Los últimos cambios de dos jueces en el Tribunal Supremo (John Roberts y Samuel Alito) han dado alas al movimiento pro vida en Estados Unidos, que ve una oportunidad para impulsar su causa. En 2005, algunos estados aprobaron medidas legislativas en contra del aborto (ver Aceprensa 106/05); el último en incorporarse a esta tendencia ha sido Dakota del Sur, donde el Senado aprobó el pasado 1 de marzo una ley que prohíbe el aborto en todo caso, a no ser que sea necesario para salvar a la madre.
Planned Parenthood, el influyente grupo de presión que dirige la única clínica abortista en Dakota del Sur, ha anunciado que recurrirá la ley ante el Tribunal Supremo. La ley -que cuenta ya con la firma del gobernador del estado- no tiene posibilidad de sobrevivir a un recurso de inconstitucionalidad, a menos que el Supremo revoque la sentencia «Roe vs. Wade» de 1973. Lo que pretende el Parlamento de Dakota del Sur es precisamente forzar al Supremo a pronunciarse sobre el asunto.
Otros nueve estados han empezado a debatir proyectos de ley similares al de Dakota del Sur. Algunos proyectos -como el de Missouri- recogen las mismas restricciones que el de Dakota del Sur. Otros estados han optado por introducir alguna excepción más. En Mississippi, por ejemplo, la Cámara Baja ha dado luz verde a un proyecto de ley que penaliza el aborto, salvo en los casos de violación, incesto y riesgo para la salud de la madre. El proyecto está ahora pendiente de aprobación en el Senado.
En el bando opuesto, seis estados -con California a la cabeza- están estudiando cómo blindar el «derecho» al aborto, aun en el caso de que la sentencia «Roe vs. Wade» fuera revocada por el Supremo.
Algunos pro vida han expresado sus dudas sobre la oportunidad de plantear una reforma tan ambiciosa como la de Dakota del Sur en estos momentos. Otros piensan que los cambios en la composición del Supremo no deben frenar el debate en los estados. En este sentido, Tony Perkins -presidente del Family Research Council- vaticina que «ahora vamos a asistir a un enfrentamiento entre [las asambleas legislativas de] los Estados y los tribunales». Esta es, al menos, la estrategia que va a emprender su grupo, ya que están convencidos de que «es una cuestión que debería decidir cada estado».
Restricciones, ¿para qué?
Desde que el Tribunal Supremo permitió en 1992 introducir restricciones al aborto en las legislaciones de los estados, los expertos se preguntan si esta estrategia es realmente eficaz. Según un estudio realizado por investigadores del Baruch College (Universidad de Nueva York), en Texas la entrada en vigor de una ley que exige a las menores notificar a sus padres la decisión de abortar ha producido una caída del índice de abortos. El estudio, recientemente publicado en el «New England Journal of Medicine» (8-03-2006), muestra que la tasa de abortos practicados entre las chicas de 17 años ha pasado -desde 2000, año en que entró en vigor la ley- de 18,7 abortos por cada 1.000 chicas a 14,5; entre las chicas de 16 años, la cifra de abortos ha caído de 12,1 a 9; y, entre las de 15, de 6,5 a 5,4.
Para algunos analistas, el estudio no es concluyente. El «New York Times» (6-03-2006) dio a conocer los resultados de una investigación realizada por sus propios corresponsales en seis estados que aprobaron restricciones al aborto entre 1995 y 2004; aunque en casi todos ellos descendió el índice de abortos, los corresponsales aseguran que «no hay pruebas de que las leyes hayan tenido un impacto significativo».
En lo que sí coinciden los analistas es que el aborto se va a convertir en un debate decisivo durante los próximos meses, y que servirá además para tomar el pulso a los nuevos jueces del Supremo.
De hecho, el pasado 27 de febrero la Corte acordó resolver un recurso contra una ley federal de 2003 que prohibió el aborto por «dilatación y extracción», también llamado por «decapitación» o «partial birth» (ver Aceprensa 149/03). La ley -que fue recurrida por algunos de los grupos abortistas más influyentes del país- se encuentra suspendida cautelarmente.
Al día siguiente, el 28 de febrero, el Tribunal Supremo anuló definitivamente el entredicho contra las «operaciones rescate» ante las clínicas abortistas, concentraciones pacíficas con las que también se pretende disuadir de abortar a las mujeres que acuden con ese fin.
La Organización Nacional de Mujeres (NOW) y dos clínicas abortistas se habían querellado contra los grupos pro vida invocando las leyes federales contra el crimen organizado y la extorsión.
Tras un largo proceso judicial, el Supremo ha afirmado que las manifestaciones ante las clínicas no caen bajo las leyes invocadas; la intimidación o violencia en que puedan incurrir los grupos pro vida es punible en virtud de una ley específica de 1994.
Juan Meseguer Velasco