Tras la polémica, un relativo consenso
Tras fuertes debates, la Conferencia de El Cairo sobre Población y Desarrollo logró aprobar el Plan de Acción con un consenso bastante amplio. Pero el proyecto original encontró más oposición de la esperada, y la versión final incluye algunos cambios importantes en los puntos más discutidos. La Santa Sede se sumó al consenso de manera parcial, expresando sus reservas en una serie de puntos, como también hicieron una treintena de países. Destacamos las principales modificaciones.
Principios y aplicación. En el capítulo II («Principios») se ha introducido un párrafo nuevo donde se precisa que las recomendaciones del documento deben aplicarse «en conformidad con las leyes y las prioridades del desarrollo de cada nación, dentro del mayor respeto a los diferentes valores religiosos, éticos y culturales». Esta novedad fue incluida a propuesta de países musulmanes.
Mujer. En el capítulo IV («Igualdad de los sexos y promoción de la mujer») se ha añadido una cláusula para indicar que los esfuerzos en favor de la mujer «no deben vulnerar la integridad del núcleo familiar». Entre las delegaciones que apoyaron la iniciativa se encuentran las de distintas naciones islámicas y otras de mayoría católica.
Familia. En el capítulo V, dedicado a la familia, se aludía también a «otro tipo de uniones». Esta mención se ha eliminado, a propuesta de países musulmanes, para evitar que se entendiera como un reconocimiento de las parejas homosexuales.
Derechos reproductivos. El capítulo VII, sobre «Derechos reproductivos», los atribuía a «individuos y parejas». Más o menos las mismas delegaciones que en el caso anterior lograron que se suprimiera la palabra individuos, que podría sugerir un derecho a procrear por parte de personas singulares o fuera del matrimonio. De todas formas, en otros lugares del documento permanece la alusión a los individuos cuando se habla del acceso a los medios de planificación familiar. Algunas delegaciones islámicas advirtieron que, en tales casos, interpretan que el término individuo se refiere a las personas unidas en matrimonio. La Santa Sede hizo una salvedad parecida.
Salud reproductiva. En el mismo capítulo se ha sustituido «salud sexual» por «salud reproductiva», que sitúa la sexualidad en el contexto de la procreación.
Regulación de la fecundidad. Otro pasaje del capítulo VII hablaba, en la primera versión, del derecho a acceder a los «métodos de regulación de la fecundidad». A instancias de una delegación latinoamericana, la expresión se cambió por «métodos para regular la fecundidad que no sean contrarios a la ley». El motivo es que la expresión inglesa original («methods of fertility regulation»), a diferencia de la aprobada («methods for regulation of fertility»), coincide con una definición de la Organización Mundial de la Salud que incluye el aborto.
Aborto. El capítulo VIII («Salud y mortalidad») fue el más discutido, pues es el que contiene las referencias explícitas al aborto. Uno de los párrafos presentaba esta práctica como un importante problema sanitario cuando se realiza «en malas condiciones». Como señalaron la Santa Sede y otras delegaciones, la instancia a evitar el «aborto inseguro» implicaba recomendar que se facilite el aborto en condiciones de seguridad para la gestante.
Las delegaciones contrarias a apoyar el aborto obtuvieron algunas concesiones que suavizan el texto original. El principio de que «en ningún caso se debe promover el aborto como método de planificación familiar» (aprobado ya en la Conferencia de México en 1984) se trasladó al inicio del párrafo. Más adelante se decía: «En los casos en que el aborto es legal, las mujeres que deseen poner término al embarazo deben tener fácil acceso a una información fidedigna y un comprensivo asesoramiento, y los abortos deben realizarse en condiciones de seguridad»; el texto aprobado es más restrictivo: «En las circunstancias en que el aborto no está contra la ley, éste debe ser seguro».
