La nueva ley rusa de inmigración, recién entrada en vigor, endurece las multas para los empresarios que contraten ilegales, pero facilita la entrada a los trabajadores procedentes de las repúblicas ex soviéticas, aunque no todas. Los objetivos son contener y controlar el fuerte flujo de entradas, y reducir la competencia de los extranjeros en sectores sensibles del mercado laboral. Aunque, vista desde Occidente, Rusia no parezca un destino muy atractivo, es el país europeo que más inmigrantes recibe, si no yerran mucho las estimaciones de irregulares.
La reforma legal va, sobre todo, contra los muy numerosos inmigrantes que se dedican al pequeño comercio en los mercados callejeros. Se establece un cupo máximo del 40%, que irá disminuyendo durante este año; después, esta actividad quedará totalmente prohibida a los extranjeros.
Con medidas como esa solo se pretende ordenar la inmigración, según Vyachaslav Postavnin, subdirector del Servicio de Migraciones ruso («International Herald Tribune», 16-01-2007). Otros ven en la nueva ley una concesión a las demandas de los movimientos xenófobos, cuya presencia ha aumentado significativamente en Rusia.
Cada vez más rusos piensan que los inmigrantes les desplazan en el mercado de trabajo. A ello hay que añadir la nueva ola de nacionalismo. En los últimos meses, por ejemplo, se ha percibido un mayor apoyo popular al Movimiento contra la Inmigración Ilegal, un grupo nacionalista y xenófobo.
Las nuevas reglas han fijado una cuota de 6,3 millones de inmigrantes para este año. Casi todos los permisos (6 millones) serán para los procedentes de las repúblicas ex soviéticas -menos los países bálticos y Georgia-, que no necesitan visado para entrar en Rusia. Estos trabajadores, sobre todo de países caucásicos y de Asia Central, son los que constituyen la principal fuente de mano de obra barata y copan los puestos en la construcción y el pequeño comercio.
A la vez, la policía ha acentuado el control para detectar a los inmigrantes ilegales. Según el Servicio de Migraciones, en 2005 eran entre 10 y 12 millones, pero el año pasado se redujo el número a la mitad, mientras que más de un millón se registraron legalmente y unos 100.000 fueron expulsados.
Los empresarios que contraten a irregulares podrán ser sancionados con multas por el equivalente de 10.000-23.000 euros. También se les podrá imponer la suspensión de sus actividades por un periodo de tres meses.
Rusia, que lleva cerca de quince años de crecimiento natural negativo, necesita inmigrantes. Sin ellos, su descenso de población (4,3 millones de habitantes menos desde 1989) habría sido más del doble. Pero el presidente Putin advierte que la inmigración no bastará para poner fin a la crisis demográfica (ver Aceprensa 56/06) y, si se trata de traer personas del extranjero, prefiere repatriar rusos. Este año entra en su fase definitiva el programa dirigido a estimular el regreso de rusos que se quedaron en las repúblicas ex soviéticas y perdieron la ciudadanía.
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