La decisión del Tribunal Supremo de Massachusetts de declarar inconstitucional en el Estado la prohibición del matrimonio entre personas del mismo sexo se ha presentado como un cambio histórico. Pero no hay que olvidar que pocos días antes otro tribunal de New Jersey había sentenciado justo lo contrario. Y que, con la incorporación de Wisconsin el pasado 5 de noviembre, son ya 38 los Estados que han aprobado la ley de Defensa del Matrimonio de 1996 (LDM), que lo define como la unión de un hombre y una mujer.
La oportunidad de la LDM apareció a raíz del creciente número de casos de uniones homosexuales o de parejas de hecho que llegaban a los tribunales con discordias sobre rentas, rupturas, etc. o, simplemente, porque querían contraer matrimonio civil. Fue entonces cuando se aprobó en el Congreso, por amplia mayoría, la LDM (ver servicio 91/03). En los Estados que la han aprobado, la ley define que el matrimonio es la «unión legal entre un hombre y una mujer» y deja sin efecto las uniones de homosexuales que puedan reconocer otros Estados con el nombre de matrimonio.
Según el sondeo nacional más reciente, realizado por el Pew Research Center con una muestra de 1.515 personas, el 59% está en contra del matrimonio de homosexuales frente a un 32% a favor (http://www.people-press.org/reports). La actividad judicial en torno a la cuestión es consecuencia de las campañas organizadas por asociaciones de gays y lesbianas, como ellas mismas reconocen.
Según la práctica establecida, cada Estado da «pleno crédito» a los matrimonios celebrados conforme a las leyes de otros Estados. Si un Estado permitiera contraer matrimonio a una pareja del mismo sexo, los homosexuales acudirían allí a casarse y los demás Estados tendrían que reconocer su validez. Esto ya no es posible en los 38 Estados que han aprobado la LDM, pero podría serlo en el resto.
No obstante, no es tan sencillo. New Jersey no ha aprobado la LDM, pero un tribunal estatal sentenció el pasado 5 de noviembre que una pareja del mismo sexo no tiene derecho a casarse, ya que ni la ley matrimonial estatal ni la Constitución del Estado lo permiten.
El caso se ha repetido, con o sin decisión judicial, en diversos lugares. Una o varias parejas de homosexuales acuden a los tribunales o al registro civil con intención de contraer matrimonio, por lo general acompañados de políticos partidarios del matrimonio de homosexuales. En New Jersey fueron siete parejas; en Madrid, el pasado 22 de octubre, dos; en Valencia, el mismo día, una. Los participantes eran miembros de Lambda Legal, en el caso de Estados Unidos, y Colectivo Lambda, en el caso de Valencia. Una de las asociaciones españolas de homosexuales, FELGT, define la intentona como «campaña por el matrimonio civil» para abrir un debate en la doctrina jurídica, y anima a las parejas homosexuales, «que quieran sumarse a esta campaña, a que acudan a sus registros civiles y, si es necesario, a los tribunales en demanda» del derecho a contraer matrimonio.
El Tribunal Supremo de Massachusetts ha tomado la dirección opuesta a la de New Jersey. El 18 de noviembre, dictó una sentencia, por 4 votos a favor y 3 en contra, en la que expresa que no hay nada en la Constitución del Estado que impida el matrimonio entre homosexuales. La sentencia no autoriza el matrimonio, sino que ha dado un plazo de 180 días al Parlamento estatal para que apruebe una ley que permita esas uniones.
El Parlamento tiene ahora tres opciones. Una, aprobar una enmienda constitucional o la LDM, de manera que se defina el matrimonio como la unión legal entre un hombre y una mujer (así ha ocurrido, también después de una decisión judicial, en Hawai –ver servicio 39/00- y Alaska). Dos, reconocer ciertos efectos civiles a las uniones homosexuales, como hizo el Estado de Vermont, también después de una sentencia a favor. Y tres, reconocer el derecho a contraer matrimonio, convirtiéndose en el primer Estado que lo admitiera.
Tras conocer la sentencia de Massachusetts, el presidente Bush declaró que hará todo lo «legalmente necesario para defender» el matrimonio entre un hombre y una mujer. Las asociaciones pro familia piensan que lo mejor sería promover una enmienda constitucional que definiera el matrimonio. Según dicen, es la manera más eficaz para que la institución matrimonial, que es mucho más que beneficios fiscales, no esté a merced de los criterios de cada juez.