Migraciones. El capítulo X («Migraciones internacionales») ocasionó un enfrentamiento entre los países en vías de desarrollo y los ricos. Aquéllos querían que se reconociese un derecho de los inmigrantes al reagrupamiento familiar. Al final, las naciones desarrolladas lograron que el documento sólo lo declare de «vital importancia» y recomiende a los gobiernos incluirlo en la legislación. Sin embargo, en el texto definitivo se ha introducido una alusión al artículo 10 de la Convención sobre los Derechos del Niño, donde se afirma que los niños tienen derecho a vivir con sus padres, lo que supone un cierto reconocimiento indirecto de un derecho al reagrupamiento familiar en algunos casos.
Adolescentes. El capítulo XI, sobre información y educación, hablaba de derechos sexuales de los adolescentes. Esto se ha suprimido, y se ha añadido además que corresponde primariamente a los padres «el derecho, el deber y la responsabilidad de orientar a los adolescentes respecto a la sexualidad y a la procreación».
El Plan de Acción, que abarca 113 páginas en dieciséis capítulos, no obliga a los gobiernos. Además, el texto aprobado es en muchos lugares genérico y ambiguo, por lo que se presta a interpretaciones diversas. Por ejemplo, contiene numerosas expresiones que dan pie a entender que se favorece toda clase de anticonceptivos, la esterilización y el aborto, aunque no se diga explícitamente. Así, el capítulo VII dice que todos los países deben facilitar el «acceso universal a toda la gama de métodos de planificación familiar seguros y fiables». Como el documento no define unívocamente la planificación familiar ni especifica qué métodos se consideran aceptables, en fórmulas como esa cabe todo.
Las reservas de la Santa Sede
Por esta razón, la Santa Sede no se ha adherido al Plan de Acción sin advertir que mantiene reservas de tipo general y otras específicas. Así lo precisó el representante vaticano, Mons. Renato Martino, al anunciar, en el último día de la Conferencia, que su delegación se sumaba al consenso de manera parcial. Esto, dijo, «no significa que la Santa Sede respalde el aborto ni que haya cambiado de manera alguna su postura moral respecto al aborto, los anticonceptivos, la esterilización, ni el uso de preservativos en programas de prevención del SIDA». Una nota adjunta a la declaración de Mons. Martino, en la que el Vaticano consigna sus reservas al documento, repite esta observación a propósito del abundante uso en el documento de términos como «contracepción», «planificación familiar», «derechos sexuales y reproductivos», y otros semejantes.
La misma nota señala que el documento «sigue estando marcado por una noción individualista de la sexualidad que no presta la atención debida al amor mutuo y a la toma de decisiones en común, propios de la relación conyugal». Lo que resulta especialmente patente, observa, en el empleo de la expresión «parejas e individuos» referida a la procreación.
Mons. Martino dijo también que el Plan de Acción, a diferencia de los documentos de Bucarest y México, «considera el aborto como un aspecto de la política demográfica y de la atención sanitaria primaria, aunque subraya que no se debe promover el aborto como medio de planificación familiar e insta a las naciones a encontrar alternativas al aborto».
Las reservas específicas del Vaticano se refieren sobre todo a los capítulos VII y VIII, cuyo texto reconoce que ha salido mejorado de las negociaciones, pero considera aún merecedor de graves objeciones. En concreto, además del tratamiento del aborto, las «referencias que podrían entenderse como una aprobación de la actividad sexual fuera del matrimonio, en especial entre adolescentes». Estas reservas no excluyen que la Santa Sede respalde el concepto de salud reproductiva, siempre que se entienda referido a «la persona entera, alma y cuerpo», y al «logro de la madurez personal en la sexualidad».
Aspectos positivos
Por otro lado, Mons. Martino destacó los aspectos positivos del Plan de Acción:
— El documento se pronuncia «contra toda forma de coacción en las políticas demográficas».
— «Reconoce la protección y apoyo que merece la unidad básica de la sociedad, la familia fundada en el matrimonio».
— Subraya la necesidad de avanzar en «la promoción de la mujer, por medio de la educación y de una mejor atención sanitaria».
