El Tribunal Supremo de Estados Unidos ha sentenciado, por 5 votos contra 4, que la Constitución del país reconoce el derecho de las parejas del mismo sexo a casarse y que las leyes estatales que lo prohíben son inconstitucionales. Los jueces de la mayoría apelan a la igualdad de todos ante la ley, mientras los disidentes acusan a sus colegas de activismo judicial.
“El derecho de las parejas del mismo sexo a casarse forma parte de la libertad que garantiza la 14 Enmienda, y deriva también de la garantía que contiene esa enmienda a favor de la igualdad de todos ante la ley”, dice el voto de la mayoría, suscrito por los magistrados progresistas Ruth Bader Ginsburg, Stephen G. Breyer, Sonia Sotomayor y Elena Kagan, y el “oscilante” Anthony Kennedy.
En contra han votado los considerados conservadores: John Roberts, Antonin Scalia, Clarence Thomas y Samuel Alito. Scalia no ha dudado en calificar la decisión de “amenaza para la democracia”, pues supone “una modificación constitucional por un comité de nueve miembros que no han sido elegidos por el pueblo”.
En la misma línea, Roberts, presidente del Tribunal, escribe en su voto particular: “La decisión de la mayoría es un acto de la voluntad, no un fallo jurídico. (…) Como resultado, el Tribunal invalida las leyes sobre el matrimonio de más de la mitad de los estados y ordena la transformación de una institución social que ha sido la base de la sociedad humana durante milenios, desde los bosquimanos del Kalahari y los chinos de la etnia han, los cartaginenses y los aztecas. ¿Quiénes creemos que somos?”.
Un nuevo Roe v. Wade
La forma en que el Tribunal Supremo de Estados Unidos ha intentado zanjar la cuestión del matrimonio gay guarda un paralelismo con la histórica sentencia Roe v. Wade de 1973, que impuso la legalización del aborto libre en todo el país.
Antes de Roe, los estados eran competentes para decidir cómo regulaban el aborto en el ámbito de su territorio. A principios de los años 70, solo cuatro estados permitían el aborto a petición. Otros catorce habían autorizado el aborto en algunos supuestos. Y la mayor parte lo prohibía para todos los casos salvo en el supuesto del peligro para la vida o la salud de la madre.
En 1973, los magistrados del Supremo dieron un vuelco a esta situación y decidieron, de pronto, que las leyes que prohíben el aborto a petición vulnerabanl derecho constitucional a la privacidad. La sentencia dijo también que los estados podrían adoptar regulaciones que garanticen la salud de la madre o que protejan la vida del no nacido a partir del primer trimestre del embarazo.
Aunque la autonomía de los estados para legislar en este terreno quedó muy mermada, el Supremo no logró zanjar la cuestión. Gracias al empuje del movimiento provida, el debate ha seguido vivo en la opinión pública y los estados han ido poniendo limitaciones al aborto: solo en los últimos cuatro años se han aprobado 231 nuevas disposiciones restrictivas (cfr. Aceprensa, 21-01-2015).
Un problema creado por el Supremo
También en el caso del matrimonio gay el Supremo ha descubierto un nuevo derecho constitucional. Y también de repente ha quitado a los estados la competencia para legislar sobre esta cuestión, decidiéndose por la opción que evitó en 2013.
Entonces el Supremo solo se atrevió a pronunciarse sobre la definición del matrimonio a efectos de las leyes federales. Pero respetó la autoridad de los estados para decidir esa definición en sus territorios (cfr. Aceprensa, 27-06-2013).
El problema es que la ambigüedad de sus argumentos ha permitido a varios jueces federales imponer el matrimonio gay en 30 estados donde estaba prohibido, 25 de ellos por enmienda constitucional aprobada en votación popular y el resto por ley estatal (cfr. Aceprensa, 6-04-2015).
A su vez, las sentencias de algunos de estos tribunales federales fueron recurridas. Y durante estos dos años de caos judicial, el propio Supremo ha tenido que intervenir para mantener las prohibiciones invalidadas, como ocurrió con las de Virginia y Utah.
Cambiar la institución
Al igual que en el caso de Roe v. Wade, en este ha vuelto a perder el pluralismo. Así lo advirtió el juez Roberts en la vista oral del pasado abril cuando le dijo al abogado que representaba a las parejas del mismo sexo: “No estáis buscando uniros a una institución. Estás buscando cambiar la institución”.
Y añadió: “Si ganáis aquí, no habrá más debate. Y cerrar el debate puede cerrar las mentes. Esto tendrá consecuencias en la manera de ver a esta nueva institución. La gente ve las cosas de forma muy diferente cuando, teniendo la opción de votar, se les acaba imponiendo por la vía judicial”.
La opinión de Roberts no es muy diferente de la que defendía hace unos años William Eskridge, partidario del matrimonio homosexual, quien acusaba a Roe v. Wade de haber alimentado la “desconfianza” hacia las instituciones por “declarar vencedora a una parte en uno de los debates legales más difíciles y controvertidos de la historia de EE.UU”.