Continúan las trabas para la actividad de la Iglesia católica en Rusia. Con las expulsiones, el pasado 10 de septiembre, del sacerdote Jaroslaw Wisniewski y del religioso salesiano Edward Maszkiewicz, ya son cinco los ministros católicos que han tenido que abandonar o no han podido entrar en Rusia en los últimos seis meses.
Wisniewski, de origen polaco, fue retenido el lunes en el aeropuerto de Jabarovsk -en la costa siberiana del Océano Pacífico- y deportado al día siguiente a Japón, de donde procedía su avión. Según le comunicaron, su nombre figuraba en una lista de personas que tienen prohibida la entrada en el país; su visado estaba anulado. Por su parte, Maszkiewicz, también de origen polaco, fue retenido en la frontera de Bielorrusia cuando regresaba en coche desde Varsovia. Maszkiewicz, párroco de Rostov del Don -al sur de Moscú- viajaba con un visado válido hasta diciembre. Sin embargo, un comandante de la guardia de fronteras le comunicó que el templo había sido cerrado y que no tenía necesidad de regresar. Al parecer, el día anterior unos desconocidos habían disparado contra la parroquia. El religioso vivía desde hacía más de diez años en Rusia, y había logrado construir la iglesia en esa ciudad. Los policías cancelaron su visado.
Desde que la Santa Sede decidió elevar a diócesis las cuatro administraciones apostólicas que existían en territorio ruso (ver servicio 26/02), las relaciones entre el Vaticano y el Patriarcado ortodoxo de Moscú se han enfriado considerablemente. El Patriarcado ruso acusó a Roma de hacer proselitismo en regiones de tradición ortodoxa.
El arzobispo de Moscú, monseñor Tadeusz Kondrusiewicz, afirmó que estas expulsiones o denegaciones de visados de entrada forman parte de una gran campaña anticatólica que llevan a cabo el Patriarcado ortodoxo junto a otros medios, y que cuenta con el apoyo de las autoridades rusas. Por su parte, el nuncio apostólico en Moscú, el arzobispo Giorgio Zur, tras conocer las expulsiones se dirigió al Ministerio de Asuntos Exteriores para entregar una nota de protesta, expresando la falta de respeto al derecho a la libertad religiosa -con el que se ha comprometido Rusia en varios tratados internacionales-, recogida en la Constitución rusa. La respuesta que obtuvo de los funcionarios que le atendieron fue que no estaban al corriente de lo sucedido.
El portavoz de la Santa Sede, Joaquín Navarro-Valls, ha calificado el caso como «un hecho tan grave que alguno ya habla de auténtica persecución». También afirmó que más grave que las expulsiones es el hecho de que «la Santa Sede no haya recibido explicaciones oficiales sobre los motivos de estas expulsiones», por lo que aseguró que «la Santa Sede se movilizará a través de los canales diplomáticos para resolver el problema».