En Estados Unidos siguen siendo motivo de polémica las políticas preferenciales para minorías en el ingreso en las universidades. La conocida cuestión de la discriminación positiva continúa en el fondo de un debate que ahora incluye la validez del SAT, el examen tipo test que realizan los estudiantes de Secundaria para avalar su solicitud de ingreso en la Universidad. También en Francia, la Escuela Libre de Ciencias Políticas, un prestigioso centro de educación superior, acaba de anunciar que admitirá en el curso próximo un cupo de alumnos procedentes de centros de secundaria enclavados en barrios populares del extrarradio parisino, aunque no aprueben el selectivo examen de ingreso.
En Estados Unidos, la polémica cuestión de la discriminación positiva arranca de los años setenta y está jalonada de sentencias judiciales, a veces contradictorias. El debate se ha reavivado desde que el pasado febrero el rector de la Universidad de California, Richard Atkinson, propuso abandonar el SAT (Scholastic Aptitude Test) como requisito de ingreso en su Universidad. La prestigiosa Universidad de California, estatal, cuenta con nueve centros y 170.000 estudiantes. UCLA y Berkeley forman parte de ella. En el año 2000, se recibieron 68.000 solicitudes para cubrir 28.000 plazas. Dicho de otro modo, seis de cada diez aspirantes no pudieron ingresar.
En 1996, los electores de California aprobaron en referéndum el fin de la discriminación positiva. Así que la Universidad de California tuvo que renunciar a este sistema en la selección de alumnos, que favorecía a los pertenecientes a minorías étnicas. Desde entonces los estudiantes de las minorías étnicas han descendido del 22% al 16%.
Un test decisivo
Ahora, en una carta dirigida al Consejo de la Universidad y en un discurso al American Council of Education, el rector Atkinson ha propuesto abandonar como criterio de referencia obligatorio la puntuación del SAT, la prueba de aptitud tenida en cuenta por el 86% de las universidades norteamericanas. El pasado año, el 44% de los estudiantes que terminaron Secundaria realizaron el SAT y remitieron los resultados a las universidades en las que deseaban cursar estudios.
Una institución, llamada College Board, se encarga de la gestión del SAT, cuyas preguntas son elaboradas por profesores de secundaria de todo el país. El SAT tiene dos partes. La primera es una exigente prueba tipo test sobre lengua y matemáticas. La segunda recoge datos útiles sobre el currículo del alumno que puedan ayudar en su orientación profesional.
Atkinson ha declarado que la política de admisión no debe depender tanto de unos tests normalizados y ha tener en cuenta criterios más generales sobre el candidato. De este modo será posible que entren más alumnos procedentes de las minorías negra e hispana, que ahora se quedan fuera porque en el SAT suelen obtener peores resultados que blancos y asiáticos. La cuestión debe ser decidida por el Consejo de la Universidad.
Para descubrir talentos
La postura de Atkinson es calificada como una nueva excusa para la discriminación racial en un comentario de Jason L. Riley, en The Wall Street Journal (20-III-2001). Riley arremete contra los partidarios de aplicar preferencias raciales en nombre de la «diversidad» del cuerpo estudiantil. Después de que el Tribunal Supremo prohibiera en 1978 las cuotas raciales, pero admitiera que había un interés legítimo del gobierno en fomentar la diversidad, éste ha sido el motivo invocado por las políticas preferenciales para minorías. Riley sostiene que abandonar el SAT supone dar por inevitable la inferioridad de algunas minorías, y que la «discriminación racial -ya sea para remediar injusticias pasadas, favorecer la inclusión o la diversidad- sigue siendo discriminación racial, lo que es inmoral y ajeno a la Constitución».
Por su parte, The Economist (24-II-2001) editorializa sobre los riesgos de cambios en los criterios de evaluación del SAT. La revista recuerda que antes de la introducción del SAT las Universidades más prestigiosas eran prácticamente terreno exclusivo de los hijos de familias acomodadas. Precisamente fue un pequeño grupo de estas Universidades el que impulsó el SAT, para descubrir talentos de todas las clases sociales. El único modo de conseguirlo era fiarse de pruebas de aptitud normalizadas y objetivas. Precisamente, la Universidad de California jugó un papel importante en esta revolución, y gracias a ello muchos estudiantes que habían nacido en míseros Chinatowns lograron acceder con éxito a la educación superior.
Ante la pretensión de restar objetividad a las pruebas de lengua y matemáticas que realizan los alumnos en el SAT, The Economist expresa el temor de que se repitan en Estados Unidos los decepcionantes resultados cosechados en Gran Bretaña desde que se abandonó el examen selectivo conocido como 11+ en favor de la educación comprensiva (ver servicio 48/01). Sostiene el semanario que la opción por pruebas holísticas (génericas, en oposición a específicas) y la concesión de un mayor valor a las entrevistas de admisión puede favorecer el subjetivismo.
