En las elecciones generales suecas del 9 de septiembre, los populistas no son los únicos que han crecido. También lo han hecho tres partidos que intentan contrarrestar el rechazo a los inmigrantes ayudándoles a integrarse.
La fragmentación del voto es la norma en Suecia, donde los partidos con representación parlamentaria suelen alinearse en bloques: el de izquierdas –liderado por los Socialdemócratas–, o el de derechas –encabezado por los Moderados–. En estas elecciones, el voto se ha dividido todavía más.
Los dos partidos tradicionales siguen siendo los más votados, pero retroceden. Los Socialdemócratas de Stefan Löfven, hasta ahora en el gobierno en coalición con los Verdes, han ganado las elecciones con su peor resultado histórico: logran 101 escaños (12 menos que en las generales de 2014) y el 28,4% de los votos. Les siguen los Moderados, que también retroceden; se quedan con 70 escaños (-13) y el 19,8% de los votos. Los otros perdedores han sido Los Verdes (-10), que descienden a octavo lugar.
Entre los que crecen sobresalen los Demócratas Suecos (DS), populistas de derechas, que quedan con 62 escaños (+13). Siguen siendo los terceros más votados, como en 2014, pero amplían su apoyo del 12,9% al 17,6%. El avance es importante, aunque inferior al que se esperaba (las encuestas le daban en torno al 20%).
El auge de los populistas ha ido de la mano del crecimiento “de aquellos partidos que más se oponen a su programa y a lo que representan” (Itay Lotem)
También han crecido otras tres formaciones: el Partido del Centro, con 31 escaños (+9); el Partido de la Izquierda, con 28 (+7); y los Democristianos, con 23 (+7). Los Liberales se mantienen con 19, igual que hace cuatro años.
Ninguno de los dos bloques suma la mayoría de 175 escaños necesaria para gobernar. El de la izquierda (Socialdemócratas, Partido de la Izquierda y Verdes) queda con 144 escaños. El de la derecha, conocido como la Alianza para Suecia (Moderados, Partido del Centro, Democristianos y Liberales), con 143.
Hasta ahora ningún partido ha querido pactar con los DS. La incógnita es si el llamado “cordón sanitario” terminará cediendo. No es impensable, si los populistas suavizan sus posturas. Es la misma estrategia que han seguido otros partidos populistas de derechas en Finlandia, Noruega y Dinamarca.
Falta integración
De momento, los DS ya han conseguido marcar la agenda de estas elecciones. Aunque también se ha debatido sobre empleo, pensiones, calidad de los servicios públicos, cuidado de los ancianos, impuestos, gasto social, seguridad o medioambiente, claramente el tema estrella ha sido la inmigración.
En su página web, los DS incoan un mea culpa por sus errores del pasado y aseguran haber “madurado y aprendido de la experiencia”. Aunque no concretan, se entiende que se refieren a su vinculación inicial con movimientos neonazis, una herencia de la que el líder del partido desde 2005, Jimmie Åkesson, ha buscado distanciarse con la expulsión de los militantes más radicales. Su primer logro nacional llegó en 2010, cuando la formación –fundada en 1988– por fin obtuvo representación parlamentaria con el 5,7% de los votos.
Los DS acusan al resto de partidos de haberse desentendido –por corrección política– de una serie de problemas que aquellos vinculan a la inmigración: el aumento de la delincuencia, de los guetos en barrios conflictivos, del desempleo y del gasto social. Afirman que no se oponen a la inmigración, pero dejan claro que solo quieren recibir a aquellos inmigrantes “que contribuyan a la sociedad [sueca], cumplan sus leyes y respeten sus costumbres”.
En 2016 el desempleo entre los inmigrantes extracomunitarios se situaba en torno al 23%, frente al 10% de los comunitarios y algo más del 5% de los nacionales
De esta forma, han puesto el foco del debate migratorio en la integración, un requisito inexcusable –dicen– para disfrutar del Estado del bienestar: “Creemos que los derechos tienen que estar vinculados a los deberes, que primero cumples con tu deber y luego exiges tu derecho”. Esta postura, desligada en principio de consideraciones étnicas o raciales, pierde coherencia cuando más adelante afirman que “el Estado del bienestar sueco debería ser para los ciudadanos suecos”.
Quieren suspender la política de asilo (salvo para “los países vecinos”, lo cual supone cerrar las fronteras a prácticamente todos los refugiados); perseguir la inmigración ilegal, con expulsiones incluidas; y endurecer los requisitos para la reunificación familiar.
