Jerusalén. Los sectores religioso y laico de Israel viven en constante tensión. El único Estado judío del mundo es una democracia parlamentaria en toda regla, con un sistema pluripartidista y separación de poderes. Pero los privilegios concedidos a fieles ortodoxos y la influencia histórica del Gran Rabinato están abriendo una brecha cada vez mayor en una sociedad que se va secularizando progresivamente y que ya de por sí se ve atrapada en el conflicto con el mundo árabe.
En Israel viven unos siete millones de habitantes (2005), de los cuales, según la oficina nacional de estadística, un 76,1% son judíos, un 16,2% musulmanes y un 2,1% cristianos. El resto pertenece a minorías o no profesa ninguna religión.
Las leyes del país otorgan en principio iguales derechos a todos los ciudadanos con independencia de su religión o procedencia étnica. Sin embargo, un punto claro en el que por motivos históricos se beneficia a los judíos es en la inmigración, al concederles el derecho a establecerse en el país y a recibir la nacionalidad israelí en virtud de la llamada Ley del Retorno.
¿Quién es judío?
Dicha ley de 1950 es controvertida tanto dentro como fuera de Israel, en vista de que -en contra de los principios democráticos- favorece a un grupo de personas sobre el resto y de que, al mismo tiempo, no deja claro qué es lo que se entiende por judío. Según la tradición rabínica, un judío es aquel que ha nacido de una madre judía o que se ha sometido a una conversión después de un proceso acostumbradamente largo.
Sin embargo, una de las razones que propiciaron en 1948 la fundación del Estado de Israel fue dotar a los judíos de un espacio en el que poder refugiarse tras siglos de persecuciones, sobre todo después del Holocausto.
Ahora bien, partiendo del falso supuesto de la existencia de una raza semita, los nazis también persiguieron a aquellos que tenían sólo un padre judío o, por ejemplo, cuyos abuelos fueran judíos pero sus padres no, pese a que según el concepto tradicional rabínico estas personas no fueran consideradas judías. La Ley del Retorno también es aplicable a estas personas y, a este respecto, el Ministerio del Interior decide según el caso si un solicitante oficialmente no judío puede beneficiarse de dicha ley o no, debido a su ascendencia familiar.
A la hora de decidir cuándo un converso tiene derecho a los privilegios de la Ley del Retorno, el gobierno israelí delega la evaluación en el Gran Rabinato, que sin embargo se niega a reconocer ninguna conversión que no sea ortodoxa. Dicho punto fue durante años motivo de frecuentes disputas entre Israel y la diáspora judía, en vista de que en ésta están muy difundidas otras tendencias, como el judaísmo reformado o el conservador. Finalmente, el 31 de marzo de 2005, la Corte Suprema israelí obligó a reconocer a efectos de la Ley del Retorno cualquier conversión realizada en el extranjero, independientemente de la tendencia del judaísmo en la que se haya producido.
Poderes del Gran Rabinato
Desde entonces, el Gran Rabinato insta al gobierno a modificar la ley para que, en general, los conversos no se beneficien de ella. No obstante, para evitar de nuevo conflictos con importantes comunidades judías en el extranjero, el primer ministro israelí, Ehud Olmert, rechazó recientemente exigencias en este sentido por parte del Gran Rabino sefardí, Shlomo Amar. Este teme que con el tiempo el gobierno autorice a rabinos reformados o conservadores a reconocer conversiones dentro del país y que permita también celebrar matrimonios por ritos diferentes al ortodoxo.
El rabinato dispone igualmente por ley de un monopolio histórico en todo lo relativo a los matrimonios y los divorcios. Debido a ello, en Israel no existe el matrimonio civil, ni tampoco enlaces mixtos entre judíos y no judíos. Esto no constituyó ningún problema por mucho tiempo, ya que incluso muchos judíos emigraban a Israel con el principal objetivo de encontrar a su «media naranja» judía. Pero el crecimiento en el número de inmigrantes no judíos, sobre todo procedentes de la antigua Unión Soviética y Etiopía, ha llevado a que sean ya mixtos el 10% de los matrimonios que viven en Israel, según un sondeo presentado recientemente por New Family, organización que aspira a provocar cambios en las leyes familiares.
Normalmente, cuando una pareja mixta israelí quiere contraer matrimonio debe hacerlo en el extranjero. Así, muchos optan por ejemplo por celebrar su boda durante un breve viaje a Chipre y regresar luego a Israel. La Justicia israelí obliga a reconocer los matrimonios celebrados en el extranjero. Pero, según New Family, el gobierno se niega por el momento a aportar una solución para permitir la celebración en el país de matrimonios mixtos, ni mucho menos a crear la figura del matrimonio civil, lo que acabaría con el monopolio del rabinato.
Al margen de las leyes históricas en las que la influencia del Gran Rabinato está clara, la presencia de partidos ultraortodoxos en la Knéset (Parlamento), que con sus votos ayudan al gobierno de turno a mantenerse en el poder, ha desembocado en la promulgación de muchas otras leyes que favorecen a los judíos ultraortodoxos frente al resto de habitantes de Israel. A finales de febrero, el gobierno israelí aprobó, por ejemplo, la prolongación por cinco años más de la llamada Ley Tal, que exime del servicio militar a los jóvenes judíos ultraortodoxos.
