El Tribunal Supremo de Canadá ha declarado que la prohibición del suicidio asistido vigente en el país es inconstitucional. La sentencia, dictada por unanimidad el 6 de febrero, da al gobierno federal un plazo de 12 meses para que modifique el Código Penal canadiense.
Los magistrados exigen que la petición provenga de un adulto (1) “que consienta claramente la terminación de su vida” y (2) que “se encuentre en una condición médica grave e irreversible (incluida una dolencia, enfermedad o discapacidad) que le cause un sufrimiento permanente e intolerable”.
La sentencia aclara que la condición del paciente no tiene por qué ser terminal, y que el dolor insoportable incluye también el psicológico. Esto plantea serios problemas ya que en tales casos el dolor puede estar motivado por un cuadro depresivo. La experiencia de Oregón, el primer estado norteamericano que legalizó la cooperación médica al suicidio, en 1997, indica que esta “vía rápida” favorece el descuido de los cuidados paliativos que se podrían haber dado a los pacientes deprimidos, dos tercios del total que lo han solicitado allí (cfr. Aceprensa, 10-04-2014).
El paso de la justificación por dolor físico al psicológico y de enfermedad terminal a otras dolencias o discapacidades, se ha observado también en la deriva de la eutanasia en Holanda y Bélgica.
Los magistrados no se han pronunciado sobre la ley que legalizó el suicidio asistido en Québec, en julio de 2014, y que actualmente se encuentra recurrida. No hacía falta pues la sentencia pone fin a la prohibición en todo el país.
La sentencia aclara que la condición del paciente no tiene por qué ser terminal, y que el dolor insoportable incluye también el psicológico
Larga batalla judicial
La sentencia viene precedida por una larga batalla judicial que comenzó en la provincia de British Columbia (BC). Una mujer diagnosticada con una enfermedad neurodegenerativa severa presentó un recurso contra la prohibición del suicidio asistido, recogida en el Código Penal de Canadá También se unió a la demanda la British Columbia Civil Liberties Association, entre otros.
En 2012, el Tribunal Supremo de BC dio la razón a los demandantes y declaró inconstitucional la prohibición. Pero el gobierno federal recurrió la decisión ante el Tribunal de Apelaciones de BC alegando que un tribunal regional no podía contradecir el criterio del Supremo de Canadá, el cual se había opuesto en 1993 al suicidio asistido con el argumento de que el Estado tiene un interés legítimo en proteger la vida humana.
El Tribunal de Apelaciones de BC dictó sentencia a favor del gobierno, manteniendo la prohibición. Y la British Columbia Civil Liberties Association llevó el caso ante el Supremo de Canadá
Habrá objeción de conciencia
Ahora, el Tribunal Supremo ha cambiado de criterio y considera que en el conflicto entre “la autonomía y la dignidad” de un adulto que pide la muerte como respuesta a una condición médica grave e irreversible, de un lado, y “la santidad de la vida y la necesidad de proteger al vulnerable”, de otro, prevalecen las primeras.
Los magistrados argumentan que la prohibición del suicidio asistido del Código Penal es una carga excesiva sobre “los derechos a la vida, la libertad y la seguridad de la persona”, reconocidos en la Carta canadiense de los Derechos y Libertades. De ahí que declare inconstitucional la prohibición.
El gobierno tiene un plazo de un año para modificar las disposiciones del Código Penal relativas a la prohibición. El Supremo también ha previsto que en la nueva regulación se proteja la objeción de conciencia de los médicos, ya que estos no están obligados a ayudar a quitar la vida si no lo desean.
La auténtica compasión
Algunos medios canadienses han presentado la decisión del Supremo como “una victoria de la compasión”. No lo ve así Margaret Sommerville, directora del Centre for Medicine, Ethics and Law de la Universidad McGill, en Montreal: “Canadá ha caído en un precipicio al legalizar la muerte provocada e intencional de nuestros ciudadanos más vulnerables: aquellos que son mayores, frágiles, discapacitados, están deprimidos, enfermos físicos, psíquicos o terminales…”.
“Pienso que las generaciones futuras verán esta decisión a la luz de sus futuras consecuencias y, lo que es más importante, la verán como una de las decisiones más decisivas, perjudiciales y lamentables del siglo XXI desde el punto de vista ético, legal y político”.
Sommerville ha defendido en otras ocasiones que una sociedad ética es la que liquida al dolor, no a la persona que sufre el dolor; la que presta cuidados, reduce el sufrimiento y ofrece un sentido a la muerte, no la que entrega una inyección letal como respuesta a la soledad y el abandono.
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