Sin rebajar el nivel
El rector Atkinson ha manifestado que una experiencia vivida durante una visita a un prestigioso colegio privado le reafirmó en su postura sobre el SAT. Atkinson fue testigo de cómo los alumnos de 12 años se dedicaban ya a prepararse para las pruebas del SAT. Por eso piensa que el SAT es algo que ha distorsionado el modo en que los alumnos aprenden y ha agravado las desigualdades educativas.
En la opinión pública norteamericana abundan posturas que coinciden en apreciar la diversidad en el alumnado de la universidad, pero no a cualquier precio. La cuestión de los malos resultados de los alumnos procedentes de minorías en los tests SAT lleva a muchos a plantearse que la solución debe buscarse no en la introducción de cambios en el SAT, sino en la mejora del nivel de motivación y excelencia en la enseñanza secundaria.
Los críticos de la discriminación positiva argumentan que la solución no está en rebajar los niveles de admisión. Una auténtica ayuda a los que más lo necesitan requiere un esfuerzo más arduo y sostenido que favorezca la superación educativa de las minorías desaventajadas. Lo contrario es enmascarar los problemas. Esto es lo que mantiene Clint Bolick, autor de The Affirmative Action Fraud: «Manipular las calificaciones para producir una ‘diversidad’ artificial en la educación superior crea la apariencia de que estamos resolviendo las disparidades raciales, cuando de hecho estamos permitiendo que los problemas subyacentes se enconen y crezcan. Por el contrario, cuando se elimina la raza en el proceso de admisión -como ha ocurrido en Texas, California y Florida-, las autoridades se ven forzadas a afrontar la penosa realidad y tienen que empezar a hacer algo».
Beneficios de la diversidad
Pero los partidarios de la discriminación positiva para conseguir la «diversidad» tienen también sus argumentos, expuestos persuasivamente por Albert R. Hunt en The Wall Street Journal (1-II-2001). Los que critican la acción afirmativa invocando la meritocracia suelen olvidar que en las universidades se admiten ya otras preferencias. En las prestigiosas universidades de la Ivy League se da más preferencia a los deportistas que a las minorías; también reciben un trato de favor en la admisión los hijos de ex alumnos o los de donantes, así como se tiene en cuenta el lugar de procedencia.
En segundo lugar, la diversidad del alumnado no beneficia sólo a las minorías, sino que enriquece el aprendizaje de todos. Kent Syverud, decano de la Facultad de Derecho de Vanderbilt University, advierte, por ejemplo, que muchos estudiantes de Derecho piensan que ya conocen los puntos de vista de sus clientes o de sus adversarios, con lo cual no saben escuchar. Por ello se benefician mucho de «una clase donde, a causa de una abundante diversidad racial, los tópicos sobre los puntos de vista de diferentes razas están sometidos a un debate abierto, que a veces confirma y a veces desmiente profundamente esas suposiciones». Serán así mejores abogados.
Los críticos han dicho también que la discriminación positiva perjudica a los alumnos de las minorías, porque hiere la autoestima y les lleva a dudar de sus capacidades.
Nada de eso, les responden los otros, que enarbolan un estudio firmado por William Bowen, antiguo rector de Princeton, y Derek Bok, ex rector de Harvard. En una investigación sobre 3.500 estudiantes negros, que entraron en la Universidad unos en 1976 y otros en 1989, resulta que tres cuartas partes se graduaron (proporción superior a la media nacional); un excepcionalmente alto 40% lograron un título de postgrado; y el 90% se declaraban satisfechos de su experiencia universitaria.
Nos veremos en el Tribunal Supremo
Sea o no fruto de la discriminación positiva, en las dos últimas décadas el número de alumnos negros e hispanos en las universidades casi se ha duplicado. El porcentaje de títulos de primer ciclo obtenidos por alumnos de estas minorías ha pasado del 8% del total en 1976-77 al 14% en 1997-98; en el mismo periodo, los licenciados en Derecho (estudios de segundo ciclo) han aumentado del 6% al 13% y los de Medicina del 7% a más del 12%.
En Estados Unidos, a falta de una toma de postura definitiva por parte del Tribunal Supremo, no cesa el goteo de sentencias judiciales, a veces contradictorias, a instancia de parte. En algunos casos han rechazado los sistemas de discriminación positiva que aplican bastantes universidades en la admisión de alumnos. En otros, han dado por bueno el sistema.
El pasado 27 de marzo, un juez federal declaró inconstitucional el sistema de admisiones de la Escuela de Derecho de la Universidad de Michigan, por estimar no justificable la consideración de la raza como un factor en la selección de alumnos. Para favorecer la diversidad, la Escuela había aceptado a estudiantes pertenecientes a minorías con peores calificaciones que otros candidatos.
