Europa se enfrenta al envejecimiento demográfico
La idea de que la juventud es el báculo de la vejez sigue siendo cierta también en el Estado del bienestar. Lo están descubriendo ahora los países europeos, que empiezan a preguntarse con ansiedad si en las primeras décadas del próximo siglo habrá bastantes trabajadores para sostener a los pensionistas. Y lo que parecían «derechos adquiridos» se ven amenazados. Un reciente informe sobre la previsible evolución demográfica de Europa (ver segunda parte de este servicio) confirma que hay motivos para preocuparse.
El envejecimiento de la población tiene un efecto ineludible en los sistemas de pensiones basados en el reparto (los cotizantes financian las pensiones de los jubilados contemporáneos), como los de Alemania, Francia o España. Por una parte, crece el número de pensionistas, quienes, además -merced al aumento de la longevidad-, disfrutan de la pensión durante más tiempo. Por otra, disminuye el total de cotizantes, cuyas generaciones -a causa de la caída de la natalidad- no son reemplazadas íntegramente por las posteriores.
Por añadidura, otra tendencia paralela hace que los trabajadores coticen durante menos tiempo: por ejemplo, en Francia -según el último informe anual del Instituto Nacional de Estudios Demográficos- la vida profesional media se ha acortado tres años en el pasado decenio, debido a la prolongación de los estudios y a las jubilaciones anticipadas. En suma: hay cada vez menos activos para sostener a cada jubilado.
En España empieza a haber bastante inquietud por el futuro del sistema de pensiones. La relación cotizantes/pensionistas ha bajado -con ligeros y efímeros incrementos en años intermedios- de 2,95 en 1976 a 1,86 en 1993. La proporción tiende a seguir bajando, ya que las previsiones demográficas señalan un aumento de la tasa de dependencia (relación entre la población mayor de 65 años y la de 15-64 años): de 19,4% en la actualidad pasará a 31,1% en 2030. Esta evolución es común a todos los países occidentales (ver servicio 46/91), como muestra, respecto a Europa, el estudio del IIASA, del que se informa más abajo.
¿Cómo lograr que salgan las cuentas?
Ante semejante panorama, no hay muchos modos posibles de lograr que salgan las cuentas: elevar las cotizaciones, recortar las pensiones, cubrir el déficit con financiación presupuestaria, retrasar la jubilación. Cada uno presenta sus propios inconvenientes, y todos tienen en común ser nada más que otras maneras de distribuir los mismos recursos. Sólo un crecimiento de la economía haría que aumentara la tarta: lo que se puede conseguir si trabajan más personas o si mejora la productividad. En España la tasa de actividad podría progresar bastante, entre parados y mujeres.
Últimamente, el gobierno español está lanzando algunas «señales» de aviso. Hace meses, el ministro de Economía dijo que los menores de 50 años harían bien en suscribir fondos privados de pensiones. Desde medios oficiales se deja caer que tal vez será inevitable recortar las pensiones o endurecer los requisitos para cobrar después del retiro un importe similar al último salario. Ahora se ha sabido que el Ministerio de Trabajo estudia medidas para fomentar el retraso de la jubilación: eximir de las cuotas de la Seguridad Social a los que siguieran trabajando después de los 65 años, o prometerles pensiones más elevadas. El ahorro vendría de la reducción del tiempo medio durante el que se perciben las pensiones, que ha pasado de 10 años en 1980 a 18 en el presente. Lo que se debe no sólo al aumento de la longevidad, sino también a la política seguida hasta ahora de fomentar las jubilaciones anticipadas en sectores en crisis, que ha agravado a su vez la carga de las pensiones (ver servicio 16/94).
Lo que no se plantea el gobierno -como tampoco los de otros países- es sustituir el actual sistema de reparto por uno de capitalización, en el que cada trabajador va pagando su pensión futura a lo largo de la vida activa. Parte de los asalariados ya han recurrido a fondos privados, para procurarse un complemento a las pensiones que les dará la Seguridad Social, que estiman un tanto inciertas. Si se pasara a la capitalización de modo general, el futuro de las pensiones dejaría de estar condicionado por el envejecimiento demográfico. El problema, no pequeño, es que el cambio requeriría un gran apoyo presupuestario en la fase de transición, para convertir las cotizaciones pasadas -ya consumidas- en capital de los nuevos fondos. En un informe de 1988 sobre las consecuencias económicas del envejecimiento demográfico, la OCDE describía así el obstáculo: «la doble carga que se impondría a la generación de la transición, que debería constituir sus propias pensiones según la fórmula de capitalización, garantizando a la vez las de los jubilados contemporáneos según el sistema de reparto». Llegado el caso, sería la generación siguiente la que se beneficiaría del cambio, lo que plantea un problema de equidad intergeneracional.
