Los cambios sociales que afectan negativamente a la familia son bien perceptibles en Europa. Sobre todo, porque la desintegración familiar favorece la marginación social y la pobreza, deficiencias de formación y conductas destructivas -delincuencia, consumo de drogas, embarazos de adolescentes…- entre los jóvenes, y compromete el futuro al hacer que la natalidad quede por debajo del nivel de reemplazo de generaciones. El remedio más eficaz -proteger a la familia- es a la postre el más barato. Así concluye el sociólogo Lluís Flaquer en un estudio comparativo de las políticas familiares en la Unión Europea, publicado por la Fundación «La Caixa» (1).
Flaquer, profesor de Sociología en la Universidad Autónoma de Barcelona, observa que en la Unión Europea (UE) abundan las innovaciones para responder a los cambios sociales que afectan a la familia. De modo que la UE viene a ser una especie de «laboratorio» de políticas familiares.
El primer elemento de la política familiar consiste en las prestaciones económicas directas. En su origen, los subsidios públicos a la familia eran de carácter asistencial, limitados a los trabajadores menos favorecidos. La actividad doméstica -criar hijos y atender a ancianos- era considerada como privada, a diferencia de la actividad productiva. No se reconocía, en la práctica, el valor social del trabajo familiar, no remunerado, que recaía sobre las mujeres. Pero cuidar de niños y ancianos es una contribución al bienestar general.
La siguiente fase vino cuando se construyeron los modernos Estados del bienestar sobre el principio de la redistribución de la riqueza por medio de transferencias de recursos entre clases sociales y generaciones. Entonces los pagos a las familias dejaron de tener carácter asistencial y se universalizaron, al igual que las pensiones y el seguro médico.
Ahora se dan situaciones nuevas. El panorama familiar ha cambiado mucho con la incorporación general de las mujeres al empleo, la caída de la fecundidad, el aumento de los índices de divorcios, el crecimiento del paro… Hoy la sustentación de los mayores no recae en las familias: está asegurada por las pensiones públicas. Ahora el problema está en evitar el deterioro económico relativo de las familias con hijos pequeños y en las nuevas situaciones de pobreza surgidas por el aumento de familias monoparentales, en su mayor parte de madres solteras o divorciadas.
Todo ello llevó hacia los años 80 a un replanteamiento de las políticas familiares europeas. Flaquer señala, en primer lugar, el debate en torno al mantenimiento de la universalidad de las prestaciones familiares, es decir, si deben darse en función del número de hijos, independientemente del nivel de ingresos de la familia. En vista de que empeoraba la situación de las familias con menos recursos, se empezó a pensar si no había que condicionar los subsidios familiares a los ingresos. Había también otro motivo: la crisis del Estado del bienestar, que imponía restricciones presupuestarias.
Subsidios para todos
Flaquer defiende la universalidad. Alega que eliminarla supondría convertir los subsidios a las familias en asistencia social, con el estigma que ello comporta. Además, la inequidad económica que supone dar subsidios a las familias que quizá no los necesitan se puede corregir fácilmente mediante la política fiscal.
Como buen ejemplo de esto último, Flaquer cita el caso de Alemania. Allí, desde 1996, subsidios directos y desgravaciones fiscales no son acumulables. Las familias que, por no alcanzar el nivel de ingresos fijado en la ley fiscal, no hacen declaración de la renta solo reciben subsidios. Las que han de declarar tributan por los subsidios. De esta forma, se evita privilegiar a las familias con más recursos y a la vez se respeta un principio básico de política familiar: la justificación de los subsidios no es la asistencia social, sino el simple hecho de tener hijos.
Tabla3
Por tanto, si las dificultades aumentan tanto cuando se pasa de un hijo y son tan acentuadas en los primeros años de cada niño, la respuesta parece estar en las medidas de flexibilidad laboral. Flaquer ofrece un panorama de las políticas al respecto en los distintos países de la UE.
Las principales medidas en este campo son el fomento del empleo a tiempo parcial, la flexibilidad de horarios de trabajo, los permisos por nacimiento de un hijo y las excedencias parentales. A decir verdad, el empleo a tiempo parcial viene subiendo, en buena parte, con independencia de las políticas familiares, y muchos lo consideran una forma de empleo precario, con menos protección y derechos. En el conjunto de la UE, el 80,5% de los empleados a tiempo parcial son mujeres, que de hecho encuentran más obstáculos que los hombres para mantener empleos de jornada completa. De modo que esta forma de flexibilidad es ambivalente.