— «El Preámbulo implica que el documento no afirma un nuevo derecho, internacionalmente reconocido, al aborto», pese a los defectos señalados en relación con este tema.
En suma, la Santa Sede aprueba, con las salvedades mencionadas, los capítulos II, IV, V, IX («Distribución de la población, urbanización y migraciones internas») y X, así como el capítulo III («Población, crecimiento económico y desarrollo sostenible»), aunque en este último «habría preferido un tratamiento más detallado del tema». No suscribe los capítulos VII, VIII y XI. En cuanto a los capítulos XII a XVI -los que proponen medidas concretas-, la Santa Sede no considera apropiado adherirse a ellos, en razón de su carácter peculiar como Estado. Mons. Martino no se pronunció sobre el capítulo VI («Crecimiento y estructura de la población»). El capítulo restante, el I, es el Preámbulo del documento.
Otros 31 Estados han expresado reservas a distintas partes del documento: diecisiete países islámicos, nueve latinoamericanos, otros dos de mayoría católica (Malta y Filipinas), dos africanos no musulmanes (Costa de Marfil y Zimbabue), y Australia. Aproximadamente coinciden con los que pidieron reformas en el texto, a veces en consonancia con la Santa Sede.
Paisaje después de la batalla
Cuando el pasado 18 de marzo Juan Pablo II manifestó su «grave preocupación» ante el borrador de documento de la Conferencia de El Cairo, era la primera voz importante que se elevaba contra el proyecto. Se le replicó que la suya era una actitud aislada, que iba contra el sentir moderno y que no conseguiría cambiar nada. El menú de El Cairo estaba ya cocinado por la burocracia del Fondo de la ONU para la Población, condimentado a gusto de poderosas organizaciones antinatalistas como International Planned Parenthood y jaleado por sus altavoces periodísticos. Y, lo que es más decisivo, si en la precedente Conferencia de México (1984) la Santa Sede había podido contar con el apoyo, al menos parcial, de la Administración Reagan, ahora Clinton respaldaba sin reservas el proyecto de documento.
Pero Juan Pablo II movilizó a la Iglesia católica para dar la batalla por la vida en este Año Internacional de la Familia. Y, aunque no haya conseguido todo lo que pretendía, no puede decirse que la Santa Sede salga malparada del desafío de El Cairo. Aglutinando también la resistencia de otros países, ha conseguido modificaciones importantes en puntos claves, ha evitado que se consagre internacionalmente una visión desfigurada de la familia y ha fomentado un enfoque más global de las políticas de población.
Lo más conflictivo ha sido el tratamiento del aborto. El planteamiento inicial suponía reconocer el derecho al aborto como componente esencial de la «salud reproductiva». Pero el forcejeo de la Santa Sede ha logrado que el texto ponga el acento más bien en la prevención del aborto, sin propugnar su legalización. Como en otros puntos, el consenso se ha logrado a costa de una dosis de ambigüedad, pero al menos se ha evitado que se reconozca a nivel internacional un derecho al aborto. La defensa del derecho a la vida ha sido también el motivo de las reservas al documento final expresadas por Malta y algunos países latinoamericanos (Argentina, Ecuador, Perú, Honduras, Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, República Dominicana).
En el documento la sexualidad se abordaba en términos de derechos individuales, desvinculada del matrimonio. Éste quedaba reducido a una más dentro de «la pluralidad de formas de familia». También en este punto la reacción de la Santa Sede ha evitado que se imponga como modelo universal un estilo de vida típico de algunos estratos secularizados de países occidentales. Su postura ha sido compartida no sólo por países católicos latinoamericanos, sino también por países musulmanes, que rechazan el reconocimiento del ejercicio de la sexualidad fuera del matrimonio. Así, una docena de países musulmanes aprobaron el documento con la reserva de aplicarlo conforme a su cultura y valores éticos. De este modo, la crítica de la Santa Sede ha favorecido un consenso más respetuoso con las distintas tradiciones culturales y religiosas.
