La Iglesia católica en Estados Unidos ha convocado por sexto año consecutivo la Quincena por la Libertad, una iniciativa en defensa de la libertad religiosa que surgió en respuesta a algunas medidas adoptadas por la Administración Obama. Con la llegada de Trump a la Casa Blanca, los obispos no han querido interrumpir la convocatoria. El planteamiento de fondo es el mismo, pero ponen el acento en otras cuestiones.
Como en las ediciones anteriores (ver artículos relacionados), la Quincena comenzó el 21 de junio, víspera de la fiesta de san Juan Fisher y santo Tomás Moro, y terminará el 4 de julio, Día de la Independencia de EE.UU. El lema de este año es “Libertad para la misión”, un eslogan que recuerda al nuevo presidente la independencia que necesita la Iglesia católica para llevar a cabo sus actividades asistenciales.
Desde 2012, año de la primera convocatoria, el objetivo de la campaña ha sido siempre el mismo: denunciar las medidas del gobierno federal (y otras de ámbito estatal y local) que impiden a las personas y a las instituciones religiosas trabajar por el bien común de acuerdo con sus creencias. Pero Trump no es Obama. Por eso, el enfoque de la Quincena ha cambiado: si antes ponía el acento en temas como el matrimonio, la educación o la sanidad, ahora insiste en la inmigración.
Sin libertad de conciencia
Bajo la presidencia de Obama, el intervencionismo del Estado en cuestiones morales quedó patente con el “mandato anticonceptivo”, la norma del Departamento de Salud y Servicios Humanos de EE.UU. que obliga a los empleadores a incluir en los seguros médicos de sus empleadas la cobertura de anticonceptivos, píldoras abortivas y la esterilización.
Los obispos protestan contra las normas que restringen sus actividades asistenciales a favor de los inmigrantes, incluidos los sin papeles
Desde el primer momento, los obispos –y la parte de la sociedad civil que se les sumó– dejaron claro que su objetivo no era impedir a Obama garantizar el acceso gratuito a esos servicios, sino denunciar que el presidente quisiera obligar a los empleadores (también los de instituciones religiosas) a colaborar con su objetivo.
En la misma línea van las normas que, escudándose en la lucha contra la discriminación, obligan a las agencias de adopción que quieren poner a los niños bajo el cuidado de una madre y un padre a aceptar como adoptantes a las parejas homosexuales; y las que obligan a los pequeños empresarios (floristas, pasteleros, fotógrafos…), a prestar sus servicios en bodas gais, aunque no quieran por motivos de conciencia y aunque otros estén dispuestos a hacerlo.
Otras restricciones se han planteado en el ámbito educativo –polémicas en torno a la contratación de profesores, a los programas de educación sexual y a los “baños trans”–; y en el sanitario, sobre todo a raíz de que Obama eliminara en 2011 las garantías establecidas por Bush para proteger la libertad de conciencia de los profesionales de la salud.
Un decreto pendiente
Con Trump en la Casa Blanca, algunas de estas restricciones van camino de desaparecer. El paso más significativo que hasta ahora ha dado el mandatario republicano ha sido la firma, el 4 de mayo, de una orden ejecutiva “para promover la libertad de expresión y la libertad religiosa”.
El decreto contiene tres disposiciones, aún por desarrollar. La primera, más simbólica, permite a las Iglesias pronunciarse sobre “asuntos morales o políticos desde una perspectiva religiosa”, sin temor a que el Estado les retire las exenciones fiscales reservadas a las entidades sin fin de lucro y no partidistas.
La segunda ordena a varios departamentos que reformen el “mandato anticonceptivo” para que contemple la objeción de conciencia, tal y como exigió el Tribunal Supremo en mayo de 2016 (caso Zubik v. Burwell, relativo a Las Hermanitas de los Pobres y otras organizaciones). Antes, en julio de 2014, el Supremo había sentenciado que las empresas familiares podían objetar frente al “mandato anticonceptivo”, por imponer a sus dueños una carga excesiva al libre ejercicio de la religión (caso Burwell v. Hobby Lobby Stores, Inc).
La tercera disposición pide al fiscal general “que elabore una guía para interpretar las garantías a la libertad religiosa en la ley federal”. Aunque no se aclara nada sobre el contenido de esta guía, parece –por el contexto de la orden– que podrían ser unas pautas para permitir la acomodación entre creencias y leyes controvertidas.
