisitos más estrictos para la aprobación de nuevas charter schools. Por ejemplo, solo podrían crearse allí donde existieran necesidades de escolarización no resueltas por los centros públicos (lo que suponía, de facto, negar la identidad original de las charter, que nacieron para ofrecer una alternativa a la red estatal, no como simples “desahogaderos” de esta). También tendrían que garantizar unas estrictas cuotas de diversidad racial y socioeconómica tanto entre el personal como entre el alumnado. Aunque, de hecho, estas escuelas matriculan a una mayor proporción de estudiantes de minorías raciales que las públicas, esta exigencia hubiera impedido que abrieran nuevos centros en barrios con un perfil demográfico más homogéneo.
Al contrario que el gobierno federal, varios estados han facilitado la apertura y el sostenimiento de las charter schools
Ante la protesta de padres y legisladores –también algunos demócratas–, Biden finalmente optó por suavizar los requisitos, aunque aun así las nuevas disposiciones suponen un obstáculo mayor para la creación de charter respecto al marco anterior.
Pese a la oposición del gobierno federal, algunos estados han aprobado durante este año leyes que facilitan la creación o el mantenimiento económico de las charter. En Kentucky, legalmente ya se podían abrir este tipo de escuelas desde hace unos años, pero el intrincado mecanismo de financiación había provocado que de hecho no se hubiera inaugurado ninguna hasta ahora. Una reforma para simplificarlo, que tuvo que sortear el veto del gobernador demócrata, finalmente ha abierto el camino. En Misuri, por su parte, una nueva norma ha acabado con la injusta discriminación que sufrían estos centros respecto a los estatales en cuanto a la financiación pública: a partir de ahora, ambas redes estarán sujetas a la misma fórmula.
Cuentas de ahorro educativo: medida estrella
La expansión de la libertad para escoger escuela en 2022 ha encontrado en las cuentas de ahorro educativo (Education Savings Accounts o ESA) su cauce más despejado. Esta medida consiste en que el estado ingresa en una cuenta corriente a nombre del alumno una cantidad de dinero –más o menos equivalente a lo que cuesta su puesto en una escuela pública–, que la familia puede gastar en distintos conceptos definidos por el legislador: libros de texto, clases de refuerzo, pero también para pagar la matrícula en un centro privado, o al menos parte de ella. Existe una gran diversidad tanto en lo referente a la cuantía aportada, el mecanismo de financiación o el tipo de alumnos elegibles.
Durante 2022 se han aprobado varias leyes que crean programas de ESA o aumentan los que ya existían. La más sonada ha sido la de Arizona, que universaliza el acceso a estas cuentas para todos los alumnos del estado (antes estaba limitado por criterios socioeconómicos). Otra norma que aumenta considerablemente el acceso a las ESA es la aprobada por el parlamento de Virginia Occidental, llamada Hope Scholarship Program. Gracias a ella, cada estudiante recibirá el equivalente a lo que el estado aporta de media por cada puesto escolar público (aunque estos solo supone en torno al 40% del coste total). Según calcula la organización Ed Choice, se podrá beneficiar casi el 95% de los alumnos. La ley fue impugnada, pero el Tribunal Supremo del estado finalmente la declaró constitucional.
Filtrar por nivel económico
En otros estados se han aprobado programas de ESA con un alcance más restringido. Un decreto aprobado en Tennessee, que llevaba casi tres años bloqueado en la asamblea legislativa y los tribunales, permitirá el acceso a estas cuentas a familias de ingresos medio-bajos y bajos. En total, podrán optar a la ayuda dos de cada tres estudiantes. Hasta agosto, ya se habían recibido más de 600 solicitudes, y cerca de 45 escuelas privadas habían ofrecido plazas. En Pensilvania, el programa Lifeline Scholarships, aprobado en abril, ofrecerá a las familias residentes en distritos con bajo desempeño educativo el equivalente a un tercio del gasto público por estudiante, para que puedan gastarlo en varios conceptos, entre ellos en centros privados de enseñanza.
Unos cuantos proyectos de ESA se han quedado en el camino: han sido rechazados por alguna de las cámaras estatales, o vetados por el gobernador o bloqueados en los tribunales. Así ha ocurrido en Iowa, Colorado, Georgia, Minnesota o Washington.