En Israel existe un servicio militar obligatorio de tres años para los hombres y de 20 meses para las mujeres, que se debe cumplir llegada la mayoría de edad. Sin embargo, los políticos de los partidos ultraortodoxos, unos de ellos en el gobierno y otros en la oposición, consideran que los jóvenes religiosos ya defienden a Israel rezando, por lo que no necesitan prestar servicio con las armas. Entre los opositores a dicha ley se encuentran el ministro de Justicia, Daniel Friedman, y el líder del bloque laborista en la Knéset, Eitan Cabel, quienes la consideran discriminatoria y piden su abolición.
Pero estos privilegios, que crean malestar entre los israelíes laicos, van más allá del servicio militar. Numerosos miembros de la comunidad ultraortodoxa, que constituye el 20% del total de la población israelí, quedan eximidos del pago de impuestos e incluso de trabajar, pues el Estado financia su sustento con ayudas a la vivienda y a la natalidad, así como a través de subvenciones -no siempre completamente transparentes- a los partidos ultraordotodoxos de la Knéset, a cambio del apoyo parlamentario.
Sin vuelos en sábado
Más allá de asuntos legales, los judíos ultraortodoxos mantienen en su condición de consumidores una influencia clara frente a empresas clave en el país, algo que se refuerza con la organización del colectivo en torno a sus líderes. Un ejemplo claro es lo sucedido recientemente con la compañía aérea El Al, la principal de Israel y de capital enteramente privado.
En noviembre, para recuperarse de los retrasos ocasionados por una huelga, la compañía se vio obligada a volar en Shabat, el día sagrado de los judíos, que comienza el viernes por la noche y en el que durante 24 horas está prohibido realizar cualquier trabajo.
En señal de protesta, la comunidad ultraortodoxa lanzó un boicot contra El Al que finalizó a principios de enero, después de que se llegara a un acuerdo en negociaciones entre ambas partes. En conformidad con el compromiso, El Al sólo podrá volar en Shabat en caso de emergencia, para salvar vidas, y el que decidirá acerca de la licitud de dichos vuelos será el Gran Rabino Amar. De todas maneras, éste sólo tendrá una función de asesor con carácter no vinculante y no será miembro de la cúpula directiva de la empresa, tal y como exigían los ultraortodoxos.
Los «kibutz»: del colectivismo a la privatización
Los «kibutz», las comunas agro-industriales que durante décadas fueron estandarte del colectivismo socialista en Israel, se están viendo sometidos a un proceso de intensa transformación para poder sobrevivir en medio de los cambios en la sociedad y la economía. Su número cae lentamente, gran parte de ellos han sido privatizados para adaptarlos a la economía de mercado y otros tantos presentan modos laborales y de convivencia que distan mucho del espíritu fundacional.
El primero de los «kibutz» que se fundaron, el de Degania, decidió recientemente su privatización después de casi un siglo de vida. La granja colectiva fue erigida en 1909 por nueve hombres y una mujer que emigraron de Rusia a Palestina, y actualmente cuenta con 320 miembros, entre ellos un centenar de niños.
En los «kibutz», que fueron decisivos para la fundación del Estado de Israel en 1948, no se cobraba salarios, pero había una Asamblea General que decidía el importe del dinero de bolsillo que podían recibir sus miembros, dependiendo de los ingresos generales de la colectividad. La alimentación en comedores comunes, los servicios médicos, la educación y prácticamente todos los demás servicios eran financiados con esos ingresos.
Sin embargo, ya desde los años ochenta empezaron a introducirse cambios, el primero de ellos el de establecer salarios que varían según la cualificación de los trabajadores y de su función. El siguiente paso ha sido la privatización, a la que hasta la fecha han sucumbido 180 de los 258 «kibutz» existentes, en los que viven unas 120.000 personas.
En los «kibutz» privatizados, un trabajador cualificado cobra hasta cuatro veces más que un operario sin cualificación, y las casas, que antes eran propiedad de la colectividad, han sido registradas a nombre de los usuarios. La venta, eso sí, debe contar con la aprobación de los demás vecinos, para evitar el ingreso en la comunidad de personas indeseables. Además, para preservar el carácter social de los «kibutz», sus miembros pagan una cuota con la que sostener a los demás miembros en caso de necesidad económica.
De todas maneras, ya antes de llegar a la privatización, muchos «kibutz» se han convertido en sociedades muy diferentes a las originales, en las que el individualismo ha sustituido a la vida en comunidad. Así sucede, por ejemplo, en el de Degania. «Nada es ya como antes. El comedor está vacío y los festivales ya no son una fiesta. Desafortunadamente, Degania ya no es un kibutz», afirma Nirit Hadar, quien vive en el lugar desde hace 27 años, citada por el diario «Yedioth Ahronot» (19-02-2007).
Pese a que los «kibutz» eran en un principio inminentemente agrarios, muchos se han abierto a la industria y al turismo, ofreciendo alojamientos pagados a modo de hotel o incluso discotecas. El proceso de reconversión a los que se están viendo sometidos los «kibutz» está dando no obstante buenos resultados económicos. Su facturación creció un 9% en 2005 en comparación con el año anterior, hasta 25.400 millones de NIS (4.600 millones de euros), según las cifras más recientes difundidas por el diario «Jerusalem Post» (1-03-2007).