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El nuevo gobierno de coalición liderado por Benjamín Netanyahu, Israel asiste a una creciente escalada de violencia y una de las peores crisis internas de los últimos años. Las muertes de palestinos en redadas del ejército israelí continúan, mientras el atentado a una sinagoga de Jerusalén resucita los peores fantasmas de la segunda intifada. En paralelo, el primer ministro pretende una reforma del poder judicial que hace temer a sus críticos por el futuro de la democracia en Israel.
El director de la CIA, William Burns, expresó recientemente su preocupación por la situación actual en Israel y Palestina. Declaró que guarda un “desdichado parecido” con el ambiente de la segunda intifada de hace 20 años que él mismo vivió siendo miembro del cuerpo diplomático de EE.UU.
Durante una entrevista en directo que tuvo lugar el 2 de febrero en la Universidad de Georgetown (Washington), admitió, recién llegado de un viaje a la región, que va a ser un “gran reto” trabajar con los servicios de inteligencia y seguridad israelíes y palestinos para evitar los “estallidos de violencia”.
Desde que comenzó el año, las fuerzas israelíes han matado a más de 40 palestinos en Cisjordania y Jerusalén Este. En lo que parecía ser una respuesta a una de las redadas que dejó nueve muertos en Jenín, el pasado 27 de enero un palestino mató a tiros a siete israelíes que salían del rezo en una sinagoga de Jerusalén Este. El 10 de febrero, un joven y dos niños israelíes murieron también en un atropello intencionado.
Según Middle East Eye, en 2022, al menos 220 palestinos murieron en ataques del ejército israelí en los territorios ocupados, incluyendo 48 niños. Es la cifra más alta en Cisjordania desde 2005, año que muchos consideran el del fin de la segunda intifada. Por su parte, los militantes palestinos mataron a 30 israelíes, incluido un niño, lo que supone la cifra más alta desde 2008.
Más redadas israelíes, nuevas milicias palestinas
La inacción o impotencia de la Autoridad Palestina contra la ocupación y el contexto de violencia de este último año han propiciado el nacimiento de nuevos grupos armados de resistencia palestina: las Brigadas de Jenín, en esta misma ciudad, y “Lion’s Den” (Guarida del León) en Nablus. Tienen presencia en estas dos localidades y, en menor medida, en Ramala, Hebrón y Jerusalén. Formados en pocos meses, llaman al enfrentamiento directo con el ejército israelí y los colonos judíos.
En 2022, 220 palestinos y 30 israelíes murieron en ataques, las cifras más altas desde 2005 y 2008, respectivamente
Tras la segunda intifada, la resistencia armada en Cisjordania fue sofocada por el todavía hoy presidente de la Autoridad Palestina, Mahmoud Abbas. Sin embargo, estos grupos armados que se han organizado recientemente se escapan de su control y liderazgo. De hecho, públicamente no están vinculados a ningún partido político, aunque han recibido apoyo del Frente Popular para la Liberación de Palestina y financiación de Hamás y la Jihad Islámica (principales facciones palestinas en Gaza).
Hay quienes consideran que el fenómeno de estas milicias tiene los días contados debido a su rápida formación y militarización sin una estructura sólida de organización y liderazgo que garantice su continuidad. Además, las redadas del ejército israelí en los territorios palestinos se dirigen precisamente contra ellas.
¿Una reforma o un cambio de régimen?
En el frente interno, la polémica reforma judicial que el ejecutivo israelí pretende llevar a cabo ha desatado una de las peores crisis de los últimos años. Netanyahu afirma que se trata de una enmienda para corregir el desequilibrio de poder entre el legislativo y el judicial, pero sus críticos lo ven como un auténtico asalto a la independencia de los jueces y, por tanto, a uno de los pilares del sistema democrático.
Esta reforma dará al gobierno el control sobre los nombramientos de los jueces. Además, la ley plantea restringir el poder de revisión de la legislación por parte del Tribunal Supremo; permitir que el Parlamento anule la decisión de dicho tribunal de revocar una ley; evitar que la legislación pase un filtro judicial al comienzo del proceso legislativo, e impedir la evaluación de las decisiones administrativas del gobierno y otros organismos por parte de los jueces.
El presidente de Israel ve al país “al borde del colapso legal y social” y llama al diálogo entre gobierno y oposición
Avichai Mandelblit, exfiscal general israelí, declaró en un programa de televisión el pasado 9 de febrero que la reforma judicial emprendida por Netanyahu es en realidad un “cambio de régimen” que “eliminará la independencia del sistema jurídico”. Además, acusó al primer ministro de promover la reforma para terminar con el juicio que lo tiene incriminado por casos de corrupción, fraude, soborno y abuso de confianza.
Antes de ser nombrado fiscal general, Mandelblit fue secretario de gobierno de Netanyahu entre 2013 y 2016. Fue él mismo quien, después de que la investigación policial se abriera en 2016, imputó al primer ministro en 2019. Era la primera vez que un fiscal general imputaba a un primer ministro en el cargo.
Dado que, si se aprueba esta reforma, los jueces serán nombrados por el ejecutivo, ello supondrá que “tendrán una lealtad personal al gobernante, al ministro, no al Estado”; por lo que “no habrá supremacía de la ley”. Mandelblit denunció además que no se habló de esta reforma durante la campaña electoral: “Nadie dijo que iban a cambiar los valores de la Declaración de Independencia”.
Protesta contra la reforma judicial
Decenas de miles de personas tomaron las calles de Jerusalén y de otras ciudades el lunes 13 de febrero para protestar contra la reforma del poder judicial que, consideran, amenaza el sistema democrático. Los manifestantes se congregaron frente a la Knesset –el Parlamento israelí– mientras la legislación pasaba su primera lectura en un pleno muy agitado.
El presidente de Israel, Isaac Herzog, expresó su preocupación por ver al país “al borde del colapso legal y social”. Hizo un llamado al diálogo entre el gobierno y la oposición para llegar a un consenso al respecto de esta reforma. La coalición afirma que “el diálogo es importante” y que harán “lo posible para entablarlo”. Sin embargo, acusa a la oposición de preferir una “beligerancia violenta e inaceptable”. Por su parte, la oposición exige que se detenga el trámite de la ley antes de sentarse a negociar.
El líder opositor, Yair Lapid, declaró: “No nos callaremos cuando están intentando convertir Israel en una oscura dictadura”. Por su parte, Benny Ganz, anterior ministro de Defensa, también de la oposición, dijo que la coalición de gobierno está “dividiendo a la gente y matando la democracia”. Añadió, en referencia a las últimas semanas de violencia e inseguridad, que el ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben Gvir, “debe ser despedido y reemplazado por otro con experiencia y responsabilidad”.
Estas protestas se venían repitiendo los sábados de las últimas semanas, pero el comienzo del trámite ha sido clave para una movilización masiva. El presidente de EE.UU., Joe Biden, también ha pedido al primer ministro israelí que se llegue a un consenso. También el tema tiene su lectura económica, ya que los inversores y grandes empresarios están retirando su capital del país por este motivo.