Varios acontecimientos de los últimos meses indican que el régimen chino considera las organizaciones religiosas libres como una amenaza para el régimen comunista. En lo que va de año, el gobierno chino ha optado por la confrontación: sigue persiguiendo al movimiento Falun Gong, ha ordenado cinco nuevos obispos católicos «patrióticos» sin acuerdo del Papa y debe asumir el fracaso de su política religiosa en el Tíbet con la defección del Karmapa Lama.
Según Frank Lu, director del Information Center for Human Rights and Democratic Movement in China, con sede en Hong Kong, «Pekín no puede soportar la práctica de la fe sin controlarla, sobre todo la que expresa fidelidad a una autoridad extranjera».
En abril fue la campaña contra la secta Falun Gong, que se saldó con miles de detenciones, abjuraciones forzosas, bloqueo de sus sitios web, etc. En agosto, fue el veto de la visita de Juan Pablo II a Hong Kong, auténtico jarro de agua fría para los católicos chinos (ver servicio 117/99). Y, en diciembre, el gobierno añadió diez grupos al elenco de cultos ilegales.
En el año recién estrenado continúa la persecución contra los miembros de Falun Gong -que practican la gimnasia y una espiritualidad de origen budista y taoísta-. Hasta ahora, han sido encarcelados más de 15.000 miembros y algunos han muerto a consecuencia de los malos tratos.
Los miembros de la secta son acusados de atentar contra la salud de las personas y obstaculizar el desarrollo de China. Imputaciones que recuerdan las que Pekín hacía a los católicos chinos en los años 50. Para Wang Shan, analista político, Falun Gong «es el primer movimiento proletario desde la liberación que el Partido no controla. Y, por supuesto, el Partido tiene miedo» (International Herald Tribune, 11-I-2000).
El 5 de enero, el decimoséptimo Karmapa Lama optó por expatriarse a la India, donde reside el Dalai Lama. El joven lama ha sido educado por los chinos con arreglo a la doctrina «patriótica» y era la esperanza de Pekín para reducir el apoyo tibetano al Dalai Lama. Su huida echa aún más leña al fuego del sentimiento anti-chino que crece en el Tíbet. Quizás por eso, el gobierno acaba de reiterar su derecho a aprobar las reencarnaciones de los principales dignatarios budistas del Tíbet y deslegitimar así la figura del Dalai.
El 6 de enero, la Asociación (Iglesia) Católica Patriótica -que se proclama Iglesia independiente de Roma y en sintonía con los ideales del Partido Comunista- consagró cinco nuevos obispos. Un gesto que deja clara la posición de Pekín en «asuntos internos» y que la Santa Sede lamentó en un breve comunicado: «Esta decisión se toma en un momento en el que cabía esperar una normalización de las relaciones entre la Santa Sede y Pekín, mientras este gesto supone un obstáculo que ciertamente dificulta ese proceso».
Fuentes de Pekín citadas por la agencia Fides explicaron que menos de 200 personas asistieron a la ceremonia de ordenación en la catedral de Pekín. Ninguno de los siete obispos «patrióticos» que ordenaron a los nuevos prelados mantiene algún vínculo con la Santa Sede, y otros obispos, presionados para que asistieran, no aparecieron. Según la misma agencia, los 130 seminaristas del seminario nacional de Pekín se negaron a asistir a las ordenaciones.
Según Joseph Zen Nekiun, obispo de Hong Kong, las ordenaciones encajan con los planes del gobierno -con vistas al establecimiento de relaciones diplomáticas con la Santa Sede- contenidos en un documento secreto que aboga por un control más estricto de los católicos chinos. El documento fue publicado en noviembre por la agencia Fides.
Con lenguaje burocrático, el texto fija las etapas para un posible establecimiento de las relaciones diplomáticas con el Vaticano. Y, aunque confirma el enorme interés del gobierno -pues mejoraría su imagen en la escena política internacional-, reitera su obsesión por neutralizar la influencia de la Santa Sede sobre los católicos chinos. El texto afirma, entre otras cosas:
– Toda comunidad cristiana debe ser guiada por «un comité democrático», es decir, la Asociación Patriótica, que administra la vida de los cristianos según las directivas del gobierno.
– El Consejo de los Obispos chinos debe someterse a la Conferencia de los Representantes católicos, al que los obispos tienen que obedecer.
– La Iglesia clandestina, que hasta ahora no ha aceptado la intromisión del gobierno en los asuntos religiosos, debe ser eliminada mediante la destrucción de seminarios y conventos, la reeducación, los trabajos forzados y el aislamiento de sacerdotes y obispos «irreducibles».
Pekín condiciona el establecimiento de relaciones diplomáticas con el Vaticano a la ruptura de este con Taiwán y a la garantía de no entrometerse en los asuntos internos chinos, incluidos los religiosos. El documento no es más que un desarrollo de esta última condición.
Ignacio F. Zabala