El malestar de la opinión pública ante las retribuciones desmesuradas de altos ejecutivos está haciendo que el asunto se incorpore a la agenda política en la Unión Europea. En algún país, como Holanda, el gobierno está decidido a legislar sobre el asunto; en otros, se ve preferible que la ley se limite a exigir transparencia en las retribuciones, de modo que los accionistas pueden tener la última palabra.
El asunto se ha discutido en la reunión del Eurogrupo el pasado 13 de mayo, y se debatirá en una reunión de los ministros de Economía de la UE, durante la presidencia francesa a partir de julio. Entre las medidas que se barajan está gravar fiscalmente los bonos, primas, indemnizaciones y opciones sobre acciones reconocidas a los altos ejecutivos, que en diversos países se contabilizan como gastos empresariales.
En Holanda, el gobierno de centro-izquierda ha presentado un proyecto de ley que se espera pueda entrar en vigor el próximo año. Una de las propuestas es que las empresas paguen un impuesto del 30% sobre cualquier indemnización por rescisión de contrato (los así llamados “paracaídas de oro”) de 500.000 o más euros.
Algunos dicen que con las limitaciones que propone el gobierno se crea un clima que penaliza a los emprendedores. Según Ad Scheepbouwer, director general de la compañía de telecomunicaciones KPN, en Holanda no se acepta que la gente de más talento que consigue resultados excepcionales, tiene que estar mejor pagada. “Solo se acepta que estén fuera de la norma los cantantes y los futbolistas”, dice al International Herald Tribune (13-05-2008).
En cambio, el ministro de Hacienda piensa que estas tremendas desigualdades erosionan la confianza del público en el sistema de libre mercado, y por lo tanto dañan el espíritu emprendedor. Lo mismo creen los sindicatos, que apoyan la legislación propuesta.
También en Bélgica las retribuciones de algunos altos ejecutivos han escandalizado a la opinión pública. El asunto es especialmente conflictivo en un momento en que, con una tasa de inflación del 4,4%, por encima de la media europea, se discute sobre el poder adquisitivo de los salarios.
Como desde 2004 la ley obliga a dar a conocer las remuneraciones de los directivos en el informe anual de las empresas, se han sabido algunos casos recientes especialmente llamativos: Jean-Paul Votron, director general del grupo bancario Fortis, cuyo salario anual (3,9 millones de euros) aumentó un 15,4% en 2007. Sin embargo, la cotización de la acción de Fortis bajó de 35 euros a 16,5 euros en un año, y el banco perdió 3.000 millones de euros antes de impuestos por la crisis de las hipotecas subprime.
Votron ejemplifica el caso del ejecutivo que sigue ganando más mientras los accionistas pierden. Pero no es el ejecutivo mejor pagado en el país. Hay otros que le superan, como Carlos Brito, del grupo cervecero Inbev (con 4,28 millones de euros) o Albert Frère, patrón del holding GBL, con 3,93 millones.
Algunos políticos belgas son partidarios de legislar como en Holanda, pero otros no lo ven oportuno. El ministro de empresas públicas, Vincent Van Quickenborne, declaraba el pasado abril al diario Le Soir que “no corresponde a los políticos fijar un techo, sino a los accionistas, que son los propietarios de la empresa”. El ministro se declaraba partidario de reforzar el papel de los accionistas activos, que podrían oponerse a aumentos de retribuciones que no estuvieran justificados.
El sector empresarial prefiere la autorregulación a la aplicación de una ley. Por eso ha dicho que el remedio podría buscarse a través de una mejora del actual código de buen gobierno de las empresas cotizadas en Bolsa.
En Alemania también se ha planteado la necesidad de corregir el tratamiento fiscal de las altas retribuciones de los ejecutivos. El pasado abril, los socialistas, que forman parte de la coalición de gobierno, propusieron que se fijara un tope de un millón de euros a la retribución de altos ejecutivos que las empresas pueden deducir como gasto empresarial.
En Francia una de las promesas de Sarkozy durante la campaña electoral fue poner un límite a las indemnizaciones por rescisión de contrato de altos ejecutivos, sobre todo cuando no están justificados por los resultados de su gestión.