Una de las objeciones planteadas ha sido que subvencionar el gasto en escuelas privadas detraería dinero de las públicas. No obstante, algunos de los programas aprobados –y también de los rechazados– establecían mecanismos para evitar o compensar esta fuga de capital. Por ejemplo, el de Arizona prevé dotar de 600 millones de dólares extra a la red estatal; y en Iowa, el proyecto de ley establecía que del total del coste de la plaza pública, el 70% “seguiría al estudiante” si deseaba marcharse a un centro privado, pero el 30% se destinaría a los distritos públicos con más necesidad de personal (fundamentalmente, los de entornos rurales).
Escuelas “alternativas”
La mayoría de programas de ESA permitía gastar el dinero en recursos educativos “no institucionales”, es decir, diferentes de la matrícula en un centro privado: libros, material para el homeschooling, clases de refuerzo, etc. La “desinstitucionalización” de la enseñanza está experimentando un gran auge en Estados Unidos desde la pandemia, cuando muchos padres, enfadados por los prolongados cierres de las escuelas o por la baja calidad de la formación online, decidieron organizar la educación de sus hijos por su cuenta.
En Virginia Occidental, las microescuelas organizadas por familias también podrán recibir dinero público
Una forma corriente de hacerlo fueron los llamados “learnings pods”: microescuelas gestionadas por unas pocas familias y que, con frecuencia, utiliza como local la casa de alguna de ellas. A veces, son los propios padres quienes imparten las clases; otras, se contrata a profesionales. También hay heterogeneidad en cuanto a los materiales y las metodologías: desde enfoques más tradicionales a otros más innovadores.
En abril, el estado de Virginia Occidental aprobó una ley que pretende dar carta legal a estas escuelas, y permite destinar parte del dinero público de los ESA a cubrir sus costes.
En el vecino estado de Virginia, uno de los más restrictivos con las charter hasta este año, se aprobó un decreto para financiar con dinero público las lab schools, unas escuelas que no dependerán de los distritos escolares, sino de algunas de las universidades estatales, donde el peso de los sindicatos de profesores es menor.
Por otra parte, queda por ver si algunas sentencias recientes del Tribunal Supremo que han permitido destinar dinero público a escuelas religiosas, en particular el fallo en Carson vs Mankin en junio, acaban generando una jurisprudencia que facilite esta posibilidad. Así lo vaticinan algunos comentaristas, y algunos estados ya están dando pasos en esa dirección.
Una causa social y política
La libre elección de escuela se ha convertido en una causa social de primer orden. La pandemia ha sido un momento de “despertar” para un gran número de familias. En particular, los padres critican la mala calidad de la enseñanza en muchos distritos públicos, la politización de ciertos temas, la excesiva burocracia y el poder de los sindicatos de profesores, que contribuyeron a la paralización de las clases por el covid.
La elección de escuela ha sido un debate relevante en varias elecciones recientes
En algunos territorios, la cuestión educativa ha sido muy importante en las urnas. El caso más sonado fue la victoria en las elecciones a gobernador de Virginia del republicano Glenn Youngkin en 2021: las encuestas pronosticaban su derrota, pero unas declaraciones de su rival demócrata sobre la necesidad de que los padres no “interfirieran” en el proceso educativo, y la subsiguiente reacción de Youngkin en sentido contrario, provocaron un vuelco que finalmente fue definitivo.
En Florida, la holgada victoria del republicano Ron DeSantis se ha interpretado también como un triunfo del movimiento por la libre elección de escuela, pues el rival escogido por el Partido Demócrata fue el presidente del principal sindicato de profesores de Miami.
Por su parte, en Pensilvania no ganó el candidato republicano, que había hecho de la elección de escuela una de sus banderas; sin embargo, quizás para no ceder esta causa al rival político o quizás por convicciones personales, el gobernador demócrata, Josh Saphiro, se mostró durante la campaña electoral partidario de aumentar las posibilidades educativas de los padres.
Se trata de un indicio más de que el debate educativo en Estados Unidos vive un momento de cambio, y que el rumbo que parece estar tomando favorece la libre elección de escuela. Varios de los legisladores que no han conseguido la aprobación para sus proyectos han anunciado que volverán a intentarlo este próximo año. Sin duda, el 2023 promete ser “movido”.