Contrapunto
Las manifestaciones sindicales del 1 de mayo en España han estado marcadas por la reivindicación del empleo estable y de calidad. Es una reclamación con mucho respaldo popular. En España, uno de cada tres trabajadores (el 32,5%) tiene un contrato temporal, mientras que en el conjunto de la Unión Europea la tasa de temporalidad es de un 12,8%.
El auge del contrato temporal ha sido el efecto perverso de tener la indemnización por despido más alta de Europa en el caso de los contratos fijos. De modo que la sobreprotección de los trabajadores ya instalados ha dejado a la intemperie a otros menos afortunados, sobre todo entre los jóvenes.
Ciertamente, la creación de empleo exige también una cierta flexibilidad laboral, pues la empresa necesita haber frente a las fluctuaciones de la carga de trabajo con empleos temporales. Pero cada vez es más claro que muchas veces se abusa de las fórmulas de trabajo temporal, con los consiguientes efectos negativos para el trabajador y para la propia economía.
Un trabajador que nunca llega a alcanzar un empleo estable estará siempre inseguro ante su futuro profesional. No cabe esperar que se implique en la empresa como un trabajador fijo, que tiene una trayectoria profesional encarrilada. Ni es probable que la empresa invierta en su formación, ya que puede despedirlo en breve plazo. Y, en definitiva, la parte más débil -el trabajador- estará a merced del más fuerte, la empresa.
Es lógico que el Derecho laboral se preocupe de encontrar puntos de equilibrio entre la flexibilidad laboral y la estabilidad en el empleo. De ahí que, con vistas a la próxima reforma del mercado de trabajo, el gobierno pretenda hacer más atractiva la contratación indefinida y penalizar la temporal, elevando la cantidad que las empresas abonan a la Seguridad Social por el desempleo de sus trabajadores.
Lo sorprendente es que este mismo gobierno tan preocupado por la inestabilidad laboral consagre la inestabilidad matrimonial con el nuevo divorcio exprés y sin causa. Un «contrato» matrimonial -si es que puede llamarse así- rescindible de modo unilateral a los tres meses de la boda, sin causa que lo justifique ni periodo de reflexión, solo puede perjudicar la estabilidad matrimonial.
Dentro de ese marco legal, un matrimonio nace ya con un signo de inseguridad ante el futuro, que lo asemeja a la mera unión de hecho. Si la idea de matrimonio ha ido siempre unida a la de duración y compromiso, la de la nueva regulación legal parece dar por buena la de unión con fecha de caducidad.
En esas condiciones, no cabe esperar que, ante las inevitables crisis, los cónyuges se impliquen en sacar a flote el matrimonio con el mismo esfuerzo que quien asume un compromiso con vocación de permanencia. Y, aunque uno lo procure, estará a la merced de la otra parte, más fuerte o más irresponsable, que podrá imponer su voluntad.
En el ámbito laboral, un contrato de ese estilo -rescindible de modo unilateral, de inmediato y sin causa- se calificaría como el típico «trabajo basura». Lo curioso es que ahora va a ser más fácil rescindir el contrato matrimonial que el laboral. Pero un gobierno que cree que el matrimonio es tan maleable, solo puede acabar inventando el «matrimonio basura».
Ignacio Aréchaga