Un ejemplo reciente de acomodación en el ámbito estatal, sería el proyecto de ley aprobado por las dos cámaras legislativas de Texas –falta la firma del gobernador– que permite a las agencias de adopción actuar conforme a su ideario sin renunciar a la financiación pública.
Libertad para acoger
La Quincena por la Libertad mantiene estos temas, a la espera de que se resuelvan satisfactoriamente. Además, insiste en otros puntos débiles en la presidencia de Trump. Aunque en la campaña de 2012 los obispos ya denunciaron las leyes migratorias restrictivas de varios estados (la más dura era la de Alabama, en manos republicanas, que prohibía dar trabajo, alquilar una casa o transportar a un inmigrante ilegal), ahora este punto es una prioridad.
Los obispos recuerdan el trabajo que despliega la Iglesia católica en ese país para acoger a los refugiados e inmigrantes, desde atenderles en sus necesidades básicas y ayudarles a establecerse hasta prestarles asistencia jurídica. Por eso, protestan contra las normas que penalizan su actividad asistencial “y restringen la capacidad de servicio de la Iglesia” a los desplazados. Aquí cabe incluir –si bien no lo mencionan expresamente– el decreto firmado por Trump el 25 de enero para retirar los fondos federales a las ciudades que den facilidades a los inmigrantes que entraron en el país de forma ilegal.
Asimismo, denuncian el empeño “del nuevo gobierno federal de reducir drásticamente el número de refugiados admitidos en EE.UU. y la suspensión de la acogida a los refugiados procedentes de países donde muchas personas sufren persecución violenta”, en alusión a otro decreto firmado dos días después.
Libres en todos los ámbitos
Otra novedad de esta Quincena es la publicación de una guía que enseña cómo hablar sobre la libertad religiosa “en estos tiempos de creciente polarización”. Aunque el enconamiento partidista viene de antes, quizá los obispos tienen en mente que el estilo beligerante de Trump puede oscurecer el sentido de las medidas que ha tomado a favor de la libertad religiosa. El objetivo de la guía es esclarecer la comprensión de este derecho fundamental “de una forma que respete a todas las personas”.
El planteamiento de la Quincena es el mismo, pero si antes ponía el acento en temas como el matrimonio, la educación o la sanidad, ahora insiste en la inmigración
Así, los obispos afrontan las críticas de quienes temen que las garantías a la libertad religiosa se aprovechen para “discriminar”. Su argumento es que, en una sociedad verdaderamente pluralista, hay espacio suficiente para resolver los conflictos de intereses sin vulnerar la libertad de nadie. Es el mismo argumento que empleó el Supremo en su sentencia sobre Hobby Lobby, al reconocer que el gobierno de Obama tenía otros medios a su alcance para garantizar el libre acceso a los anticonceptivos.
Los obispos también defienden el derecho de los creyentes a proponer, como cualquier otro ciudadano, su visión del mundo. “No solo estamos defendiendo la libertad frente a la coerción para que nos dejen en paz. Estamos convencidos de que lo que enseñamos –sobre el matrimonio, el sexo, la vida familiar, la acogida a los refugiados, el cuidado de los pobres, de los enfermos y de los vulnerables– es bueno para la sociedad”.
Por eso, lamentan la actitud de quienes alaban a la Iglesia católica por sus contribuciones al bien común en unos ámbitos, mientras no le dejan ser ella misma en otros. “Las restricciones a la libertad religiosa a menudo proceden de una visión errónea de la religión, por la que esta es vista como algo positivo solo si se conforma a los valores dominantes”.
Frente a esta idea, reiteran que la libertad religiosa es un derecho fundamental, a la vez que una libertad básica “para poder servir a los demás” y “promover el bien común”. Lo que no vale es querer que las instituciones de inspiración religiosa sigan prestando servicios asistenciales, obligándolas a renunciar a aspectos de su fe.
Enseñar a discrepar
Con su determinación de mantener la Quincena, los obispos han dado muestras de que no se casan con ninguna Administración: para ellos, la salvaguarda de la libertad religiosa y de la independencia de la sociedad civil frente al control estatal es un asunto que trasciende los colores políticos.
Además, el tono moderado con que plantean sus preocupaciones es un ejemplo de lo que constituye una crítica razonable –es decir, basada en razones y no en la descalificación en bloque y por principio– a un presidente al que también han tendido la mano en algunos asuntos, lo mismo que hicieron con Obama.