Licencias parentales
Más claramente beneficiosa para las familias es la flexibilidad de horarios. En este punto hay numerosos convenios sectoriales, sobre todo en los servicios. Por ejemplo, en la industria metalúrgica alemana, en vez de cobrar las horas extraordinarias se pueden acumular en una «libreta de ahorro de horas», para disponer de ellas cuando la familia lo requiera.
La política más decidida es la de Suecia, que concede a padres y madres hasta 60 días al año de permiso en caso de enfermedad de los hijos o de la persona que los cuida. Cuatro países más (Bélgica, Alemania, Austria y Portugal) prevén con carácter general de 6 a 10 días al año por emergencias familiares, con la diferencia de que el trabajador decide a su discreción si hay motivo para tomarlos.
En la UE, los permisos por nacimiento de un hijo son, por directiva comunitaria, de al menos 14 semanas con retribución. Del mínimo se exceden con generosidad los países nórdicos; la mayoría de los Estados otorga 16 semanas.
Como una extensión del permiso por nacimiento de un hijo es la excedencia parental, que permite interrumpir la dedicación al trabajo cuando los hijos más necesitan la presencia de los padres. Esta solución está verdaderamente desarrollada solo en algunos países. Alemania da hasta tres años para cuidar a un hijo pequeño, con una prestación para compensar la pérdida de salario: 306 euros mensuales como máximo, según la renta de la familia. Francia exige que el trabajador tenga dos hijos y que al menos uno sea menor de tres años; la prestación es de 451 euros al mes, el 60% del salario mínimo neto. Italia da opción a nueve meses adicionales de excedencia tras el permiso de maternidad, con el 30% del sueldo.
Casi todos los países se proponen expresamente que el padre y la madre se repartan el permiso parental obligatorio y aun la excedencia voluntaria posterior. Con ello pretenden que el coste para las empresas no se deba de forma tan desproporcionada a la madre y se vaya extendiendo la idea de que también los hombres tienen necesidad de ausencias por razón de los hijos. Pero la experiencia muestra que los hombres apenas hacen uso de permisos y excedencias si no es preceptivo. Por ejemplo, según datos posteriores al libro de Flaquer, el año pasado en España solo 1.764 hombres se tomaron el permiso por nacimiento de un hijo.
La generosidad con la familia sale barata
Tras examinar las políticas familiares de la UE, Flaquer identifica algunas tendencias comunes. Hay un reciente esfuerzo en medidas para conciliar trabajo y familia, en respuesta al aumento de madres activas. Se diversifican los apoyos a la familia, buscando más la aportación de agentes no gubernamentales (empresas, ONG…). Se presta más atención a prestaciones no monetarias: servicios para atender niños y ancianos, mejora de las condiciones laborales…; en fin, todo lo que facilite a padres y madres dedicar tiempo a sus hijos o ascendientes mayores. La idea es que «no tan solo estas atenciones serán dispensadas mejor por los parientes más cercanos, sino que ello será para las personas implicadas fuente de enriquecimiento y satisfacción».
De la comparación concluye Flaquer que la política familiar española presenta graves defectos. El mayor es que no hay una política general que integre de modo coherente las medidas de protección a la familia. El segundo es que las ayudas son escasas. Y esto se aplica tanto a las prestaciones económicas como a las disposiciones para conciliar trabajo y vida familiar.
«El gran error de las políticas españolas de igualdad de oportunidades en el campo del empleo es que consideran a las mujeres como trabajadoras pero no como madres». La ley de Conciliación de Trabajo y Vida Familiar (1999), añade Flaquer, es insuficiente: no basta dar unas cuantas ventajas laborales si no se impulsa una red de servicios a las familias con hijos pequeños.
Flaquer recuerda que en España se registra la fecundidad más baja del mundo (1,07 hijos por mujer, según la última estimación: ver servicio 4/01), y sostiene que solo subirá facilitando las condiciones de bienestar a las familias. La generosidad con la familia nunca es un dispendio, y menos en tiempos de escasez de bebés. «La política familiar -señala Flaquer- se debe computar más como una inversión que como un gasto. En este sentido, resulta barata porque es preventiva: genera bienestar y calidad de vida entre el grueso de la población (…) y, al contrario, impide que se gesten y se manifiesten problemáticas asociadas con la precariedad y el desarraigo familiares como el fracaso escolar, las drogadicciones, la delincuencia juvenil y el embarazo adolescente».
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(1) Lluís Flaquer. Las políticas familiares en una perspectiva comparada. Fundación «La Caixa». Barcelona (2000). 165 págs.
(2) Francisco Cañal, «Pros y contras de los distintos sistemas de tributación familiar», Aceprensa, suplemento 1/98 (1-VII-1998).