Lima.- ¿Cuál es la postura que los países de América Latina llevarán a la Conferencia sobre Población y Desarrollo de El Cairo? Un adelanto de lo que allí pasará pudo verse durante la reunión preparatoria que tuvo lugar en Nueva York, en el pasado mes de abril, donde fue patente el desacuerdo.
Por un lado, destacó la enérgica posición pro vida de las delegaciones de Argentina, Venezuela, Nicaragua y Honduras, que formaron un bloque unido con la Santa Sede. En el otro lado se situaron los países que aceptaron el borrador de documento final preparado para la Conferencia. Este bloque estuvo liderado por Brasil y Perú, que defendieron abiertamente la posición radicalmente antinatalista planteada por el Fondo de las Naciones Unidas para la Población.
La postura más desconcertante fue sin duda la peruana, que admitió la propuesta del aborto como método de control de la natalidad pese a que su Constitución defiende el derecho a la vida desde el momento de la concepción, y a que su Código Penal tipifica el aborto como delito. La explicación puede buscarse en cómo fue compuesta la delegación peruana. Estaba integrada por la presidenta del Consejo Nacional de Población, una dirigente de la organización antinatalista Apoyo a Programas de Población, la directora del movimiento feminista Manuela Ramos y un representante del Ministerio de la Presidencia.
A los pocos días de concluir la reunión de Nueva York, el diputado peruano Enrique Chirinos Soto denunció en el Congreso la actitud «anticonstitucional» adoptada por la delegación, y pidió su radical recomposición con vistas a la Conferencia de El Cairo. En la misma línea se ha manifestado la organización regional Alianza Latinoamericana para la Familia (ALAFA), que participó como observadora en la reunión de Nueva York.
Los representantes de ALAFA afirmaron que la postura de la delegación peruna no reflejaba el sentir del país, «sino que fue una postura de unos delegados presionados por el sistema que domina desde hace un tiempo la filosofía imperante en el Fondo de Población de las Naciones Unidas».
También es una incógnita la postura de la delegación chilena, nombrada por el nuevo gobierno. El presidente Eduardo Frei se ha declarado católico, pero el Ministerio de Sanidad sigue teniendo roces con la Iglesia en dos puntos importantes: la lucha contra el SIDA y los métodos de control de la natalidad.
Rossana Goñi