El juez Bernard Friedman estimó que la verdadera motivación de estas preferencias no era en sí misma la diversidad, sino el equilibrio racial, lo que es contrario a la Constitución. «Cualquiera que sea la solución que la Escuela de Derecho decida adoptar, debe ser neutra desde el punto de vista racial. El criterio debe centrarse en el mérito de los candidatos individuales, no en las supuestas características de los grupos raciales. Una política de admisión que trate de modo diferente a los candidatos en función de su raza es injusta y anticonstitucional».
Sin embargo, en diciembre pasado, otro juez federal de Detroit consideró constitucional la concesión de trato singular a negros, hispanos y nativos norteamericanos en los estudios de primer ciclo de la misma Universidad de Michigan. «Un alumnado racial y étnicamente diverso produce beneficios significativos en la educación», estimó el juez Patrick Duggan. Sin preferencias raciales (no cuotas) habría un número de alumnos de minorías mucho menor en la Universidad de Michigan. También en el caso de la Escuela de Derecho de Michigan, los expertos que testificaron dijeron que, sin preferencias raciales, la proporción de alumnos de minorías en el curso de ingreso habría sido un 4% en lugar del 14,5% actual.
Teniendo en cuenta la diversidad de criterios adoptados por parte de los tribunales y la importancia del tema, es de esperar que el asunto llegará pronto al Tribunal Supremo y éste deberá sentar jurisprudencia para todo el país.
La versión francesa: el caso Sciences-Po
La École Libre des Sciences Politiques (conocida coloquialmente como Sciences-Po) es un centro público de gran tradición y prestigio en Francia. Desde su fundación, en 1872, en sus aulas se han formado un buen número de dirigentes políticos y grandes ejecutivos. Haciendo un repaso de los más recientes personajes que han sido alumnos de Sciences-Po, nos encontramos con el ex secretario general de la ONU Butros-Ghali; la presidenta del Parlamento Europeo, Nicole Fontaine; el comisario europeo Pascal Lamy; los ministros Jospin, Veil, Balladur, Rocard, Aubry, Védrine, Chevènement, Lang y Strauss-Kahn. Directores de grandes empresas públicas, como France Telecom y Air France, también se formaron en la venerable escuela de la rue Saint-Guillaume de París.
A partir del curso próximo, la Escuela se dispone a aplicar unos criterios especiales de acceso para la admisión de un cupo de alumnos (entre 30 y 60) procedentes de algunos liceos situados en «zonas de prioridad educativa», una expresión administrativa que hace referencia a barrios difíciles de la periferia de París, con fuerte presencia de inmigrantes africanos.
El plan anunciado por Richard Descoing, director de la Escuela, prevé un acuerdo con siete liceos, cuyos responsables seleccionarán a los alumnos que presenten mejores condiciones para estudiar en Sciences-Po. Estos bachilleres no tendrán que superar el concurso de acceso al centro, sino que serán seleccionados según un trabajo de documentación y una entrevista.
El hecho de que no tengan que superar el concurso de acceso ha merecido críticas en distintos sectores de la sociedad francesa. Una organización estudiantil radicada en Sciences-Po ha anunciado que llevará el asunto a los tribunales, porque la medida supondría la ruptura del trato igualitario.
La prensa recoge opiniones reticentes hacia el plan, como la del director de un colegio privado que afirma que el problema de los alumnos de las áreas más desaventajadas radica en la motivación, y que no se resolvería permitiendo a los estudiantes entrar en una escuela de elite sin tener que superar un examen competitivo.
La medida, en línea con la práctica norteamericana de la discriminación positiva, cambiará poco en principio la procedencia del alumnado, si se considera que la Escuela cuenta en la actualidad con 4.000 alumnos. La medida tendrá una vigencia experimental de 10 años, período en el que evaluará logros y deficiencias, e irá incrementando el número de institutos y alumnos beneficiarios de esta vía especial de ingreso.
Un estudio sociológico, realizado por Madani Cheurfa sobre las pruebas de admisión de 1998, destaca que el 63% de los alumnos que se presentaron para acceder al primer ciclo de Sciences-Po eran hijos de empresarios, profesionales liberales, directivos e intelectuales. Realizadas las pruebas de admisión, este colectivo obtuvo el 80% de las plazas disponibles.
Esta situación no es exclusiva de Sciences-Po, sino un fenómeno común a los centros más selectivos, las «grandes écoles», donde el alumnado pertenece a un abanico social cada vez más restringido. Según datos de un estudio, si en 1950 el 29% de los alumnos de estos centros provenían de ambientes populares, en 1995 la proporción había bajado al 9%.
Los directores de las «grandes écoles» afirman que la selección opera antes, pues todo el sistema funciona así. La ventaja no se explica sólo por el dinero. Un número cada vez más importante de estos alumnos pertenecen a familias donde al menos uno de los padres es profesor. El apoyo escolar en casa y el conocimiento de las teclas apropiadas del sistema educativo son una buena baza para el éxito en los estudios.