“Tenemos un contrato social”
Para comprender el apoyo a los DS, hay que tener en cuenta que el generoso modelo de bienestar sueco se basa en un consenso tácito: todos trabajan, todos aportan, todos reciben. Lo que chirría con el dato de que el desempleo entre los inmigrantes de fuera de la Unión Europea es grande: en 2016 se situaba en torno al 23%, frente al 10% de los inmigrantes comunitarios y algo más del 5% de los nacionales, según datos oficiales.
El historiador sueco Lars Tragardh puso en perspectiva la importancia del consenso sobre el Estado del bienestar en una entrevista concedida a Spiked antes de las elecciones. Desde los años 40 del siglo XX, explicaba, Suecia abrió sus puertas a la inmigración. Pero fue una inmigración vinculada al mercado de trabajo. Incluso los acogidos como refugiados eran tratados como inmigrantes económicos, que debían encontrar empleo y aprender el idioma.
Esta mentalidad cambió en los años 70, con la crisis del petróleo. De un lado, los sindicatos promovieron restricciones para proteger los empleos nacionales, lo que dificultó el acceso de los inmigrantes al mercado laboral. De otro, los partidos de izquierdas empezaron a priorizar una política de inmigración más humanitaria que económica. Un ejemplo reciente sería la postura del gobierno socialdemócrata-verde en la crisis de los refugiados de 2015, por la que Suecia recibió a cerca de 163.000 solicitantes de asilo en pocos meses.
Esta generosa acogida reforzó la imagen de Suecia como “una superpotencia moral”. Sin embargo, también produjo tensiones. Para Tragardh, la consabida apertura de la sociedad sueca es inseparable de la responsabilidad: “Nuestros datos sobre los valores suecos [se refiere a un proyecto de investigación que dirige] muestran que el trabajo es completamente crucial. No hay tolerancia hacia quienes no trabajan. Suecia no es un país de comidas gratis. Tenemos un contrato social por el que los ciudadanos trabajan, pagan impuestos y entonces (solo entonces) adquieren derechos sociales”.
Pese a que el gobierno acabó restrigiendo las entradas, el olvido de ese pacto tácito es lo que habría pasado factura a los Socialdemócratas y a los Verdes. “Hay pensionistas que son pobres, hay problemas en los colegios, hay listas de espera en los hospitales. La gente se pregunta dónde están los derechos de los ciudadanos que han estado pagando el sistema durante años”.
Crisis de liderazgo
Pero el ascenso de los DS solo es una parte de la historia, como supo ver Itay Lotem unos días antes de las elecciones. Desde las páginas de NewStatesman, hizo notar que el auge de los populistas iba de la mano del crecimiento “de aquellos partidos que más se oponen a su programa y a lo que representan”. Se refería al Partido del Centro y al Partido de Izquierda, cada uno de los cuales ha aportado a sus respectivos bloques la visión más favorable a la inmigración.
Los Demócratas Suecos han pasado en cuatro años del 12,9% al 17,6% de los votos
Para Lotem, el crecimiento de estas formaciones minoritarias –que tienden a poner más énfasis en los principios que en el cálculo electoral– es la prueba de que no hace falta ser complaciente con los populistas para detener su avance, como muchos creen que han hecho los Socialdemócratas y los Moderados. En su opinión, la creciente fragmentación del Parlamento sueco refleja tanto la crisis de liderazgo de los partidos tradicionales en su respuesta al populismo como el deseo de alternativas.
En la misma línea constructiva cabe incluir a los Democristianos, que también han crecido con un programa equilibrado. Al igual que los DS, también ellos hablan mucho de seguridad (proponen reforzar la policía con 10.000 nuevos agentes) y quieren elevar las penas para los delitos violentos y sexuales, pero no vinculan estas demandas a la inmigración. Abogan por una política de asilo humanitaria, que a la vez exija la integración desde el primer día; por eso, piden para los recién llegados orientación social, educación y oferta de empleos temporales (los llamados “empleos de entrada”). También quieren facilitar la reunificación familiar y favorecer la inmigración económica, que ven como un bien para la sostenibilidad del Estado del bienestar.
Sus colegas del bloque de derechas, el Partido del Centro, mantienen un discurso todavía más abierto a la inmigración, como se ve en la importancia que dan a este tema en su programa. Insisten en acelerar el proceso de asilo y en empezar la integración desde la llegada, con clases de idioma y empleos de entrada para los menos capacitados que libren a los empleadores de la obligación de cotizar por ellos. Además, proponen la instauración de un “año intensivo de integración”, que incluye un programa de mentores. Y quieren darles facilidades para que emprendan.
Por su parte, el Partido de la Izquierda aboga por una política humanitaria de asilo, la reunificación familiar, la enseñanza del idioma desde la llegada… Y dado que propone la transición paulatina a una jornada laboral de seis horas, en su caso se hace más evidente todavía que difícilmente podrá haber Estado del bienestar sin inmigración económica.