Frente a un planteamiento de fondo dirigido sobre todo a frenar el crecimiento demográfico, la Santa Sede ha propugnado un enfoque más global de las políticas de población y una visión menos esquemática de la compleja evolución demográfica. En este punto, ha sintonizado con las preocupaciones muchos países pobres, quejosos de que a los países ricos les preocupe tanto el exceso de población en el Sur y tan poco la falta de desarrollo. Los países del Tercer Mundo han lamentado también que el bloque formado por EE.UU. y la Unión Europea impidiera el reconocimiento del derecho de los inmigrantes a la reunificación familiar. Y es que, así como el documento de El Cairo propugna que todos los hijos sean deseados, los países ricos tampoco quieren saber nada de inmigrantes no deseados.
Agotado el duelo dialéctico, queda el compromiso práctico de dedicar 17.000 millones de dólares de aquí al año 2000 para realizar el Plan de Acción. De esta cantidad, 10.200 millones se emplearían en programas de planificación familiar. En teoría, las dos terceras partes deberían salir de los propios países en desarrollo. Pero eso dependerá de su voluntad y de sus medios. Más probable es que EE. UU. y los organismos internacionales sigan utilizando la ayuda al desarrollo como medio de presión para exigir políticas de control de la natalidad.
Juan DomínguezLa Conferencia vista por los pobresJohn Stackhouse, enviado del diario canadiense The Globe and Mail, cuenta en una crónica publicada el 5 de septiembre cómo veía la Conferencia de El Cairo una viuda pobre que vive en la «Ciudad de los Muertos», en la capital egipcia. Esa «ciudad» es un antiguo cementerio habitado por miles de familias que, a falta de viviendas mejores, ocupan tumbas vacías.
Para Fawzaia Resfaay, sentada sobre una sucia acera de la Ciudad de los Muertos, todo resulta un poco difícil de creer. «Hemos oído hablar de esta gran conferencia en la radio -dice-. Hemos oído que toda esa gente ha venido para darnos dinero. ¿Es eso cierto?». (…) La Sra. Resfaay vende refrescos en la calle para pagar los tres dólares mensuales que le cuesta el alquiler de la tumba.
(…) Aunque se espera que la conferencia reporte a El Cairo 75 millones de dólares, la mayor parte del dinero irá a los grandes hoteles, que han subido sus precios un 50%, y a una pequeña camarilla de agencias de viajes. (…) En la Ciudad de los Muertos, la Sra. Resfaay pregunta qué supondrá la conferencia para ella y sus seis hijos. Desde que el gobierno egipcio, con fuerte apoyo extranjero, inició un agresivo programa de planificación familiar, la televisión emite constantemente anuncios contra las familias numerosas. Pero en cuanto a las atenciones sanitarias más básicas, los pobres de Egipto siguen estando con las manos vacías. La semana pasada, la Sra. Resfaay fue al hospital aquejada de dolores de cabeza. Un médico le prescribió medicinas por valor de ocho dólares y le pidió 50 centavos por la consulta. Ella pagó al médico pero decidió no comprar las medicinas.
Su mayor preocupación es la educación de Said, su hijo de 15 años. Él no ha podido entrar en una escuela secundaria pública porque no tenía las calificaciones mínimas. Y la venta callejera no alcanza para los 140 dólares que cuesta una escuela privada. «Un montón de grupos fundamentalistas le ofrecen dinero para unirse a ellos -dice mientras alza sus manos al cielo-. ¿Cómo se ganarán el pan mis hijos? ¿Tendré que mandarlos a la calle para que se busquen la vida?».
Cuando se le explica que el próximo mes de marzo la ONU celebrará en Copenhague una conferencia sobre el desarrollo social, la Sra. Resfaay no parece quedar satisfecha. Ella sólo tiene una vaga idea de la ONU y nunca ha oído hablar de Copenhague.