Chile: del reparto a la capitalización
Sin embargo, en Chile lo han conseguido. En 1980 se cambió de sistema, y hasta ahora el nuevo está teniendo éxito, según un análisis que publica el suplemento de economía de Le Monde (15-III-94). Los chilenos que se incorporan a la vida profesional tienen que elegir una de las administraciones de fondos de pensiones (AFP), privadas, constituidas en virtud de la reforma.
La cotización obligatoria a las AFP es del 10% del salario. A esto se añade una cuota variable en concepto de seguro de invalidez y fallecimiento. En total, las cotizaciones medias de los asalariados son actualmente del 13%, frente al 20% en el sistema anterior. Otra ventaja es que el poder adquisitivo de las pensiones, antes condicionado por la inflación, está protegido ahora por la creación de una unidad de cuenta reajustable (unidad de fomento o UF). Gracias a los extractos mensuales que reciben, los afiliados a las AFP conocen en todo momento el valor de sus futuras pensiones, expresado en UF. Tras el retiro, el asegurado escoge el modo de percibir el fruto de sus cotizaciones: de una sola vez, en forma de renta vitalicia o como un pequeño capital con una renta vitalicia.
La dificultad estaba en el cambio de sistema. Chile la ha solventado haciéndolo voluntario para los asalariados que estaban en el anterior. Los que ya trabajaban antes de 1983 pudieron optar por permanecer en el antiguo sistema público de reparto, que sigue siendo obligatorio para el personal militar. Cada uno de los que decidieron cambiar recibió, a cargo del presupuesto del Estado, un bono correspondiente, más o menos, a las cotizaciones que había pagado. Esta suma ha constituido la base de su nuevo capital de jubilación. Naturalmente, tal solución exige que las arcas públicas estén suficientemente saneadas.
La prueba de fuego
Hoy, más del 80% de la población activa está en las AFP. Por su parte, estas sociedades emplean a unas 8.000 personas. Y, con los ahorros que gestionan, han producido un crecimiento sorprendente de los mercados de capitales chilenos. Los fondos de pensiones se han convertido en los principales inversores del país, por delante de los bancos. Sus inversiones en acciones y otros títulos emitidos por las empresas, aunque limitadas por ley al 24% de sus activos, representan el 12% de los 36 millones de dólares de la capitalización bursátil chilena.
El Estado regula y vigila el funcionamiento de las AFP. Además, asegura a los más pobres una pensión mínima, actualmente equivalente a 72 dólares mensuales.
Otros países latinoamericanos se plantean adoptar sistemas similares al chileno, si bien, por su peor situación financiera, estudian métodos menos radicales. Así, Argentina mantendrá el sistema de reparto como optativo. Venezuela busca una manera de que los fondos de pensiones se hagan cargo de los bonos que, en compensación por las cotizaciones pagadas, recibirían los trabajadores al pasar a la capitalización.
El sistema chileno, firme por el momento, tiene aún que pasar la prueba de fuego. «No sabemos todavía cómo reaccionará el sistema cuando se detenga el crecimiento económico y se contraiga el mercado -declara un analista financiero chileno a Le Monde-. Sólo entonces sabremos si la reforma ha sido un verdadero éxito o si el Estado, que debe garantizar las aportaciones en caso de quiebra de un fondo, se verá obligado a salvar el sistema».
Naturalmente, el sistema de pensiones basado en la capitalización, como cualquier otro seguro, comporta riesgos. Pero también -como empieza a temerse- la Seguridad Social puede quebrar.
Rafael SerranoEl Viejo Continente, más viejo que nunca
Viena.- El pasado 3 de marzo el IIASA (Instituto Internacional de Análisis de Sistemas Aplicados), con sede en Laxenburg (Austria), presentó en Viena el estudio «Escenarios demográficos alternativos para 20 países del Consejo de Europa, 1990-2050». El informe presentado por esta asociación no gubernamental, formada por científicos de doce países desarrollados, considera hasta nueve posibles variantes («escenarios»), dependiendo de la evolución de tres factores: la natalidad, la mortalidad y las migraciones. Los resultados que se ofrecen aquí (ver cuadros) corresponden a la hipótesis media.
El informe se ha querido presentar con tiempo para que pueda servir como base de trabajo en la Conferencia sobre población y desarrollo que la ONU ha convocado para el próximo mes de septiembre en El Cairo. La investigación se centra en Europa, pero añade algunas previsiones generales para las demás regiones del mundo. Su principal finalidad es presentar los problemas con que deberá enfrentarse el -nunca mejor dicho- Viejo Continente.
