Análisis
El 2 de octubre se ha presentado el proyecto definitivo de la Carta Europea de Derechos Fundamentales, redactada por la llamada Convención, órgano compuesto por representantes de las instituciones comunitarias y los gobiernos y parlamentos nacionales de los Estados miembros de la Unión Europea (UE). A mediados de septiembre, la Comisión Europea dio su aprobación, y solo falta el visto bueno del Consejo Europeo, que debe reunirse en primera instancia en la cumbre de Biarritz los días 13 y 14 de octubre. La decisión final respecto a la Carta se adoptará el próximo diciembre en la trascendental cumbre de Niza, que debe aprobar las reformas estructurales del Tratado de Amsterdam necesarias para llevar a buen término la próxima ampliación de la UE.
¿Qué se espera en este asunto del órgano de máxima decisión de la UE, compuesto por los jefes de Estado o de gobierno de los países miembros? Respecto al número y definición de los derechos garantizados en el proyecto de Carta, se considera poco probable que los gobernantes europeos decidan modificarlos.
Desde el pasado mes de junio -momento en que el primer proyecto completo de la Carta fuera presentado en la sede del Parlamento Europeo en Estrasburgo (ver servicio 79/00)-, se han sucedido una serie de cambios acordados por los integrantes de la Convención, algunos de mayor calado que otros, pero que, en cualquier caso, demuestran el errático rumbo que sigue la UE en su tan cacareada integración política.
Entre todos los cambios que se han producido en el contenido de la Carta a lo largo del verano hay que resaltar, en primer lugar, la nueva reordenación del texto. Después de un Preámbulo, se suceden siete capítulos que con sugerentes títulos responden a las clásicas, y a menudo arbitrarias, clasificaciones de los derechos humanos por generaciones. Estos son: dignidad, libertades, igualdad, solidaridad, ciudadanía, justicia y disposiciones generales. Entrando en detalles, en el art. 3 se ha precisado que la clonación de seres humanos que se prohíbe es la «reproductiva», con lo cual parece que se acepta la llamada «clonación terapéutica». Además, en el art. 10 se reconoce «el derecho a la objeción de conciencia, según las leyes nacionales que regulan su ejercicio». También se ha incluido, en el capítulo dedicado a las libertades, el derecho de asilo, y se prohíben las expulsiones colectivas de extranjeros. Por otra parte, en los derechos de solidaridad, se reconoce con más claridad el derecho al trabajo, a la huelga y a la sindicación.
En esta última semana todavía se han producido algunas modificaciones, y a una velocidad de vértigo. Entre ellas destaca la relativa a la referencia de fondo que en el Preámbulo de la Carta se hace a una Europa «fundada sobre valores comunes». A iniciativa de los parlamentarios del Partido Popular Europeo presentes en la Convención, se revisó esta fórmula tan ambigua y se añadió una mención a la «propia herencia cultural, humanística y religiosa» en que «se inspira» la UE. Pues bien, esta adición de última hora ha sido retirada in extremis por la presión francesa, para garantizar la laicidad del Estado francés, consagrada en su Constitución, y se ha sustituido por la fórmula mucho más etérea: «Consciente de su patrimonio espiritual y moral, la Unión…». Los otros cambios son poco significativos.
Pero la gran decisión que debe tomar el Consejo Europeo en los próximos meses (Biarritz o Niza) estriba en el grado de obligatoriedad que se conceda a la Carta. Hay dos opciones a este respecto. La Carta podría integrarse en el cuerpo del próximo Tratado de Niza para así someter al control judicial del Tribunal de Justicia Europeo las actuaciones de los Estados o de las instituciones comunitarias que violen alguno de los derechos allí contenidos o, por el contrario, los mandatarios de los Quince podrían decidir reducir la Carta a un mera declaración de intenciones, sin fuerza vinculante y con la promesa de integrar la futurible Constitución Europea, siempre en mente de los más europeístas. Una tercera posibilidad es que sea rechazada por los jefes de Estado o de gobierno y se inicie un nuevo proceso de redacción o simplemente se posponga. Esta última alternativa parece poco probable, habida cuenta de que en la redacción de la Carta han participado representantes personales de esos mismos jefes de Estado o gobierno.
Enrique Abad Martínez