El Pacto civil de solidaridad (PACS), aprobado definitivamente por el Parlamento francés, reconoce un nuevo estatuto a las parejas no casadas, del mismo o distinto sexo, y las equipara en algunos derechos con el matrimonio. Los homosexuales se felicitan de esta «victoria simbólica», que consideran sólo un primer paso en su reivindicación del matrimonio.
El PACS es un «contrato» establecido entre dos personas, del mismo o distinto sexo, para organizar su «vida en común». Aunque dirigido a la pareja, pueden utilizarlo también dos personas entre las que no existan relaciones sexuales. No pueden establecerlo entre sí personas ligadas por lazos de parentesco próximo (padres con hijos, hermanos y hermanas, tíos y sobrinos…).
El PACS, con la convención establecida entre las partes, se registra en el juzgado. Al principio se había pensado que se celebrara, como el matrimonio, en el Ayuntamiento. Pero 18.000 alcaldes firmaron una declaración en la que advertían que se negarían a acatar tal disposición, para defender el «matrimonio republicano» (ver servicio 133/98).
El PACS concluye por la muerte o matrimonio de una de las partes, por mutuo acuerdo o por ruptura unilateral. Nada se dice sobre la posibilidad de una indemnización en caso de ruptura, lo que tendrá que ser clarificado por la jurisprudencia.
La ley da nuevos derechos a los firmantes del PACS: a efectos fiscales, a partir del tercer año pueden hacer declaración conjunta de la renta; se aplican tarifas menores en los impuestos sobre donaciones (al cabo de dos años) y en los derechos de sucesión; en caso de abandono de domicilio o muerte, la otra parte puede subrogarse en el contrato de alquiler de vivienda (aunque el texto no obliga a las partes a vivir bajo el mismo techo para organizar su vida en común).
En cuanto a las prestaciones sociales, si una persona no tiene Seguridad Social puede beneficiarse de la de su pareja. Pero, por vivir en pareja, se pierden ciertos derechos pensados para las personas solas (subsidios de viudedad, por familia monoparental y pensión de separación). Las empresas deben tener en cuenta las posibilidades de la pareja al distribuir los periodos de vacaciones, y la Administración en los traslados de funcionarios.
Los firmantes se obligan a prestarse «ayuda mutua y material», cuyas modalidades se estipulan en el pacto. Responden «solidariamente» de las deudas contraídas para las necesidades de «la vida corriente» y para los gastos relativos a la «vivienda común». Se da una nueva definición de concubinato que incluye también a parejas del mismo sexo, para soslayar la jurisprudencia del Tribunal Supremo que limitaba la noción de concubinato -y los derechos asociados- a las parejas heterosexuales.
Cuando uno de los firmantes es extranjero, el PACS no mejora apenas su situación para obtener el permiso de residencia, cautela establecida teniendo en cuenta los problemas de la inmigración. Sólo será un signo más entre otros para apreciar sus lazos personales en Francia.
El PACS es un contrato de pareja, que no trata de la familia. No menciona para nada el derecho a acceder a la procreación asistida ni a la adopción, contra lo que pedían las asociaciones de homosexuales. Estas consideran la aprobación del PACS como «una victoria simbólica», aunque siguen reivindicando su «derecho inalienable» al matrimonio, con todos los derechos personales y familiares.
La oposición va a presentar un recurso ante el Tribunal Constitucional, que se basará sobre todo en el desigual trato fiscal que supone el PACS.