Más pensionistas y menos activos
Las cifras para Europa confirman la tendencia observada desde hace tiempo: el envejecimiento paulatino de la población. El aumento de la longevidad (las mejoras sanitarias han hecho que desde 1950 la esperanza de vida se haya incrementado tres años por década) y la caída de la natalidad hacen que la mayoría de los países europeos deban afrontar la primera mitad del siglo XXI con la incertidumbre sobre el futuro de sus ancianos. Si en 1990 había 14,3 millones de mayores de 80 años (un 3,18% de la población absoluta) en los veinte países europeos analizados, en el año 2050 el total ascenderá a 59,1 millones (12,63%). El panorama se presenta complicado si se tienen en cuenta las necesidades de atención sanitaria propios de las personas de esa edad.
Desde el punto de vista económico, se avecina un problema complicado: ¿cómo asegurar el pago de las pensiones? En 1990, en Europa el 54,6% de los habitantes tenían entre 20 y 59 años, es decir, estaban en edad productiva, frente a un 19,2% mayor de 60 años. En el 2050 la relación estará drásticamente alterada: 45,8% frente a 35,3%. Es lógico que los ministros de economía europeos se pregunten de dónde va a salir el dinero para atender las necesidades de la población.
Este problema ni se plantea en otras zonas del mundo. Hacia el año 2030 tan sólo los países más desarrollados alcanzarán cifras comparables a las de Europa: en América del Norte (con México), el 25,6% de la población habrá superado los 60 años; en Japón, Australia y Nueva Zelanda, la proporción será del 31,8%, más alta incluso que la de Europa Occidental (30,6%). En los países del Tercer Mundo la atención a los ancianos no supondrá graves cargas económicas, por la menor esperanza de vida y el mantenimiento de la estructura familiar que acoge tres generaciones bajo un mismo techo.
El problema del envejecimiento se agudiza en Europa por la baja fecundidad. La inmigración anual, calculada en más de un millón de personas, no basta para compensar el déficit.
Envejecimiento acelerado en el Sur
No hay grandes diferencias dentro de Europa Occidental. Italia y España son los países que experimentarán un envejecimiento más acelerado. En España la velocidad será muy superior a la media europea: en 1990 había 1,1 millones de habitantes mayores de 80 años (2,77% de la población total, por debajo de la media europea); en el año 2050 habrá 5,65 millones (14,32%, más que la media europea). Las proporciones de mayores de 60 años también presentarán un fuerte crecimiento: si en 1990 era el 10,6% de la población española, en el 2050 será el 39,5%. Este envejecimiento se nota en la edad media de la población, que pasará de 34,9 años para los hombres y 37,8 para las mujeres en 1990, a 47,6 y 50,5, respectivamente, en el 2050.
En los países nórdicos o en Alemania, donde últimamente se ha recuperado algo la tasa de natalidad, el envejecimiento se nota más ahora porque el proceso se encuentra en una fase más avanzada que en el área mediterránea. Así, Alemania tenía en 1990 un 20,7% de la población con más de 60 años (muy superior a la proporción española); pero en el 2050 tendrá un 35,5% (menos que España). Aunque, cuanto más nos alejamos en el tiempo, más inciertas son las previsiones.
Nuevos gastos en Alemania
En Alemania se están proponiendo muchas iniciativas para intentar superar lo que los medios de comunicación llaman ya «la crisis demográfica». La CDU, el partido democristiano actualmente en el gobierno, se ha planteado incluso la propuesta de establecer un impuesto especial a los solteros y familias sin hijos, para pagar y aumentar la ayuda estatal que se concede a las familias con hijos. La idea ha sido muy criticada por los socialdemócratas y, desde luego, no parece tener muchas posibilidades de salir adelante; pero es una muestra más de la inquietud que produce el envejecimiento de la población. La CDU quiere basar su campaña electoral en temas relacionados con la familia, con la intención de mejorar la situación actual.
De momento, el Parlamento alemán aprobó el pasado 10 de marzo una nueva ley que permitirá financiar, a partir de 1995, la atención sanitaria a personas disminuidas y ancianas, con ayudas de hasta el equivalente de 300.000 pesetas al mes. De esta forma, los ancianos que no puedan valerse por sí mismos recibirán subvenciones para pagar a las personas que les atienden. El gobierno y la oposición acordaron que el costo del plan corra a cargo de los trabajadores y de las empresas, a partes iguales. Las cuotas equivaldrán al 1,7% de los salarios. Para compensar a las empresas, los empleados trabajarán un día más al año. En los Länder donde no se suprima una fiesta, los trabajadores deberán pagar todo el coste.
Para la confederación empresarial alemana, la nueva ley es «el error más grave de política social de las últimas décadas». La patronal considera que el plan va contra los intentos que están haciendo las empresas para reducir costos y que probablemente hará que aumente el paro.
José María López-Barajas_________________________(1) Ésta es una de las actividades recogidas en un reciente número de HLI Reports (noviembre 1993), publicación editada por Human Life International, dedicado a educación sexual. (2) Para más información: Teen Choice, 6201 Leesburg Pike, Suite 404, Falls Church, VA 22044 (USA).